La representante María M. Charbonier Laureano radicó el Proyecto de la Cámara 654, que enmendaría la Ley de Sustancias Controladas de Puerto Rico con el fin de enmendar las penas de reclusión y sus disposiciones sobre la posesión de la marihuana.
Reza la exposición de motivos de la medida:
[…] Estas disposiciones de nuestro ordenamiento, aunque dirigidas a combatir el uso y trasiego de sustancias controladas como estrategia principal para combatir la criminalidad, también deben ser evaluadas en contexto de las tendencias internacionales dirigidas a ajustar las penas impuestas por el consumo de determinadas sustancias en cantidades reguladas como medida para combatir la actividad criminal relacionada con éstas. Estas tendencias no necesariamente implican la legalización de las sustancias controladas, sino desligar los problemas de drogodependencia y consumo del enfoque punitivo (la sanción penal). Desde esta perspectiva, se propone imponer multas administrativas escalonadas para las primeras tres (3) infracciones de posesión simple de marihuana a fines de atemperar nuestro ordenamiento jurídico a dichas tendencias.
Entre las enmiendas, se encuentra:
Será ilegal el que cualquier persona, a sabiendas o intencionalmente, posea alguna sustancia controlada, a menos que tal sustancia haya sido obtenida directamente o de conformidad con la receta u orden de un profesional actuando dentro del marco de su práctica profesional, o excepto como se autorice en este capítulo. Toda persona que viole este inciso incurrirá en delito grave y convicta que fuere será castigada con pena de reclusión por un término fijo de [tres (3) años] un (1) año y seis (6) meses. De mediar circunstancias agravantes, la pena fija establecida podrá ser aumentada hasta un máximo de [cinco (5)] dos (2) años; de mediar circunstancias atenuantes, podrá ser reducida hasta un mínimo de [dos (2) años] doce (12) meses. El tribunal, a su discreción, podrá imponer, en adición a la pena de reclusión, una pena de multa que no excederá de cinco mil (5,000) dólares. Si la persona comete tal delito después de una o más convicciones previas, que sean firmes, bajo este inciso, incurrirá en delito grave y convicta que fuere será sentenciada a pena de reclusión por un término fijo de [seis (6)] tres (3) años. De mediar circunstancias agravantes, la pena fija establecida podrá ser aumentada hasta un máximo de [diez (10)] cinco (5) años; de mediar circunstancias atenuantes, podrá ser reducida hasta un mínimo de [cuatro (4) años] dos (2) años y seis (6) meses.
De aprobarse las enmiendas a la Ley, las penas no serán aplicable a la posesión de hasta dos (2) gramos de marihuana.