En uno de los más recientes giros legales relacionados al principal aspirante republicano a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, un Tribunal federal de Apelaciones rechazó un argumento suyo que planteaba que no podía enfrentar cargos criminales por actos realizados mientras era presidente, una teoría que en los ojos del académico Carlos Ramos González era «peligrosa y un poco absurda».
«No a todo acto oficial le vamos a dar inmunidad porque hay actos oficiales que pueden ser cuestionados en los tribunales», sostuvo el catedrático de Derecho.
Trump alegó inmunidad como presidente en la acusación federal que enfrenta en Washington DC por cuatro cargos sobre su alegada participación y conspiración en el intento de detener la certificación de Joe Biden como presidente, que resultó en una violenta manifestación en el Capitolio de la capital federal el 6 de enero de 2021.
Un juez de distrito falló en contra de Trump y un panel de tres jueces del Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el Circuito del Distrito de Columbia resolvieron de la misma forma.
«A los efectos de este caso penal, el expresidente Trump se ha convertido en el ciudadano Trump, con todas las defensas de cualquier otro acusado penal. Cualquier inmunidad ejecutiva que pueda haberle protegido mientras sirvió como presidente, ya no lo protege contra este enjuiciamiento», reza la opinión del tribunal federal apelativos.
La decisión tiene importantes ramificaciones porque, de determinarse que el presidente tenía inmunidad ejecutiva, esto pudiera haber resultado en desestimar los cuatro casos en su contra con 91 cargos criminales por conductas asociados a la campaña o luego de la campaña.
En Nueva York, los cargos son por ocultar información relacionada con sus gastos de campaña y por los pagos secretos a una actriz de contenido para adultos con la que tuvo una relación fuera de su matrimonio. En Florida, se enfrenta a cargos porque alegadamente mantenía documentos considerados confidenciales, relacionados a seguridad nacional, en su complejo en Mar-a-Lago. En Georgia, el expresidente enfrenta cargos por un alegado esquema fraudulento de electores para tratar de cambiar el resultado de las elecciones de 2020.
Aparte de los casos criminales, el expresidente Trump también enfrenta cuestionamientos judiciales en asuntos administrativos o civiles. Ayer 8 de febrero, el Tribunal Supremo de Estados Unidos evaluaba un recurso de la campaña del expresidente en contra del estado de Colorado, cuyos tribunales estatales descalificaron al exmandatario de la primaria presidencial bajo la cláusula constitucional que prohíbe a un oficial que haya participado en una insurrección aspirar a un cargo público.
En el caso de la decisión sobre la inmunidad, el profesor Ramos González, quien enseña derecho constitucional en la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, dijo a Microjuris que no fue sorpresiva la decisión del Tribunal federal de Apelaciones, negando la inmunidad ejecutiva solicitada por Trump porque desde la vista oral del caso «los jueces se veían escépticos».
«Lo que plantea es que como expresidente no se le podía acusar de nada, por lo menos a nivel federal y lo plantearía en el futuro en el foro estatal. Todavía está acusado en Georgia. Decía que todo lo que hace un presidente como presidente debe considerarse un acto oficial y que los actos oficiales de los presidentes no deben estar sujetos a que una vez que dejan de ser presidentes se cuestionen sus actos oficiales tomados como presidente, y a eso le llama que los presidentes tengan inmunidad absoluta aún en casos y acusaciones criminales federales», expresó el catedrático.
En la vista oral ante el apelativo, los jueces hicieron preguntas que Ramos González considera importantes, como si eso quiere decir que un presidente puede mandar a matar a una persona y tenga inmunidad absoluta sobre esa acción.
«Era algo novel y peligroso, y un poco absurdo», dijo Ramos González. «Lo que estaba solicitando el presidente es que el presidente de Estados Unidos cuando actúe puede estar por encima de la ley. Que la ley no le aplica a los presidentes en todos los extremos […], que el presidente tiene inmunidad absoluta en todos sus actos. Eso el apelativo lo descartó de plano».
Ramos González resaltó que otro aspecto importante de esta decisión es qùe proviene de un circuito, el de DC, que es uno muy respetado. Es aquel del cual muchos presidentes en el pasado han seleccionado jueces y juezas para el Tribunal Supremo, como fue el caso de Antonin Scalia y Ruth Bader Ginsburg. Además, no está bajo la sombra de parcialización política, como pasa con otros, como por ejemplo, se considera muy conservador el circuito apelativo de Texas o muy liberal como California.
Incluso, dijo Ramos González, es una de las pocas decisiones donde Trump y su equipo se han mostrado respetuosos y no han criticado al foro por la opinión.
El profesor añadió que el reclamo del presidente recuerda un poco lo que en el pasado había expresado un antecesor, Richard Nixon, en el caso Watergate que eventualmente llevó a la primera y única renuncia de un mandatario estadounidense.
«Nixon decía que si lo hace un presidente es legal… Trump trató de revivirlo».
«Y eso es importantísimo para el estado de derecho y para la sociedad norteamericana. Toda persona está sujeta al imperio de la ley. Nadie es un monarca y dictador», mencionó.
El caso, según Ramos González, es parte de la estrategia de Trump de dilatar legalmente todos los casos en su contra, con la esperanza de que no sea hallado culpable en ninguno antes de las elecciones, con la expectativa de que si gana la presidencia, el también estrella de telerrealidad ordenaría a su secretario de Justicia a archivar los cargos en su contra.
«La estrategia es atrasar, atrasar y atrasar», sostuvo.
Agregó que la decisión no es final y firme y podría ser que este asunto sea apelado y llevado al Tribunal Supremo de Estados Unidos. El equipo legal del presidente tiene hasta este lunes para apelar.
