La asignación de abogados de oficio en casos penales vs. la representación efectiva de acusados en Puerto Rico

La asignación de abogados de oficio en casos penales vs. la representación efectiva de acusados en Puerto RicoI. Introducción

Muchos abogados y acusados se cuestionan si la asignación por parte del Estado en casos penales, comúnmente llamado “casos de oficio” realmente garantiza una adecuada representación legal a los acusados en dicho proceso. Letrados también sufren económicamente por dichas asignaciones de oficio, ya que descuidan considerablemente su práctica privada para atender estos casos. Esto resulta inexorablemente en un golpe económico a la clase togada del País que trabaja en la práctica privada, en comparación con los salarios ya asignados por Ley a fiscales y jueces en nuestro sistema judicial. Es por estas razones que los invito a reflexionar sobre esta dura realidad ante la información que aquí les comparto.

Sabido es que en Puerto Rico se ha sostenido que aunque el derecho a asistencia de abogado es de rango constitucional, no es uno absoluto ni ilimitado. Se ha resuelto que dicho derecho se extiende únicamente a las etapas críticas del procedimiento criminal. Pueblo v. Rivera, 167 D.P.R. 812, 816 (2006). Nuestro Tribunal Supremo ha determinado que una etapa crítica del proceso criminal es aquella en que existe una posibilidad real de que pueda causarse un perjuicio sustancial al acusado. Pueblo v. Tribunal Superior, 96 D.P.R. 397, 399 (1968). Ese derecho se ha reconocido en la etapa investigativa cuando ésta toma carácter acusatorio, en el acto de lectura de acusación, durante el juicio, al dictarse sentencia y en la etapa apelativa. Pueblo v. Ortiz Couvertier, supra, a la pág. 892; Ramos Acevedo v. Tribunal Superior, 133 D.P.R. 599, 609 (1993).

La obligación de proveer servicios legales de oficio a los indigentes no es exclusiva del Estado, ésta recae también sobre los abogados. In re Rodríguez Santiago, 157 D.P.R. 26, 31 (2002); In re Pérez Rodríguez, 115 D.P.R. 810, 811 (1984); In re Carreras Rovira y Suárez Zayas, 115 D.P.R. 778, 788 (1984). Cónsono con ello, el Canon 1 de los Cánones de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX, obliga a los abogados a luchar continuamente para garantizar que toda persona tenga acceso a una representación capacitada, íntegra y diligente de un miembro de la profesión legal; establece que el abogado debe aceptar y llevar a cabo toda encomienda razonable dirigida a rendir servicios legales gratuitos a indigentes, y principalmente en lo que respecta a la defensa de acusados.

Esta obligación surge de manera implícita de la naturaleza y función eminentemente pública de la profesión legal, la cual es asumida voluntaria y libremente por todo aspirante al ejercicio de la abogacía. El abogado, al ser admitido al ejercicio de la profesión, se convierte en un ministro ordenado de la justicia, por lo que al ser requerido por un tribunal no debe negar sus servicios a los indigentes. Véase, Pueblo v. Morales, 150 D.P.R. 123, 132-133 (2000); Ramos Acevedo v. Tribunal Superior, supra, a la pág. 613.

II. “Abogados de oficio” en Puerto Rico

Con miras a asegurar un justo y uniforme descargo de esta obligación, se aprobó el “Reglamento para la Asignación de Abogados y Abogadas de Oficio en Procedimientos de Naturaleza Penal (mayo de 2008)”, 4 L.P.R.A. Ap. XXVIII-A. Relacionado al alcance y extensión del mencionado Reglamento, en la Regla 2 se pormenoriza lo siguiente:

[. . .]

Estas reglas aplicarán en todo procedimiento de naturaleza penal incoado en la jurisdicción del Estado Libre Asociado de Puerto Rico al cual sea aplicable el derecho constitucional a asistencia de abogado o abogada.

Se asignará un abogado o una abogada de oficio sólo cuando la persona sometida a tal procedimiento sea indigente y no pueda ser representada por la Sociedad para Asistencia Legal, o por la entidad sin fines de lucro designada para representar menores de edad, o por cualquier entidad análoga competente, y no haya renunciado expresamente a su derecho a asistencia de abogado o abogada.

Una vez realizada la designación de oficio, el abogado o abogada sólo podrá ser relevado de la designación si cumple con lo dispuesto en el Canon 20 de los de Ética Profesional. Cualquier abogada o abogado contratado privadamente deberá también cumplir con lo dispuesto en el Canon 20 antes mencionado, previo a solicitar el relevo de la representación legal.

El tribunal desalentará los relevos automáticos de representación legal al inicio de los procedimientos y la representación legal fraccionada por etapas.

[. . . ]

Sobre la duración de la designación del abogado de oficio, en la Regla 14 del Reglamento para la asignación de abogados se establece que:

[. . .]

El abogado o la abogada de oficio prestará sus servicios a la persona indigente ante el foro correspondiente a través de todo el procedimiento, incluidas las etapas apelativas, si las hubiere.

El abogado o la abogada de oficio que por cualquier razón, incluyendo su falta de experiencia en las etapas apelativas, no pueda cumplir con la designación en esas etapas, así lo informará al tribunal para que asigne un nuevo abogado o abogada de oficio para el proceso apelativo. En tal caso, el abogado o la abogada de oficio original tendrá la obligación de preparar la Exposición Narrativa de la Prueba cuando la misma se requiera y asistirá en la prestación de sus servicios al nuevo abogado o abogada de oficio que se designe.

[. . . ].

Véase cita original, Pueblo v. Luciano, T.A. Núm. KLCE201400645, a las págs. 9-10 (15 de mayo de 2014).

Ahora bien, ¿esta asignación de casos de oficio es efectiva? ¿Garantiza el debido proceso de ley de los acusados? ¿Los abogados son en alguna forma remunerados por sus honorarios o gastos incurridos? La respuesta es que no. Hay mucho por mejorar en nuestro sistema judicial.

Por ejemplo, en In Re Dávila Toro, 179 D.P.R. 833, 845 (2010), al Querellado se le imputaron violaciones a los Cánones 9 y 18 de Ética Profesional, supra, por presentar fuera de término un recurso de apelación de un caso de oficio. El licenciado Dávila Toro argumentó que no creía en la apelación por esta carecer de mérito alguno. Sin embargo, el Tribunal Supremo concluyó que:

[…]

[E]s evidentemente que el licenciado Dávila Toro incurrió en violación al Canon 18 de Ética Profesional. Recalcamos que el estándar de conducta exigible a los abogados que atienden casos de oficio es idéntico a si se tratara de un abogado que ha sido escogido libremente por el acusado. Una vez el licenciado Dávila asumió la representación del querellante, éste tenía una obligación ética de preservar el derecho de apelación del acusado, independientemente de que éste entendiese que no iban a prevalecer en la apelación.

Id., a la pág. 845-846.

Es decir, según nuestro Tribunal Supremo, aunque no creas en una apelación, si estás asignado de oficio en un caso penal y no has sido relevado del mismo, eres éticamente responsable por presentar el recurso ante el Tribunal de Apelaciones. Esto contrasta grandemente con lo dispuesto en el Canon 26 del Código de Ética Profesional, el cual establece que, de ordinario, ningún abogado tiene la obligación de representar a determinado cliente. Por lo tanto, todo abogado tiene derecho a aceptar o rechazar una representación profesional, por lo que en su gestión debe obedecer siempre a los designios de su propia conciencia y no los de su representado.

III. “Innefective Assistance of Counsel”, ¿existe en Puerto Rico?

Ahora bien, comparemos nuestro sistema de asignación de abogados de oficio con la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Estados Unidos. En dicho foro se ha establecido un análisis de dos requisitos para determinar si un confinado ha sufrido violaciones a la Sexta Enmienda de la Constitución Federal al no tener representación adecuada en el proceso criminal en su contra. De determinarse que en efecto hubo una violación a la Sexta Enmienda de la Constitución Federal, lo que comúnmente se denomina “innefective assistance of counsel”, dicho confinado puede, luego de agotar los remedios, solicitar un habeas corpus ante el Tribunal Federal para el Distrito que aplique, en las modalidades de nuevo juicio, y/o nueva apelación o “fresh appeal”.

Generalmente, según el caso Strickland v. Washington, 466 U.S. 668, 687 (1984), un confinado debe establecer que la representación legal fue por debajo del estándar objetivo de razonabilidad, y que la forma deficiente en que laboró su representación legal fue lo que ocasionó que fuera perjudicado. De hecho, este estándar aplica tanto en el Tribunal de Primera Instancia como en las etapas apelativas del caso. Es decir, incluye juicio, alegación de culpabilidad -si aplica-, sentencia y/o apelación. Véase también, Hill v. Lockhart, 474 U.S. 52, 57 (1985); Bonneau v. United States, 961 F.2d 17, 20-22 (1st Cir. 1992); United States v. Tajeddini, 945 F.2d 458, 468-69 (1st Cir. 1991); cf. Panzardi-Alvarez v. United States, 879 F.2d 975, 982 (1st Cir. 1989); López-Torres v. United States, 876 F.2d 4, 5 (1st Cir. 1989).

En Butcher v. Marques, 758 F. 2d 373, 376 (9th Cir. 1975), el Noveno Circuito dijo y citamos “[i]n habeas corpus proceedings there is a strong presumption that counsel rendered adequate assistance and exercised reasonable professional judgment in making significant decisions.” Es decir, le asiste una presunción de razonable y adecuada representación legal al abogado/a que se le impute “ineffective assistance of counsel” por alegada violación a la Sexta Enmienda de la Constitución Federal.

El Tribunal Supremo de Estados Unidos añade en Roe v. Flores-Ortega, 528 U.S. 470, 483-84 (2000):

In this case, the Supreme Court held that the ineffective assistance of counsel test in Strickland v. Washington, 466 U.S. 668, 104 S.Ct. 2052 (1984) applies to claims that counsel was constitutionally ineffective for failing to file a notice of appeal on behalf of a convict. Flores-Ortega, 528 U.S. at 477. The now familiar test that was established in Strickland in order to evaluate a claim for ineffective assistance of counsel involves determining whether counsel’s representation fell below an objective standard of reasonableness and whether counsel’s deficient performance prejudiced the defendant. See Strickland, 104 S.Ct. at 2052. The Flores-Ortega Court also cited Strickland for the contention that the performance inquiry must be whether counsel’s assistance was reasonable considering all the circumstances. Flores-Ortega, 528 U.S. at 478, quoting Strickland, 104 S.Ct. at 2052. In particular, the Flores-Ortega Court held that, in cases like the one presented by this appeal, where the defendant claims his counsel failed to appeal his conviction in disregard of the defendant’s specific instructions to do so, a lawyer who disregards such specific instructions to appeal acts in a manner that is professionally unreasonable. Flores-Ortega, 528 U.S. at 477. Moreover, and of most relevance to the question in which this Court has expressed interest, the Flores-Ortega Court held that where counsel’s error leads to the forfeiture of a proceeding itself, as when there is a failure to appeal at all in spite of instructions to the contrary, prejudice will be presumed and the petitioner will be entitled to a new appeal without showing that his appeal would likely have had merit.

[Emphasis added].

Tal y como explica el caso Roe v. Flores-Ortega, supra, tuvo que haber una expresión inequívoca y directa de que se apelara una Sentencia de convicción por parte del convicto a su representación legal. De ser así, el Estado tendrá que ya sea, allanarse previo a una vista evidenciaria en el Tribunal Federal para el Distrito aplicable, o demostrar prueba en contrario sobre tal seria aseveración. La consecuencia directa es, en términos prácticos, que de determinarse que hubo “innefective assistance of counsel”, se ordenará luego de los trámites apelativos correspondientes, a que se celebre un nuevo juicio o una apelación nueva, o “fresh appeal”. Mi experiencia cuando trabajé estos casos representando al Estado fue, en términos prácticos, que pueden transcurrir años o inclusive décadas, lo que imposibilitaría demostrar en un juicio en su fondo la convicción más allá de duda razonable, ya sea porque se extravía la evidencia, por falta de testimonios, entre otras situaciones; por ejemplo. Por consiguiente, el Estado debe ser bien cuidadoso en este tipo de situaciones ya que la práctica de confinados en Puerto Rico ha sido, recurrentemente, utilizar el argumento de “innefective assistance of counsel” para circunvalar el sistema y provocar, artificialmente, se celebre un nuevo juicio décadas después de la convicción original, teniéndo el Estado la dificultad de volver a probar un caso nuevamente más allá de toda duda razonable.

IV. Recomendaciones

Entonces, ¿qué podemos hacer para salvaguardar el derecho a representación legal efectiva en casos penales y a su vez compensar a los abogados adecuadamente por sus gestiones?

Sugiero que la Rama Judicial establezca un programa de mentoría entre abogados de 5 años de experiencia en el ámbito penal a nivel de primera instancia y a nivel apelativo y los de recién ingreso con un mínimo de 1 año en la profesión. A su vez, se podría destinar alguna partida por aranceles y/o sellos de radicación –por ejemplo- para compensar a ambos por hora, tanto a los abogados experimentados como los de recién ingreso. La Rama Judicial por conducto de la Administración de Tribunales sería quien manejaría dichos pagos.

Además, la Rama Judicial debería ofrecer cursos de educación jurídica continua a los abogados de oficio de forma gratuita, de manera no tengan que incurrir en gastos adicionales y puedan perfeccionar sus habilidades tanto a nivel de instancia como a nivel apelativo.

Todas estas ideas ya han sido adoptadas en otras jurisdicciones. Es decir, la rueda está inventada, solo hay que ponerla a correr ahora porque nuestro sistema necesita una reforma urgente. El latente problema de posibles violaciones a los Cánones de Ética de los abogados por no estar adecuadamente preparados en este tipo de casos penales y las posibles violaciones al derecho constitucional a una adecuada representación legal tienen que ser resueltos de manera profunda y asertiva ante la crisis social y económica que nos enfrentamos. Si pretendemos tener una sociedad de primera, debemos destinar los recursos a uno de los pilares esenciales de cualquier democracia organizada, el debido proceso de ley y la adecuada representación legal en casos criminales. Ahora le toca el turno a los abogados y abogadas que lean este artículo a trabajar mano a mano con la Rama Judicial de forma responsable y con metas definidas a corto y largo plazo. De lo contrario, no pretendamos ser una sociedad del mal llamado “primer mundo”. Todavía estamos a tiempo. A trabajar.

por el Lcdo. José Enrico Valenzuela

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