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El Senado de Puerto Rico tiene ante su consideración un proyecto de ley bipartita que busca crear la Ley del Observatorio de Trata Humana del Departamento de Justicia, el cual estaría a cargo de desarrollar un plan estratégico para combatir la trata humana en Puerto Rico.
El Proyecto del Senado 1237 propone una nueva política pública sobre esta problemática y establece la estructura operacional del observatorio. Se afirma que la falta de obtención de información sobre la trata humana en Puerto Rico, así como de la carencia de estadísticas oficiales recopiladas de una manera organizada y coherente por las agencias gubernamentales, se traduce en una falta de política pública multiagencial que coloca al gobierno en desventaja para emprender la lucha contra la trata humana.
Según informe rendido por la Comisión de Derechos Civiles de Puerto Rico titulado Trata Humana: El segundo crimen más lucrativo del mundo, el Departamento de Estado federal reporta que, anualmente, de 600,000 a 800,000 personas son traficadas en las fronteras internacionales para fines de trata y explotación. Solo en los Estados Unidos, se estima que entre 14,500 a 17,500 víctimas de trata son traficadas hacia los Estados Unidos. Dentro de las fronteras de Estados Unidos, se estima que unos 200,000 menores de edad son víctimas de este delito.
El proyecto de ley establece el andamiaje gubernamental necesario para la recopilación de información que permita conocer con mayor exactitud, la realidad particular de Puerto Rico en torno al crimen de la trata humana de manera tal que esta información ayude a articular una política pública ejecutable y efectiva para atender este problema.
Según el proyecto de ley, el Observatorio de Trata Humana sería responsable de recopilar las estadísticas e información generada por diversos componentes de seguridad. Además, deberá fomentar la toma de decisiones de manera informada permitiendo el diseño de políticas públicas basadas en evidencia sobre la condición real de los factores de riesgo que facilitan estos crímenes en el país.
A su vez, se crea también el cargo de Director del Observatorio de Trata Humana en Puerto Rico y se le confieren los poderes necesarios para coordinar con distintas agencias y departamentos gubernamentales la implantación de la política pública sobre este asunto, teniendo como principal propósito la coordinación e integración de servicios interagenciales y privados relacionados a este tema. También deberá coordinar el desarrollo de un Plan Estratégico que será sometido a la Asamblea Legislativa para ser evaluado e integrado a la política pública del país para la educación, prevención, detección y erradicación de la trata humana en Puerto Rico.
La medida cuenta con la autoría de la senadora de Proyecto Dignidad, Joanne Rodríguez Veve, de las senadoras por el Partido Popular Democrático (PPD), Marially González Huertas, Ada García Montes, de los senadores también del PPD Ramón Ruiz Nieves, Rubén Soto Rivera y el propio presidente del cuerpo legislativo, José L. Dalmau Santiago, así como del senador independiente, José A. Vargas Vidot.
El proyecto de ley fue evaluado en vistas públicas por la Comisión de Asuntos de Vida y Familia del Senado los días 29 y 31 de agosto, y tiene tentativa una nueva vista para el día 6 de septiembre de 2023.
