Decisión del Tribunal Supremo de Puerto Rico

Supremo determina que le corresponde a la Administración de Corrección atender reclamaciones de bonificación por detención preventiva

Partes: Pueblo de Puerto Rico, Recurrido v. Ana Contreras Severino, Peticionaria

Este caso trata sobre la Agencia con jurisdicción para atender solicitudes de bonificación de sentencia.

«En este caso nos corresponde determinar el foro adecuado para canalizar una solicitud relacionada a la bonificación a la que tiene derecho una persona convicta de delito por el tiempo que estuvo privada de su libertad antes de comenzar a cumplir su sentencia en una institución correccional en Puerto Rico. La peticionaria fue convicta en Puerto Rico, tras ser detenida fuera de nuestra jurisdicción en cumplimiento de una orden de arresto emitida por un tribunal puertorriqueño y reclama que se abone a su sentencia el tiempo durante el cual estuvo privada de su libertad antes de su extradición, a pesar de haber retado el proceso de extradición. Alega, además, que se le debe abonar a la sentencia el tiempo que la peticionaria estuvo detenida fuera del Estado Libre Asociado, en espera de extradición, porque evadió nuestra jurisdicción mientras se ventilaba el juicio en su contra y se le arrestó después de dictada la sentencia.»

Lea el documento completo: [2012TSPR91]

«En el caso de autos, la señora Contreras Severino alega que fue arrestada en Nueva York producto de una orden emitida por un tribunal puertorriqueño por violaciones a la Ley de Sustancias Controladas, que ejerció su derecho a retar la extradición y que estuvo 114 días detenida en dicho estado hasta que fue finalmente extraditada a Puerto Rico e ingresada a prisión. Posteriormente, fue convicta por los mismos hechos que motivaron la orden de arresto original. Como correctamente señala el Procurador General, ningún foro primario ha adjudicado en los méritos estas alegaciones de la señora Contreras Severino. Según hemos explicado, le corresponde hacerlo a la Administración de Corrección.

Por lo anteriormente expuesto, aunque por fundamentos distintos, se confirma la Resolución del Tribunal de Apelaciones.»

Los abogados de la parte peticionaria fueron el Lcdo. Joel Román Román, y la Lcda. Tanaira Padilla Rodríguez. Los abogados de la  Oficina del Procurador General fueron la Lcda. Zaira Girón Anadón, Subprocuradora General, y la Lcda. Luana Ramos Carrión, Procuradora General Auxiliar.

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