Decisión del Tribunal Supremo de Puerto Rico

L.P.C. & D., Inc., Recurrida v. Autoridad de Carreteras y Transportación, Peticionaria; Ferrovial Agroman, S.E.; Del Valle Group, S.P.; Constructora Santiago II Corp. Y CD Builders, Inc., Partes con Interés

Este caso trata sobre una revisión administrativa procedente de la Autoridad de Carreteras y Transportación.

«El viernes 24 de octubre de 2008 la Autoridad de Carreteras y Transportación (Autoridad) celebró la Subasta Formal Núm. P-09-09 (Subasta) para la construcción de una intersección a desnivel entre las Carreteras PR-17 y PR-181 (Proyecto AC-001736).  En la misma se leyeron en voz alta las propuestas recibidas y se señalaron los errores e informalidades cometidas por algunos de los licitadores.  Sobre el particular, en el Acta de Recepción de la Subasta se consignó que L.P.C. & D., Inc. (LPCD o la recurrida) no había incluido la cantidad de cubierta de la fianza en el “Bid Bond”, por lo que la Junta de Subastas (Junta) le concedió tres (3) días calendario, es decir, hasta las dos de la tarde (2:00 p.m.) del próximo lunes 27 de octubre de 2008 para que reemplazara el mismo. Efectivamente, el 27 de octubre de 2008 LPCD sometió la fianza de licitación solicitada.»

«En esta etapa de los procedimientos ya no tenemos un caso o controversia justiciable que amerite nuestra intervención.  La controversia planteada en este caso, además, se ha tornado en académica por la falta de fondos públicos para llevar a cabo las obras de construcción, por lo que no es capaz de recurrir.  Por consiguiente, reconsideramos nuestra Sentencia de 30 de junio de 2011 y dejamos la misma sin efecto.  Del mismo modo y conforme a lo expresado en Moreno v. Pres. U.P.R. II, supra, a las págs. 974-975, dejamos sin efecto la Sentencia dictada por el Tribunal de Apelaciones el 12 de julio de 2010.  Corresponde a la Autoridad atender aquellos asuntos que pudieran quedar pendientes dentro del marco de su jurisdicción.»

Lea el documento completo: [2012TSPR74]

Los abogados de la parte peticionaria son el Lcdo. Ricardo Arturo Pérez Rivera,  el Lcdo. Kermell Z. Hernández Rivera, el Lcdo. Carlos D. Rodriguez Boneta, y el Lcdo. David O. Martorandi-Dale. El abogado de la parte recurrida es el Lcdo. Roberto Corretjer Piquer y el de la Asociación de Contratistas Generales de P.R. es el Lcdo. Roberto Lefranc Romero. Los abogados del Gobierno de Puerto Rico son el Lcdo. Eliezer Aldarondo Ortiz, la Lcda. Rosa Campos Silva, y el Lcdo. Eliezer Aldarondo López.
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