Decisión del Tribunal Supremo de Puerto Rico

Inválidos los contratos verbales en contrataciones del gobierno

Inválidos los contratos verbales en contrataciones gubernamentalesDescargue el documento: Ramiro Rodríguez Ramos y otros, Recurridos v. E.L.A. de P.R. y otros, Peticionarios

El Lcdo. Rodríguez Ramos le prestó servicios profesionales al Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) y la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) desde el año 1990 al 2007. En mayo de 2006 le notifican al Lcdo. Rodríguez que le renovarían el contrato con ACT. Ante dicha comunicación, entregó dos veces los documentos para la renovación. Dichos documentos fueron solamente firmados por el Lcdo. Rodríguez. En junio 2007, éste le notificó a la agencia que no le habían renovado el contrato para dicho año fiscal y que le debían el pago de los servicios prestado desde el año fiscal 2004 al 2007. La agencia contestó diciendo que no le pagarían al Lcdo. Rodríguez los servicios que no estuvieran vertidos en un contrato firmado por ambas partes.

El Lcdo. Rodríguez, mediante sentencia sumaria, le solicitó al Tribunal de Primera Instancia que le pagaran los servicios prestados porque fue la misma agencia la que impidió que los contratos se llevaran por escrito. El Tribunal de Instancia determinó que una vez el Lcdo. Rodríguez firmó los documentos de renovación de contrato para el año fiscal 2006-2007, la agencia estaba obligada a firmarlos y regístralos con el contralor. Inconforme el Estado, acudió al Tribunal de Apelaciones. Dicho tribunal sostuvo la determinación del Tribunal de Instancia. El Estado acudió al Tribunal Supremo.

Mediante una opinión por parte del entonces Juez Presidente Hon. Federico Hernández Denton, el Tribunal Supremo interpretó que tanto la Ley Núm. 230 de 1974, la Ley Núm. 237 de 2004, la Ley. Núm. 18 de 1975 y la jurisprudencia en el caso Cordero Vélez v. Mun. Guánica, 170 D.P.R. 237, 248 (2007), impiden que la contratación gubernamental se haga de manera retroactiva y sin antes haber cumplido con las formalidades contenidas en las leyes concernientes a este tipo de contratación. Los pagos y desembolsos por parte del gobierno dependen de que haya existido un contrato firmado entre ambas partes para garantizar la mayor pulcritud en el manejo de fondos públicos. Los pagos y desembolsos por parte del Estado deben ser de forma prospectiva a la firma de un contrato entre ambas partes. No son válidos los contratos verbales cuando se está considerando una acción de contratación gubernamental.

El Tribunal Supremo también invalidó la Orden Ejecutiva OE-2006-23 que permitía la contratación gubernamental de forma retroactiva. Esta orden permitía la realización de acuerdos verbales entre el E.L.A. y sus contratistas, y que un contrato posterior honrara dicho acuerdo. El Tribunal Supremo reiteró que las Órdenes Ejecutivas del gobernador no pueden contravenir contra las leyes aprobadas por la legislatura. Lo contrario sería avalar una usurpación a los poderes legislativos.

Reseña por Joel Pizá Batiz

 

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