Dispone que los uniformes que adquiera el gobierno sean manufacturados por confinados, como parte de los programas de rehabilitación del Departamento de Corrección y Rehabilitación, o por empresas sin fines de lucro que emplean personas ciegas o con impedimentos severos.
Lea la Ley completa: [Ley Núm. 28-2012] del 18 de enero de 2012.