Supremo federal declara inconstitucional una sección de Ley del Criminal de Carrera Armado de 1984

Supremo federal declara inconstitucional una sección de Ley del Criminal de Carrera Armado de 1984Descarga el documento: Johnson v. United States

Decidido: 26 de junio de 2015

La ley federal llamada la Ley del Criminal de Carrera Armado de 1984 (“Armed Career Criminal Act of 1984″), prohíbe la posesión de armas de fuego a ciertas personas: convictos de delitos graves, personas que se encuentran es instituciones mentales y usuarios de drogas. La pena máxima para dicho delito es de 10 años. Pero si el violador de dicha ley posee tres o más convicciones por una ofensa seria de drogas o un delito violento, la ley le aumenta la pena a 15 años mínimos de cárcel. La ley posee en la sección §924(e) (2) (B) la definición de delito violento, y dicha definición posee la síguete frase: “or otherwise involves conduct that presents a serious potential risk of physical injury to another“.

Dicha frase se le conoce como la cláusula residual y ha causado que el Tribunal Supremo federal la haya interpretado en cuatro ocasiones. Se ha determinado que cobija un intento de apropiación ilegal, James v. United States, 550 U. S. 192 (2007); no incluye manejar un vehículo bajo influencia de alcohol, Begay v. United States, 553 U. S. 137 (2008); no incluye el no reportarse a una institución penal, Chambers v. United States, 555 U. S. 122 (2009); y si cobija el delito de darse a la huida en un vehículo de motor de la policía, Sykes v. United States, 564 U. S. 1 (2011).

Samuel Johnson posee un robusto record criminal. En el año 2010, el Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) inició una investigación contra el Sr. Johnson por alegada participación en organizaciones que invocan la supremacía blanca y existía sospecha de un posible acto de terrorismo. Samuel Johnson le confesó a un oficial encubierto que había planes de instalar explosivos que él había manufacturado en el consulado mexicano del estado de Minnesota, así como en algunos comercios. Este le mostro al agente encubierto un rifle Ak-47, varias armas semiautomáticas y municiones. Luego del arresto, Samuel Johnson se declaró culpable de poseer un arma de fuego en violación a la sección 922(g).

El estado solicitó la pena mínima de 15 años, al amparo de la Ley del Criminal de Carrera Armado de 1984, debido a que Samuel Johnson posee más de tres ofensas. Una de estas fue la posesión ilegal de una escopeta recortada. El Sr. Johnson alegó que el Tribunal federal de Distrito accedió y lo condenó a 15 años de cárcel. El Tribunal para el Octavo Circuito confirmó. Inconforme nuevamente, el señor Johnson acudió al Tribunal Supremo.

La controversia del presente caso es la siguiente: ¿Constituye un crimen violento, para propósitos de la Ley del Criminal de Carrera Armado de 1984, el poseer una escopeta con el cañón recortado?

El Hon. Antonin Scalia emitió la opinión del Tribunal. Manifestó que la cláusula residual es inconstitucional por vaguedad por violar el debido proceso de ley preservado en la Quinta Enmienda. Indicó que la sección §924(e) (2) (B) no provee una notificación justa al acusado de la conducta proscrita e invita a juicios arbitrarios por parte de los jueces para determinar que constituye una conducta de riesgo y cual no. Argumentó que uno de los elementos de la cláusula residual es que la conducta produzca un riesgo potencial de daño física y el estatuto no indica como determinar dicho riesgo. Esto provocó que los tribunales descansaran en fuentes disímiles para determinar dicho elemento del delito.

Reseña por Joel Pizá Batiz

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