Los derechos civiles y humanos en Puerto Rico

Los derechos civiles y humanos en Puerto Rico

por Rolando Emmanuelli Jiménez, JD, LLM / Debido Proceso de Ley

A pesar de que anualmente las facultades de Derecho otorgan el grado de Juris Doctor a más de 400 personas, estos abogados y abogadas salen a la calle sin una preparación adecuada para entender y defender adecuadamente los derechos civiles en Puerto Rico.

Los derechos civiles son los que el Estado reconoce en el texto constitucional ante la lucha incesante del pueblo, pero que están matizados por lo que el Tribunal Supremo de turno entiende que significan. El entendimiento del alcance de estos derechos civiles es extremadamente estrecho y agringolado, porque dentro de las circunstancias actuales, no pueden ir más allá de los intereses del gobierno según interpretados por el Tribunal.

Existe todo un cuerpo jurídico de Derecho Internacional que enumera e interpreta los derechos de todos los seres humanos desde una perspectiva mucho más amplia y liberal. Esa es la enorme brecha que existe entre los derechos civiles y los humanos. Los civiles son los que reconoce el Estado. Los Derechos Humanos son más protectores de la persona e incluyen prerrogativas económicas y sociales, porque nos pertenecen por nuestra propia naturaleza, regida por los principios inalienables de la dignidad, igualdad, libertad y los derechos a la vida y al progreso social y económico, todo esto, tanto para las personas, como para los pueblos.

Es en ese sentido que es necesario lanzar una voz de alerta a la profesión jurídica en Puerto Rico, con el propósito de hacerles mirar mucho más allá de las aparentes libertades civiles de los textos constitucionales, para que se comience a esgrimir vehementemente, tanto a nivel de los tribunales, como a nivel político-social, la vigencia y exigibilidad de los derechos humanos y del Derecho Internacional.

La Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, particularmente su artículo II, se fundamenta en la Declaración de Derechos Humanos de las Naciones Unidas del año 1948. Sin embargo, es en muy pocas ocasiones que los tribunales en Puerto Rico echan mano a esa declaración de derechos humanos, o a otros textos de Derecho Internacional, con el propósito de entender o interpretar nuestros derechos constitucionales.

Una búsqueda en los sistemas de información computadorizada de la jurisprudencia del Tribunal Supremo desde el año 1944 al presente, arrojó que de los miles de casos que ha resuelto ese tribunal, sólo ha mencionado la palabra derechos humanos en menos de 100 decisiones. Cuando se examinan detenidamente, es evidente que en la inmensa mayoría la mención del concepto es incidental, sin discusión sustantiva meritoria, y en muchos casos, se usa como aparente y equivocado equivalente al concepto de los derechos civiles.

La innegable disonancia entre lo que se reconoce son los derechos civiles y los derechos humanos, dentro del Derecho Constitucional, la representa la eliminación de la famosa Sección 20 de la Constitución, que contenía importantes derechos humanos que no fueron aceptados por el Congreso norteamericano, por lo que la eliminaron en el ejercicio de su poder plenario bajo la Cláusula Territorial.

No es posible alcanzar la plenitud del progreso de los derechos civiles puertorriqueños cuando se limita al contexto constitucional. De la única manera en que se puede ampliar la libertad individual y el respeto a la dignidad y derechos humanos, es que los abogados y abogadas comiencen a manejar los textos de derechos humanos y los utilicen para fundamentar sus reclamos ante los tribunales y ante los diferentes foros políticos y sociales.

La aprobación de la ley Patriota, la consolidación del poder represivo del Estado en el Homeland Security Agency, y el espionaje doméstico y global del National Security Agency a través de la Internet, hacen más urgente la necesidad de concienciar a todo la sociedad sobre la importancia de la defensa de los derechos humanos. Los letrados, tienen la responsabilidad de fortalecer el valor de los derechos humanos y de forzar la confrontación de ideas que adelante su respeto.

por Rolando Emmanuelli Jiménez, JD, LLM / Debido Proceso de Ley

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