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Organizaciones salubristas manifestaron su rechazo a la pieza legislativa que persigue crear mayores exenciones a la inmunización de menores de edad mediante una nueva «Ley de Vacunación de Estudiantes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico».
En la tercera audiencia pública sobre el Proyecto de la Cámara 1948, la Coalición de Inmunización y Promoción de la Salud (VOCES PR), el Capítulo de Puerto Rico de la Academia Americana de Pediatría (PR-AAP) y Puerto Rico Obstetrics and Gynecology (PROGyn) destacaron el riesgo que la medida representa para la salud pública de los ciudadanos puertorriqueños.
Subrayaron que las exenciones propuestas, incluidas las de razones filosóficas, podrían abrir la puerta a la transformación del sistema de vacunación de Puerto Rico hacia uno «completamente voluntario».
Datos del Departamento de Salud señalan que en Puerto Rico la cobertura de vacunación en niños de 19 a 35 meses fluctúa entre un 51% a un 71%, dependiendo de la vacuna.
Sin embargo, en niños estudiantes de kindergarten, se alcanza una cobertura de un 83% a un 94% en la mayoría de las vacunas.
El proyecto de ley, evaluado en la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes, derogaría la Ley de las Inmunizaciones Compulsorias (Ley Núm. 25 de 1983). Son autores de la medida las y los representantes Sol Higgins Cuadrado, Lisie Burgos Muñiz, Lydia Méndez Silva, Jorge Rivera Segarra y Carlos «Johnny» Méndez Núñez.
«Resulta contradictorio que, mientras pasados legisladores en nuestra isla tuvieron una visión salubrista, y en el resto del mundo aceptan, acogen y se dirigen a obtener los beneficios de la vacunación como medida de prevención de enfermedades infecciosas, en Puerto Rico se esté considerando legislación que tendría un efecto contraproducente para la salud pública de nuestra gente», expresó el Dr. Diego Sainz de la Peña, en representación de VOCES PR.
«Esta propuesta legislativa podría revertir los avances logrados mediante la vacunación, poniendo en riesgo la salud de cientos de miles de personas, especialmente la de nuestros infantes, niños y aquellos más vulnerables», abundó el pediatra.
El facultativo enfatizó que en Puerto Rico, los niveles de inmunización entre la población escolar son notoriamente elevados. Esta victoria sanitaria ha llevado a la reducción prácticamente total de enfermedades infecciosas que pueden prevenirse mediante vacunas, un logro directamente atribuible al éxito continuo que ha acompañado la implementación de la Ley 25.
Desde la perspectiva de la organización, se destaca la responsabilidad del Estado en regular los asuntos relacionados con la vacunación. Este llamado a la acción se fundamenta en el interés urgente de resguardar la salud y el bienestar colectivo por encima de los intereses individuales. En sintonía con esta postura, la PR-AAP coincide plenamente con la presentación de VOCES PR, subrayando de manera enfática la importancia de las vacunas dentro del ámbito de la medicina preventiva.
«Como pediatras, hemos sido testigos del gran daño que le puede hacer a un niño o niña no tener sus vacunas al día, padeciendo de enfermedades que pueden amenazar su vida y que tienen prevención», afirmó la Dra. Nilka de Jesús González, presidenta del Capítulo de Puerto Rico.
La entidad afirmó que la seguridad de las vacunas administradas tanto en Estados Unidos como en Puerto Rico está respaldada por la Administración de Drogas y Alimentos (FDA, por sus siglas en inglés). Además, se respalda en el Sistema de Reporte de Eventos Adversos con Vacunas, una herramienta que posibilita a los profesionales de la salud y las agencias reguladoras evaluar la seguridad a largo plazo.
Este sistema, vigente desde 1986, es administrado por la FDA y los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés). «La vacunación se considera como un componente clave del derecho humano a la salud, y aprobar este proyecto llevaría a disminuir el beneficio de la vacunación de los pacientes pediátricos de Puerto Rico», acentuó la organización.
Por su parte, el PROGyn indicó que el proyecto parte de la premisa errónea que en la Ley 25 no existe el consentimiento informado al administrar las vacunas y enfatizó que el estatuto vigente «siempre ha honrado las exenciones religiosas».
«No hay necesidad de derogar la ley bajo fundamentos de un flagelado alegato de que se debe garantizar libertad de culto. Especialmente cuando las alegaciones son inconstitucionales, ilegales, inmorales y ausentes de orden público», argumentó en un memorial explicativo el Dr. Nabal José Bracero, director médico de PROGyn.
La organización, asimismo, subrayó que la propuesta legislativa no incluye asignación de fondos al sistema de salud de Puerto Rico para cubrir los gastos para el diagnóstico, alivio y tratamientos de las enfermedades que «resurgirán inevitablemente» al bajar las tasas de vacunación e ir perdiendo la inmunidad comunitaria.
«¿Quién pagará los costos de todas las enfermedades que pueden resurgir, como el sarampión; las pruebas diagnósticas que no existen en inventario; el entrenamiento de personal de salud para atender enfermedades del siglo pasado? Lamentablemente, la única contestación real es: el costo lo pagarán nuestros niños», opinó la institución.
En la audiencia pública también participaron los licenciados Adrián Díaz Díaz y Atabey Lamela Gandía, quienes respectivamente cuestionaron las facultades del CDC y la FDA para regular la administración de vacunas.
En general, coincidieron que no ven como un problema de salud pública la eliminación del requerimiento a menores de 5 años que no han entrado a kindergarten, ya que otras jurisdicciones no tienen este «requisito excesivo».
La Comisión de Salud informó que realizará la última vista pública respecto al Proyecto de la Cámara 1948 el próximo miércoles, 28 de febrero.