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Informes de la Oficina del Contralor reafirman sana administración de los recursos de la Rama Judicial

Rama JudicialLa Oficina del Contralor de Puerto Rico publicó recientemente una serie de informes de auditoría que reconfirman la sana administración que hace la Rama Judicial de los fondos públicos que le son delegados. Así lo anunció hoy la Directora Administrativa de la Oficina de Administración de los Tribunales (OAT), la Jueza Sonia Ivette Vélez Colón, al revelar que ocho auditorías a diferentes Tribunales y Centros Judiciales culminaron sin hallazgos y establecen que todas sus operaciones se realizan de acuerdo a la ley y la reglamentación vigentes.

«Informes de auditoría de la Oficina del Contralor acerca de las operaciones de los Tribunales de Primera Instancia de los municipios de Añasco, Coamo, San Lorenzo, Patillas, Orocovis y Juana Díaz, al igual que de los Centros Judiciales de Guayama y Humacao, concluyeron sin hallazgos ni señalamientos, reconfirmando una vez más el apego a la sana administración pública que rige las operaciones de la Rama Judicial», expresó Vélez Colón.

Los informes publicados abarcan periodos que comprenden entre 1ro de julio de 2006 al 30 de junio de 2011. En todos los casos se auditó la operación fiscal de cada una de las sedes judiciales. La metodología utilizada incluyó entrevistas a funcionarios, análisis de informes financiaros y documentos así como de otra información pertinente.

«Nos enorgullece grandemente poder demostrar al pueblo de Puerto Rico una vez más que la Rama Judicial le devuelve en servicio y sana administración la confianza que deposita en nosotros. Así lo reconfirma la Oficina de Contralor. De nuestra parte, reafirmamos el firme compromiso del Juez Presidente del Tribunal Supremo, Hon. Federico Hernández Denton, y de una servidora desde la OAT, de seguir trabajando para ofrecer a todos los ciudadanos y ciudadanas justicia ágil y transparente y los servicios de excelencia a los que tienen derecho», afirmó Vélez Colón.

La funcionaria añadió que también fueron objeto de auditoría cuatro tribunales adicionales en los que se señalaron hallazgos de categoría menor en algunas instancias. De inmediato aclaró que «se trata de asuntos procesales y de administración que fueron atendidos de inmediato y que no implican de ninguna manera desviaciones de ley». Esos tribunales son Guaynabo (3 hallazgos), Guayanilla (5 hallazgos), Río Grande (4 hallazgos) y Camuy (5 hallazgos).

Recientemente la Oficina del Contralor reveló una auditoría realizada al Tribunal Supremo que concluyó que todas sus operaciones administrativas y laborales se realizaron conforme a la ley y la reglamentación vigente. Ese informe cubrió el periodo comprendido entre los años 2007 al 2010, todos bajo la presidencia de Hernández Denton. Incluyó la evaluación de todos los contratos, transacciones de personal, uso de vehículos y alguaciles, uso del correo electrónico, horarios de trabajo así como todos los aspectos financieros y administrativos del Tribunal.

De igual modo, una auditoría de las operaciones de la OAT confirmó que en la operación de esa entidad pública no se identificaron violaciones de ley o malversación de fondos públicos.

«La Oficina del Contralor de Puerto Rico ha concluido reiteradamente lo que ya en múltiples ocasiones hemos expresado: que todas las gestiones que lleva a cabo la Rama Judicial se hacen dentro del marco de la ley y con el más estricto apego a la sana administración de los fondos públicos que nos son delegados», reafirmó Vélez Colón.

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