CAPR convoca constitucionalistas para conversatorio de crisis constitucional

¿Tienen autoridad el Juez Presidente y la Directora Ejecutiva de los Tribunales para realizar la investigación originalmente pautada? ¿Qué dispuso o cuál era la intención de la Asamblea Constituyente referente a las funciones del juez presidente del Tribunal Supremo? ¿Pueden los jueces asociados de dicho Tribunal discutir una controversia legal cuando ningún ciudadano ha presentado un reclamo o caso alguno que amerite ser resuelto? ¿Cómo comparan las funciones de los jueces de nuestro más alto foro o sus determinaciones con las de otros países y las de los estados de EE.UU.?

Estos son algunos de los temas sobre los que los constitucionalistas convocados por el Colegio de Abogados de Puerto Rico (CAPR) dialogarán el miércoles, 8 de febrero a las 7:00pm, en un conversatorio para discutir la crisis que mantiene en jaque a los tres poderes constitucionales del país y al que están invitadas la comunidad legal y la ciudadanía en general, en el caso de ésta última por las profundas implicaciones en su confianza en las instituciones judiciales y en el conocimiento de sus derechos.

El presidente del Colegio de Abogados (CAPR), Lic. Osvaldo Toledo, expresó su preocupación con el giro que ha tomado toda la situación en torno a las dos determinaciones tomadas —una por la Administración de los Tribunales (OAT) y otra por los jueces nombrados por el Gobernador Fortuño— para realizar una investigación sobre la utilización de fondos públicos y de recursos humanos en el funcionamiento interno de la rama judicial y del Supremo.

“Estas dos determinaciones están en claro conflicto, por lo que es inevitable concluir que nos encontramos en el eje de una crisis constitucional sin precedentes en la historia del país. Ante lo caldeada de la controversia”, agregó Toledo, “hacemos un llamado a la prudencia de parte de sus protagonistas de modo que no se lacere irreparablemente la confianza del pueblo en sus tribunales, lo que, después de todo, es el criterio que debe estar por encima de cualquier otra consideración personal o político-partidista en este asunto”.

“El Colegio de Abogados”, amplió Toledo, “tiene la obligación ministerial de orientar al pueblo sobre los asuntos planteados en esta innecesaria y lamentable polémica. Nuestros conciudadanos tienen que comprender a cabalidad que nuestro Tribunal Supremo es el poder último, el árbitro que dirime lo que otros no han podido, la voz final; y de ahí su importancia para la vida total de la comunidad”.

El presidente del CAPR señaló que los participantes en el foro “serán especialistas de primer nivel, constitucionalista de innegable prestigio en el país, conocedores de los fundamentos y ordenamientos de nuestra Constitución, así como de sus limitaciones y campos abiertos a interpretación”.

Otros temas a discutirse serán si la investigación de marras afecta la que pretende realizar el Senado, si la acción de los jueces asociados constituye una opinión consultiva y si puede encontrarse a una persona incursa en desacato como consecuencia de una determinación de naturaleza administrativa, entre muchísimos otros temas vinculados a esta crisis.

 
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