Un tribunal federal de apelaciones falló en contra de una joven que fue secuestrada por un convicto violador en libertad condicional, determinando que los oficiales de libertad condicional no son responsables de los daños sufridos por la víctima aunque fallaron en supervisar adecuadamente a su captor.
El caso en cuestión es el de Jaycee Lee Dugard, una joven que fue secuestrada a los 11 años mientras iba de camino a la parada del autobús que la llevaría a su escuela. Dugard estuvo desaparecida desde el 1991 hasta el 2009, cuando fue encontrada bajo la custodia de Phillip Garrido, un ofensor sexual convicto, quien durante los 18 años en que la mantuvo en cautiverio la violó repetidamente, embarazándola en dos ocasiones.
Phillip Garrido y su esposa Nancy Garrido fueron arrestados y acusados del secuestro y restricción de libertad de Jaycee Lee Dugard. En abril de 2011 se declararon culpables del secuestro y violación de la joven. Un mes después, Phillip Garrido fue sentenciado a 431 años de prisión, mientras que su esposa fue condenada a 36 años.
El 22 de septiembre de 2011, Dugard presentó una demanda en el Tribunal Federal de Distrito para el Distrito Norte de California, alegando que el gobierno no vigiló adecuadamente a Phillip Garrido cuando este se encontraba bajo libertad condicional federal. Dugard alegó en su demanda que los funcionarios de libertad condicional debieron haberle encarcelado a Garrido por en sinnúmero de violaciones de libertad condicional que precedió a su secuestro, incluyendo dar positivo a drogas y alcohol.
A pesar de documentación existente que explicaba que Garrido era sexualmente violento bajo los efectos de drogas, un oficial de libertad condicionada falló en reportar cerca de 70 violaciones relacionadas con el uso de sustancias controladas.
El Tribunal de Apelaciones para el Noveno Circuito de los Estados Unidos, que falló en contra de Dugard, dictaminó —en una decisión 2-1—que Dugard no fue víctima de Garrido en el momento en que este fue puesto bajo la supervisión federal de libertad condicional y que no había manera de anticipar que se convertiría en su víctima. Como resultado de ello, las autoridades federales en California no tenían la obligación de protegerla ni de él ni de de otros miembros del público en general. En una opinión disidente, el juez William E. Smith dijo que la mayoría había analizado incorrectamente el caso de Dugard.
“Mientras que nuestros corazones están con Dugard, la ley no”, explica la determinación, según reportó el periódico Los Angeles Times.
La decisión del tribunal estuvo basada en la Ley de Reclamaciones Torticeras Federales (FTCA por sus siglas en inglés) y en varios casos de California. Según la mayoría de la curia, los tribunales estatales han limitado la responsabilidad de los centros de rehabilitación criminales privados y esas limitaciones aplican a las autoridades federales de libertad condicionada.
“Limitar la responsabilidad de los oficiales involucrados en la liberación y rehabilitación de los ofensores criminales, es consistente con las políticas de California que promueven la rehabilitación así sea para agencias pública o privadas por igual”, explica la opinión.
El juez Smith disintió expresando que la mayoría se basó –de forma errónea— en casos de centros privados, y que en lugar de ello debió haber seguido una línea diferente de jurisprudencia que impone obligaciones legales a algunas partes de advertir sobre individuos peligrosos.
“La imposición de responsabilidad aumentaría la probabilidad de que los agentes realicen sus funciones, lo que su vez aumentaría el apoyo a programas alternativos de rehabilitación”, escribió el juez.