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Jueces del Supremo encaran complejidad del caso Centro de Periodismo Investigativo contra la Junta

El licenciado Carlos Ramos Hernández, parte del equipo legal del CPI, conversó con Microjuris sobre el tema.

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Por Daniel Rivera Vargas

La vista oral del Tribunal Supremo de Estados Unidos en el caso del Centro de Periodismo Investigativo (CPI) contra la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) evidenció lo divididos que están los jueces en torno al caso.

«Creo que la mayoría de los jueces no sabían cuán complejo era», dijo el licenciado Carlos Ramos Hernández, parte del equipo legal del CPI que trabajó en los escritos al Supremo y tuvo oportunidad de estar sentado en la mesa de los abogados del caso durante la vista oral.

El Tribunal Supremo de Estados Unidos atendía el caso ante el cuestionamiento de si el Tribunal de Apelaciones para el Primer Circuito, en Boston, resolvió correctamente que con la Ley de Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (PROMESA, por sus siglas en inglés) el Congreso le quitó a la JSF su inmunidad en pleitos judiciales. El caso surge porque la junta se niega a entregar miles de documentos solicitados por el CPI, a pesar de que la organización de periodistas ha prevalecido tanto en el Tribunal de Apelaciones como en el Tribunal de Estados Unidos para el distrito de Puerto Rico.

La vista transcurrió el miércoles por cerca de una hora, donde la abogada que argumento por el CPI pudo con «un trabajo excelente» responder a los cuestionamientos en la vista, pero donde se vio que los jueces tenían diversidad de opiniones sobre qué hacer con la controversia, dijo el abogado entrevistado por Microjuris.

«Creo que fue una vista muy técnica», dijo Ramos Hernández.

Por un lado, a jueces como Ketanji Brown Jackson y Sonia Sotomayor insistían en la autonomía al gobierno de Puerto Rico, incluso con expresiones como la de la jueza Sotomayor diciendo que no se debía tratar la isla como un municipio, mientras que el resto de los jueces parecían más enfocados en el tema de la fuente de la soberanía, sostuvo el letrado, quien es un Equal Justice Works Fellow de la clase de 2021 y exdirector de la revista jurídica de la Universidad de Puerto Rico (UPR).

Ramos Hernández precisó que el CPI nunca ha refutado la existencia de esa inmunidad pero bajo doctrinas del derecho común (Common Law) y no desde la perspectiva de la JSF. «Lo que nosotros decimos es que no le aplica la enmienda 11, pero si hay un grado de inmunidad que en casos viejos se le reconoce… y lo que decía la junta era enmienda 11, enmienda 11, enmienda 11», sostuvo.

«Pero, más que eso, el sentimiento que se vio fue de que (los jueces) estaban casi arrepentidos de coger el caso, buscando una manera de salir de eso, se hicieron muchas preguntas sobre devolver el caso (a tribunales inferiores) ‘que pasa si devolvemos el caso’. Nos estuvo curioso… era una manera de decir, esto es mucho más complejo de lo que pensamos», sostuvo. «La impresión general es que ellos no saben qué hacer con este caso. Había demasiadas líneas de preguntas en distintos niveles», dijo.

Al menos los jueces Amy Coney Barret y Brett Kavanaugh plantearon el devolver el caso directamente, pero Ramos Hernández entiende que también hubo expresiones a esos efectos del juez presidente John Roberts.

 Cuestionado si representaría un triunfo para la JSF que el Supremo federal devuelva el caso a las cortes inferiores, el letrado dijo que: «Es un sí y un no».

«Lo miro de esta manera: depende del fundamento que lo devuelva. Si lo devuelven implica que lo que ganamos lo perdimos, es un triunfo para la junta que siguen ganando más tiempo pero, por otro lado, el caso se mantiene el caso vivo. Lo que hay es que seguir argumentando», sostuvo.

Agregó que «no tengo idea de cómo se va a decidir», pero dijo que la vista oral representó como el CPI está dispuesto a llegar a las últimas consecuencias, a pesar de que el JSF, en su opinión, «ha subestimado al CPI a lo largo de este caso».

Ramos Hernández recordó también que parte del argumento del CPI es que, en todo caso, en el tema de acceso a la información el gobierno de Puerto Rico ha renunciado a esa inmunidad.