- Reinstalación obligatoria de supervisión electrónica para imputados en casos de violencia doméstica, ampliando delitos y armonizándola con fianzas.
- Obligación de que imputados aporten a los costos del sistema de supervisión electrónica.
- Entrega judicial de una guía para elaborar planes de acción de protección dirigidos a víctimas, complementando la protección judicial.
- Creación de un protocolo obligatorio para refugios en emergencias con prevención, detección, capacitación y espacios seguros.
Nota de la editora: ¿quieres estar al día con lo que sucede en la legislatura? Te invitamos a registrarte en nuestro boletín.
La Gobernadora Jenniffer González Colón convirtió en ley varias iniciativas legislativas para fortalecer el sistema de protección a sobrevivientes de violencia doméstica en distintos escenarios.
Según exponen las nuevas leyes, éstas integran la supervisión electrónica obligatoria, la entrega de planes de acción al expedir órdenes de protección y la creación de un protocolo de seguridad en refugios durante emergencias para armonizar herramientas judiciales y operacionales que antes funcionaban de forma aislada. más consistentes en momentos críticos.
La Ley 137-2025, revisa la Ley para Crear el Programa de Vigilancia, Protección y Prevención de Violencia Doméstica y varias disposiciones de las Reglas de Procedimiento Criminal para reinstalar un mandato de supervisión electrónica obligatoria para imputados por cualquier delito cobijado por la Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica o por delitos graves o menos graves con derecho a jurado cuando exista una relación de pareja conforme a la definición legal. Con ello, la Asamblea Legislativa busca responder a la preocupación de que la discrecionalidad judicial previa había debilitado la efectividad de esta herramienta. La ley también armoniza la supervisión electrónica con el sistema de fianzas, amplía el listado de delitos que requieren supervisión automática y mantiene la obligación de que el imputado contribuya a los costos del sistema.
Mientras, la Ley 138-2025 dispone que al expedir una orden, los tribunales deberán entregar una guía para desarrollar un plan de acción de protección. Esta herramienta, diseñada junto con personal especializado, orienta a la víctima sobre estrategias preventivas en materia de seguridad personal, rutas de escape, documentación esencial, protección de menores, uso responsable de redes sociales y mecanismos de comunicación discreta. La ley subraya que este plan no sustituye la protección judicial, sino que la complementa con medidas tangibles para mitigar riesgos inmediatos.
Finalmente, la Ley 139-2025 responde a situaciones registradas durante emergencias pasadas como el huracán María o los terremotos del sur cuando se rerpotó que algunos refugios habían sido escenarios de vulnerabilidad ante actos de violencia intrafamiliar, extrafamiliar y sexual.
La nueva ley crea el Protocolo para la Atención y Prevención de Situaciones de Violencia Intra y Extrafamiliar en los Refugios, un marco mandatorio que el Departamento de Seguridad Pública deberá desarrollar y aplicar en todo albergue habilitado durante emergencias. El protocolo abarcará medidas de prevención, sistemas de detección, coordinación interagencial, capacitación compulsoria del personal, verificación de antecedentes, espacios seguros para menores, accesibilidad para personas con impedimentos y guías para denunciar e intervenir ante incidentes. Este diseño busca unificar la respuesta estatal y corregir la ausencia de estándares que quedó expuesta en pasados desastres naturales.
En conjunto, estas tres medidas buscan promover un andamiaje legal más coherente, operativo y consciente de las distintas dimensiones de riesgo que enfrentan las personas sobrevivientes de violencia en Puerto Rico.
