Gobernador presenta legislación para eliminar Fondo Electoral; Senador riposta que puede ir más allá

El gobernador Ricardo Rosselló Nevares anunció que durante el día de hoy estará enviando a la Asamblea Legislativa un proyecto que elimina la aportación gubernamental al Fondo Electoral del cual los partidos políticos se benefician para costear gastos administrativos.

El primer ejecutivo indicó que “el presupuesto para el próximo año fiscal no contempla las asignaciones a los partidos políticos por concepto del Fondo Electoral”.

“En el día de hoy, estamos enviando legislación para enmendar la Ley 222-2011 para que se refleje ese cambio de política pública de mi Administración”, agregó.

La Ley para la Fiscalización del Financiamiento de Campañas Políticas en Puerto Rico, Ley 222-2011, dispone la asignación de $400,000 en años no eleccionarios y $600,000 en años eleccionarios para gastos administrativos para cada partido político. Esa cantidad representaría un gasto de $1.2 millones este año y más de $1.6 millones en el año 2016.

Ante el envío hoy a la Legislatura por parte del Gobernador, el Portavoz senatorial del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Juan Dalmau Ramírez, señaló que la eliminación de dicho subsidio es una iniciativa correcta, pero insuficiente.

“La iniciativa va en la dirección correcta, pero se queda corta. Hay que ir más lejos. Si realmente se quiere responder a la realidad de la crisis económica y fiscal actual del país, no sólo se debe eliminar el Fondo Electoral, sino que se debe eliminar también el multimillonario sistema del pareo para el financiamiento de las campañas políticas y el subsidio de transportación de electores en eventos electorales”, subrayó el también Secretario General y ex Comisionado Electoral del PIP.

“Más aún, es importante acompañar estas medidas con otras. Por ejemplo: 1) reducir y restringir las contribuciones privadas de individuos y corporaciones a partidos y campañas políticas; 2) prohibir a contratistas o miembros de las juntas directivas de empresas contratantes con el gobierno donar dinero a partidos y candidatos; 3) se tiene que reducir el periodo de campaña electoral en los medios de comunicación; 4) utilizar el sistema de radio y televisión pública -WIPR- como medios de orientación e información programática de los partidos a la ciudadanía”, expresó.

“Si no se adoptan todas estas medidas restrictivas no sólo será muy limitado el ahorro de fondos públicos, sino que, además, el partido de gobierno recibirá -sin fiscalización ni restricciones- aportaciones exorbitantes del inversionismo político, que es el germen de la corrupción gubernamental”, concluyó el Portavoz Senatorial del PIP.

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