Juez imposibilitado a retirar acuerdo de culpabilidad después de aprobado por el tribunal

Juez imposibilitado a retirar acuerdo de culpabilidad después de aprobado por el tribunalDescargue el documento: Pueblo de Puerto Rico, Peticionario v. Nataniel Acosta Pérez, Recurrido

Al Sr. Nataniel Acosta Pérez se le acusó de violar una orden de protección por comunicarse con su ex pareja consensual a través de mensajes de texto. Específicamente infringió el artículo 2.8 de la Ley Núm. 54 de 1989, que se tipifica como un delito grave de tercer grado. El Tribunal de Primera Instancia encontró causa para arresto y posteriormente éste renunció a la vista preliminar. El día de la vista para la lectura de acusación, la defensa del acusado y el ministerio público presentaron un escrito en el cual esbozaban un acuerdo entre ambas partes y reclasificaban el delito por el artículo 3.8 de la aludida ley. La pena de dicha violación era menor, por ser dicho delito uno de cuarto grado. Dicho pre acuerdo disponía que el acusado no tendría derecho a retirar su alegación de culpabilidad del Tribunal no aceptar el acuerdo. El acusado renunció a un juicio por jurado y se declaró culpable. El Tribunal de Instancia aceptó el acuerdo y lo refirió a informe pre sentencia para determinar si el acusado cualificaba para el programa de desvío dispuesto en el artículo 3.6 de la aludida ley.

En la vista de sentencia, la ex pareja consensual se opuso al programa de desvío y manifestó que temía por su seguridad. El Tribunal de Instancia esbozó que dicha declaración afectaba la alegación de culpabilidad del acusado y revirtió el caso a la etapa de vista preliminar sin que la defensa o el ministerio público lo hubieran solicitado. Inconforme, el Estado acudió al Tribunal de Apelaciones. Dicho Tribunal intermedio denegó el recurso, expresando que la oposición de la perjudicada al programa de desvío constituía un incumplimiento del ministerio público con la alegación pre acordada. Inconformes, acuden al Tribunal Supremo de Puerto Rico.

A través de una opinión del entonces Juez Presidente, Hon. Federico Hernández Denton, el Tribunal Supremo revocó al Tribunal de Apelaciones. En Pueblo v. Mojica Cruz, 115 D.P.R. 569 (1984), el Supremo reconoció la validez de las alegaciones pre acordadas de culpabilidad. Luego, a través de la Regla 72 de Procedimiento Criminal, la Legislatura codificó y reguló lo resuelto en el mencionado caso. El Tribunal Supremo manifestó que luego de que el acusado hace un acuerdo de alegación de culpabilidad y el Tribunal lo acepta, el juez no puede rechazar el acuerdo. Sólo en circunstancias específicas, un juez puede rechazar una alegación de culpabilidad como por ejemplo cuando medie coacción, no entendimiento de la acción tomada, fraude, entre otras. En este caso no se configuró ninguna de ellas.

La Ley Núm. 54 dispone que la víctima posee un derecho a ser consultada antes de transigir una denuncia o acusación. El Tribunal Supremo interpretó el alcance de la palabra “consultar” del estatuto. El juez de instancia tomará en consideración la opinión de la víctima sólo al momento de evaluar el informe pre sentencia y antes de imponer la sentencia. Dichas expresiones de la víctima son persuasivas pero no pueden usurpan la discreción del Tribunal al momento de éste imponer penas y conceder programas de desvío. Dicha “consulta” en el proceso de sentencia no es concluyente ni dispone del proceso.

Reseña por Joel Pizá Batiz

 

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