- La Ley 75-2025 define legalmente "persona de edad avanzada" como quien tiene 60 años o más.
- La medida enmenda el Código Penal para uniformar la aplicación de agravantes en delitos contra adultos mayores.
- La ley busca reforzar la protección, dignidad y seguridad de las personas mayores, alineándose con la Ley 121-2019.
Nota de la editora: ¿quieres estar al día con lo que sucede en la legislatura? Te invitamos a registrarte en nuestro boletín.
La gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González Colón, convirtió en ley al Proyecto del Senado 55, con el fin de enmendar el Código Penal de Puerto Rico para definir de forma clara el término «persona de edad avanzada» como aquella que cuenta con 60 años o más.
La propuesta legislativa, convertida en la Ley 75-2025, contó con el apoyo unánime de ambos cuerpos al ser considerada, es de la autoría del líder senatorial, Thomas Rivera Schatz, y cuenta con la coautoría de la senadora Karen M. Román Rodríguez.
CURSOS DE INTERÉS – Bundle de Derecho de Alimentos: Menores y Adultos Mayores
El Código Penal vigente ya contemplaba protecciones especiales para los adultos mayores, reconociendo su vulnerabilidad como una circunstancia agravante en la imposición de penas cuando estos son víctimas de delitos, sin embargo, hasta ahora no se había establecido con claridad una definición legal sobre la edad que determina cuándo una persona es considerada de edad avanzada, lo que a juicio legislador, pudiese generar ambigüedad o falta de uniformidad en la aplicación de las sanciones correspondientes.
A esos efectos, esta nueva Ley, busca corregir esa omisión incorporando una definición clara y coherente con la contenida en la Ley 121-2019, conocida como la Carta de Derechos y la Política Pública del Gobierno a Favor de los Adultos Mayores, la cual establece que se considera adulto mayor a toda persona de 60 años en adelante.
Con esta enmienda, se pretende fortalecer la protección de los derechos de los adultos mayores, garantizando uniformidad en los procesos judiciales y reafirmando el compromiso del Estado con la dignidad y seguridad de esta población.



