Supremo reitera cómo se puede notificar un recurso de certiorari a través de un negocio privado autorizado por el Servicio Postal de EEUU

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I. Controversias
Las controversias del presente caso son las siguientes: (1) ¿Cómo se puede evidenciar que un negocio privado está debidamente autorizado por el Servicio Postal de los Estados Unidos para realizar servicios análogos a los del servicio postal?, y (2) ¿Cuándo se considera que un recurso de certiorari fue debidamente notificado cuando se utilizan negocios privados que están autorizados a enviar correspondencia a través del Servicio Postal de los Estados Unidos?

II. Opinión del Tribunal
La Hon. Anabelle Rodríguez Rodríguez emitió la opinión del Tribunal. Reiteró que la Regla 32 (C) del Reglamento establece un término jurisdiccional de treinta (30) días, siguientes a la fecha de archivo en autos de la copia de la notificación de una resolución u orden, para presentar un recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones. Por otra parte, señaló que la la Regla 33 (B) del Reglamento establece cómo se puede y debe realizar la aludida notificación.

El Tribunal Supremo recalcó que en Pérez Soto v. Cantera Pérez, Inc., 188 DPR 98 (2013), se concluyó que la notificación realizada a través de negocios privados, siempre y cuando estén debidamente autorizados por el Servicio Postal para llevar a cabo servicios análogos, es válida para cumplir con los requisitos de notificación.

Por otra parte, la Hon. Anabelle Rodríguez Rodríguez señaló que una certificación que demuestre que el negocio privado está autorizado para enviar correspondencia por el Servicio Postal de los Estados Unidos sería la prueba idónea. No obstante, ésta indicó que el análisis sobre la suficiencia de la prueba para evidenciar ese hecho debe realizarse caso a caso y que se puede demostrar dicha autorización través de prueba circunstancial.

En el presente caso, la señora Montañez Leduc presentó la siguiente evidencia: (1) que adquirió de la Farmacia productos oficiales del Servicio Postal, a saber, sellos denominados como Priority Mail 1-Day; (2) surge del Product & Tracking Information, el cual fue impreso del portal electrónico oficial del Servicio Postal, el registro de los sellos comprados para cada comunicación mediante una entrada denominada como Shipping label created, y (3) se puede constatar de los Domestic Return Receipts, que las referidas comunicaciones llegaron a los representantes legales del señor Robinson Santana.

Por otra parte, la Hon. Anabelle Rodríguez Rodríguez reiteró que en función de la decisión en el caso Pérez Soto, la fecha de depósito en negocios privados, debidamente autorizados para enviar correspondencia por el Servicio Postal de los Estados Unidos, debe ser aquella donde el remitente entrega la comunicación a ser enviada y paga la cuantía correspondiente para realizar el envío.

En síntesis, el Tribunal Supremo de Puerto Rico revocó al Tribunal de Apelaciones al colegir que la señora Montañez Leduc utilizó la Farmacia Puerta de Carolina, negocio debidamente autorizado por el Correo Postal de los Estados Unidos para ofrecer productos y servicios postales, para realizar la notificación del recurso de certiorari. Además, realizó el depósito de las notificaciones dentro del término de treinta (30) días, así cumpliendo con las disposiciones de la Regla 33 del Reglamento.

III. Suplemento fáctico
En enero de 2014, la Sra. Nivia Montañez Leduc presentó una demanda sobre liquidación de bienes gananciales en contra del Sr. Alexander Robinson Santana y AKA Electrical & Engineering Contractor, Inc. Luego, el 7 de julio de 2015, la Sra. Montañez Leduc solicitó la descalificación de la Lcda. Mayra Rotger Meléndez y el Lcdo. Arturo González Martín. En síntesis, planteó que los representantes legales del Sr. Robinson Santana actuaron, en el pasado, como abogados y notarios de AKA Electrical. El Tribunal de Primera Instancia denegó la descalificación y la moción de reconsideración de la Sra. Montañez Leduc.

Inconforme, la parte demandante acudió al Tribunal de Apelaciones el 17 de marzo de 2016 a las 7:16 p.m. mediante un recurso de certiorari. Además, el 23 de marzo de 2016, Montañez Leduc presentó una urgente moción en auxilio de jurisdicción y solicitud de paralización de los procedimientos hasta que se atienda la solicitud de remedios en favor de menores. El 29 de marzo de 2016, el Tribunal de Apelaciones notificó una resolución en la que, en lo pertinente, le concedió a la Sra. Montañez Leduc hasta el 30 de marzo de 2016 para acreditar que notificó al Sr. Robinson Santana los escritos presentados de conformidad con las Reglas 33 y 37 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones.

A esos efectos, ese mismo día, la Sra. Montañez Leduc presentó una moción en cumplimiento de orden. En ésta, acreditó haber notificado el recurso de certiorari, tanto a la Lcda. Mayra Rotger Meléndez como al Lcdo. Arturo González Martín, por correo certificado. Incluyó copia de dos (2) Domestic Return Receipts en los que se constata que ambos abogados recibieron la notificación los días 22 y 23 de marzo de 2016. No obstante, la Sra. Montañez Leduc admitió que, por inadvertencia, no realizó la notificación simultánea con relación a la moción en auxilio de jurisdicción.

El Sr. Robinson Santana compareció y arguyó que no había recibido la notificación de la moción en auxilio de jurisdicción, por lo que se incumplió con la Regla 79 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones. El 1 de abril de 2016, el Tribunal de Apelaciones desestimó el recurso de certiorari y la moción en auxilio de jurisdicción. El Tribunal de Apelaciones concluyó, referente a la moción en auxilio de jurisdicción, que no se realizó la notificación simultánea y tampoco se ofreció justa causa para el incumplimiento con el requisito reglamentario. Con relación al recurso de certiorari, el Tribunal de Apelaciones determinó que la Sra. Montañez Leduc tenía hasta el 18 de marzo de 2016 para presentar el recurso. No obstante, el mismo fue presentado el 19 de marzo de 2016.

La Sra. Montañez Leduc presentó una reconsideración, solicitud de paralización de los procedimientos y moción en auxilio de jurisdicción. Adujo que incluyó prueba adicional a la que anejó originalmente en la moción en cumplimiento de orden para evidenciar que realizó la notificación del recurso de certiorari dentro del término establecido para ello. Para sostener lo antes mencionado, anejó un recibo de la Farmacia Puerta de Carolina, de 17 de marzo de 2016 a las 9:16 p.m., del que surge el pago de franqueo para dos (2) comunicaciones. También, sostuvo que en Pérez Soto v. Cantera Pérez, Inc., 188 DPR 98 (2013), la notificación realizada a través de este servicio privado fue válida, pues es irrelevante el mecanismo para realizar la notificación.

El Tribunal de Apelaciones notificó una resolución mediante la cual proveyó no ha lugar a la reconsideración. Inconforme nuevamente, la Sra. Montañez Leduc acudió al Tribunal Supremo de Puerto Rico.

por Joel Pizá Batiz

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