Luego de que todas las delegaciones del Senado votarán en contra hoy a un proyecto del Ejecutivo que le delegaba al gobernador poderes legislativos y judiciales, el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, reiteró que defenderá los poderes constitucionales de la Asamblea Legislativa, incluyendo, de ser necesario en los tribunales.
“Lo que yo no aceptaría es que el gobernador renuncie sus facultades constitucionales. Por eso combatí y critiqué la Junta (de Supervisión Fiscal) (JSF) defendiendo las facultades del gobernador. No le puedo permitir al Ejecutivo ni a nadie que quite las facultades de la Asamblea Legislativa ante cualquier foro y en cualquier circunstancia… Juré defender la Constitución de Puerto Rico que establece un sistema republicano de Gobierno”, dijo Rivera Schatz en conferencia de prensa en alusión al derrotado Proyecto de Administración 655 al mismo tiempo que destacó tener una relación “excelente” con el gobernador, Ricardo Rosselló Nevares.
“Crear una Oficina, nominar a una persona que actuaría como un jefe de agencia, asignar presupuesto, enmendar reglamentos, tomar decisiones y distribuir fondos (federales, privados y de cualquier entidad gubernamental) sin la intervención de la Asamblea Legislativa, agrede la Constitución”, dijo Rivera Schatz a los medios de comunicación no sin antes reiterar que estas observaciones se las presentó al gobernador, Ricardo Rosselló Nevares porque “eso no se sostenía”. Por esta razón, comentó que la Orden Ejecutiva (OE) recién firmada por el gobernador que crea la Oficina Central de Recuperación y Reconstrucción se puede revisar y ajustar de acuerdo a los parámetros constitucionales.
El líder senatorial informó que la Cámara de Representantes presentaría un informe negativo de la medida.
Rivera Schatz explicó que mediante una OE no se puede derogar una ley habilitadora. En torno al Proyecto de Emergencia dijo que desde un principio presentó sus preocupaciones al gobernador. Sin embargo, informó que está trabajando una medida para atender emergencias tras el paso de un huracán.
El presidente senatorial destacó que esta mañana presentó sus preocupaciones al representante del gobernador en la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), Christian Sobrino.
El Proyecto de Administración 655 crearía la Ley para Atender Emergencias y Desastres en Puerto Rico con poderes ejecutivos, legislativos y judiciales. Esta medida, pretendía “reconocer las facultades y poderes del Gobernador durante un desastre o emergencia”.
Regresando a la sesión fue el propio presidente del Senado quien realizó el pase de lista y votación por cada senador. Todas las delegaciones consignaron para el récord su voto en contra. “Cero a favor y 28 en contra”, dijo el presidente senatorial al concluir el proceso de la pieza legislativa.
El Proyecto 655 también disponía, entre otras cosas, que los municipios a los que no les hubiese afectado un evento atmosférico “o que estén en mejores condiciones operacionales” deberán poner “a la disposición del Gobernador todos los recursos disponibles”, incluyendo, pero sin limitarse a, personal para lidiar con la emergencia o desastre, materiales y materia prima, equipo y servicios, documentos, información, bienes muebles e inmuebles, entre otros, sin establecer quién pagará los costos de esa sesión. Asimismo, disponía que el Departamento de Hacienda podía suspender Ordenanzas Municipales incluyendo las que estuvieran relacionadas a los arbitrios e impuestos municipales.
Rivera Schatz, exhortó el fin de semana pasado al gobernador, a través de sus redes sociales, a reconsiderar la Orden Administrativa OE-2017-65 que crea la Oficina Central de Recuperación y Reconstrucción de Puerto Rico. En ese entonces Rivera Schatz dijo que la OE “es tan constitucional como transparente y claro fue el contrato otorgado, en ruta de cancelación, de Whitefish. Ambos asuntos han provocado conflictos legales, distracciones y controversias políticas totalmente innecesarias. La Asamblea Legislativa, tan electa por el pueblo como el Gobernador, ha colaborado y trabajado en equipo con él, pero no entregará ni claudicará de sus responsabilidades. Sabemos que nuestro apreciado Gobernador y ningún otro funcionario electo tampoco abandonarían sus deberes. Eso es lo correcto y justo. Así será. Un mejor Puerto Rico es posible y juntos con nuestro Gobernador, los gobiernos municipales, nuestra Comisionada Residente, el pueblo de Puerto Rico, la Cámara de Representantes y el Senado lo lograremos”.
El senador del Partido Popular Democrático (PPD) Aníbal José Torres Torres se unió a las expresiones realizadas por Rivera Schatz. “El gobernador propone un golpe de estado y lo hace con las primeras victimas del pueblo: municipios y la Asamblea Legislativa”, dijo en su turno inicial.
“Reconozco y me pongo a la disposición para ser aliado de las expresiones que ha hecho el presidente del Senado porque tiene en mi persona un aliado en la lucha que hay que dar sobre la Asamblea Legislativa. Esta pretensión del gobernador es una pretensión ambiciosa y caprichosa de poder… Uno puede ser deferente y disciplinado pero hay que darse a respetar”, dijo el senador Torres Torres señalando la ilegalidad de la OE.
Por su parte, el portavoz de la delegación de minoría Eduardo Bhatia Gautier, reiteró que los “procesos importan. Los filtros importan. Examinar los contratos importan. Me uno a las palabras del senador Aníbal José Torres, vamos a combatir el centralismo y me uniré a cualquier miembro de la mayoría que combata el centralismo que no permita los trabajos de la Asamblea Legislativa”. En su turno inicial el senador hizo expresiones contundentes sobre la OE del gobernador y sobre el contrato, recién cancelado, entre la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y la empresa norteamericana Whitefish Energy Holdings al que definió como una “barbaridad”.
Sobre este proyecto la alcaldesa de Ponce, María “Mayita” Meléndez Altieri expresó la semana pasada en los medios de comunicación que la medida representa una amenaza a los municipios.
“Aquí quienes asumieron la respuesta inmediata a la emergencia (huracán María) fueron los municipios. Entonces, en vez de darle más poderes al gobierno central, tienen que dárselos a los municipios. Lo demostramos, los alcaldes nos echamos encima al país tras el desastre. No puede ser que ahora nos priven de los poderes que a duras penas hemos mantenido, y en este momento es menester que se consulte a la Federación y a la Asociación de Alcaldes», reiteró en un parte de prensa.
Según informes preliminares, los daños que sufrió Puerto Rico, incluyendo su infraestructura, podrían sobrepasar los $100 mil millones.