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Aunque puedan considerarse controversiales las declaraciones de un juez negándose a contratar a personas que expresen simpatías con Hamas, el grupo que encabeza la reciente ofensiva contra Israel, una abogada con una práctica enfocada en el derecho laboral explicó a Microjuris cómo se trata de una «expresión política protegida».
El juez federal en controversia es Matthew Solomon, de la corte federal de reclamaciones. El magistrado adelantó en su cuenta de LinkedIn que no contrataría personal con «creencias similares a la del Ku Klux Klan» y luego aclaró que se refería a Hamas, quien atacó sorpresivamente a Israel causando sobre un millar de muertos y desatando una contraofensiva israelita que ha generado sobre 5,000 muertes de civiles palestinos.
«Si no puedes ver la diferencia entre una organización que emite cartas de apoyo a los nazis de Hamas y las posiciones u opiniones políticas (incluso controvertidas) de los partidos, no sé qué decir», dijo Solomon en medio del intercambio, donde también colocó historias en las que se alega que Hamas decapitó niños.
Entrevistada por Microjuris, la abogada Natalia Alexa Colón, cuya práctica se enfoca en el derecho laboral patronal, dijo que el juez federal pudiera estar constitucionalmente protegido en sus expresiones.
La abogada sostuvo que hay que entender que las expresiones del juez se dan en el contexto del caso Holder v. Humanitarian Law de 2010, que reconoce límites a la expresión política, en particular cuando trascienden la mera expresión y se convierten en lo que una ley federal llama «apoyo material» a organizaciones como las terroristas.
«Lo que dice es que este grupo, para mí, no tiene ningún tipo de protección. Lo cataloga como un grupo extremista y terrorista, no está muy lejos de la realidad porque hay muchos países que ya consideran a Hamas un grupo terrorista y lo que persigue es hacer la aclaración que, en su rol discrecional como oficial judicial federal, no va a permitir como law-clerks (oficiales jurídicos) a personas que [apoyan] grupos terroristas como Hamas», explicó la abogada.
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En concreto, el juez Solomon alude a estudiantes que firmaron unas cartas a favor de Hamas, dando a entender que esto es una manera de “apoyo material”, por lo que sus acciones estarían protegidas al amparo del caso de 2010.
“La mera expresión sigue teniendo protección bajo la primera enmienda”, dijo la licenciada Colón, aunque recordó que hay excepciones.
En el caso de 2010, el grupo Humanitarian Law Project se oponía a la ley bajo el argumento de que deseaba apoyar a una organización en Turquía considerada terrorista, pero su intención era darle al grupo herramientas para que cambiara su estrategia de una armada a una diplomática.
La letrada reconoció que las declaraciones del juez ciertamente son expresiones atípicas para un miembro de la judicatura, cuerpo que está regido por cánones de ética judicial, y que usualmente no se desahogan en redes sociales, pero «esto te da la impresión del estado mental de ese juez».
Agregó que el juez evidencia haberse preparado antes de emitir sus expresiones, incluyendo consultar con otros colegas suyos de la judicatura.
La abogada explicó que el juez no ha sido el único en el que una persona enfrenta consecuencias por expresar apoyo a la pugna entablada entre Hamas e Israel. Varios bufetes de abogados han retirado ofertas de trabajo a estudiantes por estos haber firmado cartas en apoyo a la causa palestina.
Agregó que esta controversia podría generar litigación en el futuro.
La licenciada Colón recordó que el Título VII, que prohíbe el discrimen a nivel federal, no incluye el discrimen por razones políticas. Un caso se puede llevar por razones políticas, argumentando violación a la libertad de expresión, pero este derecho no opera a nivel federal ex propio vigore, por lo que depende entonces que haya una ley estatal que prohíba el discrimen por razones políticas.
En Puerto Rico existe una ley de esta naturaleza: la ley 100, dijo Colón.
La letrada recordó que en Puerto Rico han habido serios casos de discrimen político. Recordó la práctica conocida como las carpetas, donde ilegalmente se perseguía y discriminaba contra ciudadanos por su ideal político.
«Eso es ilegal», sostuvo Colón.
En la toma de decisiones respecto a contrataciones o despidos, dijo Colón, exhortó a que los patronos tengan claridad al momento de actuar y que esto sea en beneficio de la empresa.
«En términos macros, siempre mi recomendación es que uno como persona está en posición de decision-maker, de tomar decisiones, con la facultad de contratar, de despedir. Las expresiones propias deben ser absolutamente claras en término de lo que uno tiene que validar, de lo que uno quiere en una empresa, siempre basado en el criterio de si es legítimamente razonable este criterio: de qué es bueno para la empresa, no meramente en mi deseo».
