El Tribunal Supremo de Puerto Rico, en una resolución emitida con fecha del 15 de febrero de 2012 y en virtud de su poder inherente de reglamentar el ejercicio de la abogacía, creó una Comisión Especial para evaluar el Programa de Educación Continua.
La Comisión Especial está compuesta por:
- un (1) representante del Colegio de Abogados de Puerto Rico,
- un (1) representante de la Asociación de Abogados de Puerto Rico (Puerto Rico Lawyers Association),
- un (1) representante del Federal Bar Association – Capítulo de Puerto Rico,
- dos (2) abogados que laboren en el sector público nombrados por el Procurador General,
- y cuatro (4) abogados que laboren en el sector privado.
La Comisión tendrá el deber de investigar el funcionamiento del Programa de Educación Continua y emitir recomendaciones para su mejoramiento.