Nota de la editora: ¿quieres estar al día con lo que sucede en los tribunales de Puerto Rico? Te invitamos a registrarte en nuestro boletín.
Los derechos de los veteranos, en especial a la luz de una ley aprobada en respuesta a los ataques terroristas del 11 de septiembre, se debatieron esta semana ante el Tribunal Supremo de los Estados Unidos.
El 11 de septiembre de 2001 un grupo de terroristas secuestraron cuatro aviones comerciales y estrellaron dos de ellos contra las torres gemelas del World Trade Center en la Ciudad de Nueva York. Otro lo estrellaron contra el Pentágono en Washington, D.C. y un cuarto avión se estrelló en Pennsylvania.
El caso Rudisill v. McDonough se trata de una disputa sobre la interpretación de la ley Montgomery y una ley firmada luego de este evento, que provee beneficios educativos a veteranos, según se discutió en la vista, donde se alega que 1.7 millones de veteranos se podrían afectar con esta controversia.
El Montgomery GI Bill (MGIB) es un programa de beneficios educativos para veteranos militares de los Estados Unidos. Este programa fue establecido para ayudar a los veteranos a financiar su educación después de completar su servicio militar activo.
En este caso un veterano James Rudisill solicita al Supremo que resuelva si un veterano como él cualifica para recibir hasta 48 meses de beneficios educativos sin necesidad de renunciar o extinguir los beneficios de un programa, como el Montgomery, por encima de otro, como el Post-9/11 GI Bill, que ofrece beneficios educativos más generosos y flexibles en comparación con el MGIB.
Por lo general, los veteranos y veteranas a menudo deben tomar decisiones sobre cuál programa utilizar, ya que no pueden participar en ambos simultáneamente.
En específico, la interpretación de Rudisill es que él debería calificar para 22 meses de beneficios para continuar estudios -de divinidad en la Universidad de Yale-, pero la administración de Veteranos solo le acepta diez meses porque «no agotó» los beneficios Montgomery cuando solicitó bajo la ley post 9/11, esto según surge del certiorari del caso presentado en marzo pasado.
«Los Estados Unidos tienen una orgullosa historia desde la Segunda Guerra Mundial de ofrecer asistencia educativa a millones de veteranos», reza el certiorari, citando una parte de una de las leyes federales para veteranos.
La posición de Rudisill fue representada ante el alto foro judicial por Misha Tseytlin. «No hay una penalidad por negarse a elegir (entre el estatuto 9/11 y el Montgomery)», sostuvo el letrado.
La jueza Amy Coney Barret quiso aclarar si el punto del demandante es que estatutos separados de beneficios deberían proveer beneficios separados. «¿No es la forma en que históricamente se ha interpretado?», preguntó.
«Absolutamente, vuestro honor. No se ha hecho antes de otra forma, ¿y por que lo harían?», respondió Tseytlin.
La forma en que están redactados los estatutos fue parte del debate. «La ley dice que no se pueden usar los dos estatutos a la vez», planteó, por ejemplo, el juez Brett Kavannaugh.
Asimismo, a preguntas de la jueza Ketanji Brown-Jackson, el asunto se comparó con un juego de pelota, donde una persona puede usar primero la gorra del equipo rojo, pero luego puede cambiarse a la gorra del equipo azul. Jackson más adelante describió como «arbitrario» el mecanismo usado por el gobierno en relación a estos beneficios de veteranos.
Mientras, la administración Biden fue defendida por Vivek Suri, procuradora general adjunta del Departamento de Justicia de Estados Unidos.
«Creo que lo crucial es si el sr. Rudisill debe hacer una elección… si una persona está cubierta por más de un estatuto debe hacer una elección, y eso es claro en el texto de la ley», afirmó Suri. «Puedes elegir beneficios post 9-11 o elegir Montgomery», afirmó.
«¿Dónde ubicas el requisito de agotamiento?», preguntó el juez Clarence Thomas. «Aplica a la persona que solo tiene para escoger un programa», respondió Suri.
Una vez más, los detalles de redacción del texto fueron importantes, cuando el juez Neil Gorsuch enfatizó en sus preguntas que en una frase del estatuto «tenemos un «shall» (debes), no un «may» (puedes)».
«Puedes implica que tienes muchas opciones», respondió Suri. «No implica que no tienes que elegir para nada?», dijo Gorsuch. «No», sostuvo Suri.
Este momento generó en algunos jueces algo de animosidad. «La forma más correcta de interpretar «puedes» es como «puedes»» dijo poco después el juez presidente John Roberts.
Más adelante, Roberts pareció no aceptar que el veterano perdiera beneficios por esta elección. «Es un «rough deal» (trato complicado)», le dijo el juez presidente.
Asimismo, las juezas Sonia Sotomayor y Elena Kagan, en palabras de la jueza de ascendencia boricua, veían la posición del gobierno como una interpretación «irracional» en este caso.
«¿Por qué se le pone esa opción al veterano?», expuso la jueza Sonia Sotomayor, quien en su alocución resaltó que estas personas pusieron sus vidas en riesgo por el beneficio del país.
Mientras, a preguntas del juez Samuel Alito, Suri dijo que entiende que son unos 30,000 los veteranos que pudieran afectarse por una situación como la del demandante Rudisill.
Suri dijo que hay varias posibles razones para la forma en que el estatuto fue redactado. También dijo que “el Congreso está en libertad de cambiarlo”.
