El gobernador Ricardo Rosselló Nevares firmó este fin de semana la Ley de Emergencia Financiera y Responsabilidad Fiscal de Puerto Rico (Ley Núm. 5 de 2017), estatuto que envía un mensaje claro de que el Gobierno dará los servicios a la ciudadanía, cumplirá con la Constitución de Puerto Rico y negociará de buena fe con sus acreedores.
Este estatuto –la Ley 5 de la administración Rosselló Nevares– persigue identificar lo que son los servicios esenciales pero reconociendo que en la medida que se pueda se cumplirá con las responsabilidades del pago de la deuda con nuestros acreedores, pensionados y cooperativistas.
“La Ley de Cumplimiento para los asuntos fiscales en Puerto Rico representa un cambio de filosofía significativo con la previa administración que tenía una ley de impago. Esta nueva ley permite –basado en los recursos que tiene Puerto Rico– cumplir con aquellos que han invertido en la Isla, pero también dejando claro que nuestra prioridad es el pago de los servicios esenciales”, sostuvo Rosselló Nevares.
“Con esta ley le demostramos al mundo entero que Puerto Rico nuevamente tiene credibilidad, pero a base de la evidencia, los datos y el capital que tememos accesible”, agregó el mandatario.
De acuerdo a la Sección 201 y 203, la ley identifica que durante la emergencia el gobernador pagará la deuda en la medida en que se puedan proveer los servicios esenciales como salud, seguridad y bienestar general a la población, que incluye la educación y la asistencia a nuestros residentes.
Asimismo, esta ley dispone la paralización de litigios mientras se encuentre en efecto la paralización (stay) que provee la ley federal PROMESA.
El periodo de emergencia que establece esta ley es hasta el 1 de mayo de 2017 y se puede extender por un periodo adicional de tres meses.