¿Llegó el fin de la litigación contra el Estado? (Parte II)

por el Lcdo. Donald R. Milán Guindín

Así también, se exhorta al foro apelativo intermedio a proceder con mayor cautela en el contexto de la quiebra gubernamental aquí envuelta y la paralización de pleitos en virtud de la Ley PROMESA. Vean 2017 TSPR 145 y 2017 TSPR 144.

He decidido abrir esta nota de continuación con lo que entiendo es una firme expresión de nuestro Tribunal Supremo en dos recientes opiniones Per Curiam en las cuales levantó la paralización impuesta por los Tribunales inferiores en pleitos relacionados a la adjudicación de permisos gubernamentales (2017 TSPR 145) y la revisión de decisiones con relación a: (1) la Junta de Libertad bajo Palabra; (2) clasificación de custodia; (3) solicitud de terapias; (4) evaluación de plan institucional; (5) impugnación de sanciones; (6) adjudicación de bonificaciones; y (7) retención de pertenencias incautadas durante un cateo (2017 TSPR 144). Se podría concluir, entonces, que no ha llegado completamente el fin de la litigación contra el Estado.

En la nota anteriormente publicada nos habíamos quedado en la espera de recibir las determinaciones de los Tribunales de Instancia en cuanto a las peticiones de paralización presentadas. Para mi sorpresa no todos los jueces acogieron de igual manera las peticiones. Algunos, sin requerir evidencia de la presentación de la petición de quiebra a nivel federal, archivaron administrativamente los casos. Otros jueces rechazaron primeramente la petición y requirieron la presentación de evidencia sobre la petición de quiebra. Empero, la gran mayoría de los casos contra el Estado quedaron archivados administrativamente, algunos más rápido que otros.

Uno podría entender, examinando las secciones aplicables del Código federal de Quiebras, que todo caso que implique una reclamación monetaria contra el Estado deba quedar paralizado por el momento. Sin embargo, resulta hasta ilógico pensar que un asunto que involucre una Sentencia Declaratoria, asuntos relacionados al derecho hipotecario o pleitos donde se esté solicitando la rescisión de un contrato o el cumplimiento específico sin peticionar daños y perjuicios, por mencionar algunos ejemplos, sufran de la paralización o archivo administrativo. Personalmente, conozco de compañeros con casos como los anteriormente citados que fueron paralizados inmediatamente.

Antes de todo este asunto de PROMESA, la paralización y la crisis económica, era sumamente complicado litigar contra el Estado; las propias Reglas de Procedimiento Civil le dan un tratamiento distinto como litigante. Tanto así, que los jueces abiertamente conceden términos mucho mayores para el cumplimiento de cualquier tarea en exceso de los que dictan las normas procesales. La excusa del Estado era: “Usted sabe Juez es que somos Gobierno, es difícil obtener tal cosa”. Me atrevo a decir que aún esos casos donde la paralización ha quedado sin efecto el Estado continuará utilizando la paralización que alegadamente existe para retrasar cualquier trámite. La expresión será ahora: “Juez aunque el Supremo levantó la paralización en este caso a nivel interno no nos permiten hacer nada” o “Esos papeles no los puedo entregar, PROMESA no lo permite”. El tiempo nos dirá.

Los dos casos citados al inicio brindan esperanza para los litigantes y sus abogados; el Tribunal Supremo tendrá que jugar un papel crucial en todo lo relacionado a la paralización, ciertamente siendo un tema sin precedente a nivel local la incertidumbre y la falta de remedios aplicables obligarán a los abogados a litigar fuertemente sus casos. A los litigantes que lograron levantar la paralización, mis felicitaciones.

En la próxima nota de continuación examinaremos el movimiento de los casos donde quedó sin efecto la paralización y cualquier novedad relacionada.

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