- La Junta solicitó a FEMA que se pronuncie sobre la legalidad de impuestos municipales más altos a contratistas con fondos federales.
- Señaló que no conoce otras jurisdicciones que impongan tasas distintas según si el proyecto recibe fondos federales.
- Identificó 22 municipios que aplican tasas diferenciadas a contratistas incluyendo Adjuntas, Ponce, Guaynabo y Vieques.
- Afirmó que 20 de esos municipios empezaron la práctica tras el huracán María en 2017, con aumento de ayuda federal.
- Expresó preocupación por el impacto de esos impuestos en la reconstrucción y en la correcta administración de fondos federales de ayuda.
La Junta de Supervisión y Administración Financiera solicitó a la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) que se exprese sobre la legalidad de las prácticas de decenas de municipios de Puerto Rico que cobran impuestos municipales más altos a contratistas que reciben fondos gubernamentales.
La carta de seis páginas, firmada por el director ejecutivo de la Junta de Supervisión, Robert F. Mujica, reconoce que los municipios pueden cobrar impuestos y que esta práctica también existe en otras jurisdicciones de Estados Unidos. Sin embargo, señala que el organismo no tiene conocimiento de otras jurisdicciones donde se impongan tasas contributivas diferentes a los contratistas en función de si sus proyectos cuentan con fondos federales asignados.
«Esta práctica se ha aplicado ampliamente en los últimos años, lo que ha generado una discrepancia en las tasas del impuesto especial sobre la construcción entre los proyectos financiados con fondos privados y aquellos que reciben financiamiento del gobierno, incluidos los fondos del Gobierno de los Estados Unidos», sostuvo la Junta de Supervisión.
Junta identifica a 22 municipios con tasas diferenciadas
Los 22 municipios con esta práctica, cuestionada por la Junta de Supervisión, son Adjuntas, Añasco, Cabo Rojo, Camuy, Ciales, Cidra, Guánica, Guaynabo, Lajas, Lares, Maunabo, Orocovis, Peñuelas, Ponce, San Germán, San Sebastián, Toa Alta, Trujillo Alto, Utuado, Vega Baja, Vieques y Yauco.
El organismo creado por la ley federal PROMESA aseveró que 20 de los 22 municipios comenzaron a aplicar esta práctica después del paso del huracán María, en 2017, «cuando Puerto Rico comenzó a recibir sustancial ayuda federal para desastre y recuperación».
Según la Junta de Supervisión, el impuesto adicional sobre proyectos gubernamentales representa, en algunos casos, el doble o más de lo que se cobra por proyectos del sector privado.
Preocupación por el impacto en la reconstrucción
«La Junta de Supervisión está preocupada por los posibles efectos del aumento de los impuestos especiales sobre la construcción en los proyectos de reconstrucción fundamentales de Puerto Rico y en la administración adecuada de los fondos federales de ayuda para desastres», indicó el organismo.
La misiva fue dirigida al administrador de FEMA en Estados Unidos, Cameron Hamilton, con copia a casi una decena de funcionarios.
Entre los destinatarios de la copia figuran la gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González, y el comisionado residente, Pablo José Hernández, así como el congresista Paul A. Gosar, quien se ha expresado públicamente sobre el alcance de ciertos impuestos municipales en Puerto Rico.
