El informe anual de la Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico (en adelante, Junta de Supervisión Fiscal) incluye recriminaciones al gobierno, reconocimiento de metas no logradas, preocupaciones con el manejo de fondos, y hasta una reflexión que parece indicar que el ente no desaparecerá en un futuro cercano.
El nuevo director de la Junta de Supervisión Fiscal, Robert F. Mujica Jr. indicó en el informe que es necesaria la disciplina fiscal en el gobierno, advirtió que se aprobaron numerosos gastos sin identificar fuentes de financiamiento y que a pesar de meses de trabajo entre el ente y el gobierno la Asamblea Legislativa no sometió un presupuesto para el actual año fiscal.
Mujica enumeró entre las áreas donde aún hace falta trabajo el sistema energético del país, la Universidad de Puerto Rico, el sistema público de enseñanza, una reforma contributiva para la que trabajará con el gobierno para que sea «holística».
Este es el primer informe anual que incluye un análisis de los fondos que están llegando a Puerto Rico, tanto en virtud de la ayuda post pandemia como del dinero de la reconstrucción asociado al huracán María, fondos que «han fortalecido la economía en años recientes», aunque reconocen que es una inyección sin precedente de fondos federales no recurrentes.
«La Junta está preocupada que esos fondos oculten la debilidad persistente de un crecimiento económico a largo plazo», dijo Mujica.
Se trata de miles de millones de dólares cuyo manejo, según se explica en la subsección llamada «desafios en el manejo de fondos federales» le genera interrogantes a la Junta de Supervisión Fiscal, según se desprende del informe.
«Entre los fondos que se están monitoreando se encuentran los $2,500 millones de Fondos de Recuperación Fiscal Estatal por Coronavirus de Puerto Rico. Casi el 45 por ciento, o $1,100 millones de esos fondos no se han gastado al 30 de junio de 2023», reza el informe.
También han habido deficiencias recientes en el manejo de fondos federales en el Departamento de Educación, donde la Junta de Supervisión Fiscal indica que se perdieron $23 millones solo para el mes de septiembre de 2022, así como pobre desembolso en las ayudas de recuperación por los huracanes porque -aunque la mayoría del retraso no ha sido por culpa del gobierno de Puerto Rico- solo se ha desembolsado el 24% de la asistencia pública de FEMA, o sea que de 32,000 millones, solo se ha desembolsado 7,600 millones.
«La Junta está preocupada porque el desembolso de sumas tan grandes de dinero federal en la manera, magnitud y tiempo requerido por los planes fiscales certificados ha demostrado ser retante», sostuvo.
Una de las metas inconclusas es que no se ha completado la reestructuración de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y lo achacan a la negligencia de no financiar el plan de pensiones por años.
Se argumenta que el plan negociado en el 2017 solo fue entre acreedores y la corporación pública, sin la intervención del ente, pero cuando fue evaluado por la Junta de Supervisión Fiscal se determinó que “no era en el mejor interés de Puerto Rico” por el costo que implicaba.
El presidente de la Junta de Supervisión Fiscal, el profesor David Skeel, explica que hace dos meses se aprobó un Plan Fiscal para la AEE y que se encuentran en el diseño de un plan de ajuste de la deuda, que incluye costos futuros de la corporación pública. También menciona la eventual alza en la tarifa energética asociada a esta negociación
«Hemos sido acusados de sobrecargar al pueblo de Puerto Rico con un propuesto aumento en las tarifas de energía que todo el mundo sabe es inevitable porque hay la necesidad de pagar al menos una parte del legado de deuda de la AEE y estabilizar el plan de pensiones que se encuentra sin fondos», indicó Skeel.
En el tema energético, la Junta de Supervisión Fiscal recuerda que se han aprobado proyectos para generar energía solar y reitera su aprobación al proceso que ha colocado a la empresa LUMA en las riendas de »una de las más complejas utilidades de Norte América», pero resalta de que es un proceso ajeno al partidismo.
«La Junta de Supervisión Fiscal continúa creyendo que un sistema de energía operado independientemente, libre de interferencia política, provee la mejor oportunidad para los puertorriqueños transformar el fallido legado de la AEE», expresa la JSF
Asimismo, en el documento de 210 páginas también se enumeran gestiones que consideran logros, como la implantación de la reforma del servicio público, que ha incluido alzas salariales a algunos empleados públicos.
En términos generales, Skeel se expresa complacido con los logros que reclaman de los anteriores 12 meses.
«El año fiscal 2023 fue de muchas maneras un gran éxito – un momento de cambio para Puerto Rico cuando nosotros, la Junta de Supervisión Fiscal, junto al gobierno, cambiamos nuestro foco de la deuda de Puerto Rico al futuro económico de Puerto Rico», mencionó Skeel.
Y recordó que la Junta de Supervisión Fiscal no se supone que esté para siempre. «Nuestro mandato es claro: ayudar a Puerto Rico a lograr responsabilidad fiscal y recuperar acceso a los mercados de capital. Entonces nos vamos».
Sin embargo, como parte del informe anual hay un análisis precisamente sobre la terminación de la Junta de Supervisión Fiscal, y expresa como esto requiere el cumplimiento de ciertas metas por parte del gobierno que no parecen estarse logrando.
«Va a tomar tiempo. Luego de salir de la quiebra, a la ciudad de Detroit le tomó cuatro años más emitir bonos con una promesa de repago, y mucho más tiempo antes que sus niveles de crédito subieran por encima del grado de inversión», indicó el informe anual.