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El gobernador Pedro Pierluisi convirtió en ley el Proyecto del Senado 865 que enmienda la Ley Núm. 54 del 15 de agosto de 1989, conocida como la Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica para reconocer la violencia económica como una forma de violencia doméstica.
La ley define a la violencia económica como aquella conducta ejercida con el fin de menoscabar la capacidad financiera presente o futura, la estabilidad económica o la seguridad habitacional y de vivienda a través de amenazas, coerción, fraude, restricción o privación de acceso o uso de cuentas, activos, información financiera, tarjetas de identificación o crédito, dinero o asistencias gubernamentales.
También se incluye ocultar información relacionada al pago de renta o hipotecas, o de desalojos forzosos. ejercicio de influencia indebida en las decisiones o comportamiento o las decisiones financieras y económicas de una persona, así como interferencia en la relación o desempeño laboral de una persona o en su negocio propio.
Incluye también el usar indebidamente los recursos económicos de la persona para beneficio propio, y el impedir el acceso a cursos formales de estudios para perjudicar el desempeño académico de la víctima.
La medida destaca la urgente necesidad de abordar la violencia de género y reconocer la violencia económica como una forma de violencia doméstica en Puerto Rico.
Se menciona que desde el 2013 hasta el 2021 se han registrado más de 130 feminicidios íntimos en el país, y otras 57 muertes sospechosas están bajo investigación.
Ante esta crisis, se han implementado diversas respuestas por parte del Estado, incluyendo la declaración de un Estado de Emergencia.
Se señala que el abuso económico ha sido identificado como una forma de abuso y maltrato en las relaciones de pareja, y se describen diferentes manifestaciones de la violencia económica, como el control de recursos financieros, la amenaza de desalojo o el corte de servicios esenciales.
El proyecto de ley se fundamenta en el reconocimiento de que la violencia económica es una forma de violencia doméstica que afecta negativamente a las mujeres y sus familias.
Se hace referencia a estudios y análisis académicos que resaltan la importancia de abordar el abuso económico como estrategia para perpetuar la violencia de género.
Además, se menciona el ejemplo de la Ley federal contra la violencia contra las mujeres (VAWA), aprobada por el Congreso de los Estados Unidos en marzo de 2022, que reconoce y sanciona la violencia económica como forma de discriminación en el contexto de la violencia doméstica.
La Policía de Puerto Rico, así como el Departamento de Justicia deberán recopilar estadísticas que tipifiquen y segreguen las estadísticas sobre el delito de violencia económica tipificado en la Ley Núm. 54 de 15 de agosto de 1989, según enmendada, para así determinar e identificar cuáles son los factores y mecanismos económicos más utilizados contra las víctimas de violencia de género.
Así también deberán recopilar información sobre el estatus laboral de las víctimas y educación formal.
La información obtenida deberá ser notificada al Instituto de Estadísticas de Puerto Rico para que estos puedan desarrollar variables de medición sobre la violencia económica que permitan medir, evaluar y realizar investigaciones exhaustivas sobre el tema.
