[DOCUMENTO] Gobierno de Puerto Rico demanda a la Junta de Supervisión y Administración Financiera

Lee la demanda: Ricardo A. Roselló Nevares and the Puerto Rico Fiscal Agency and Financial Advisory Authority v. The Financial Oversight and Management Board for Puerto Rico

El Gobierno de Puerto Rico presentó una demanda contra la Junta de Supervisión y Administración Financiera (JSF) con el objetivo de establecer los parámetros de injerencia de ese organismo en el presupuesto del país luego de que ese organismo decidiera imponer un plan fiscal distinto al aprobado por la Legislatura.

“Mediante esta acción judicial, los demandantes solicitan un remedio judicial declaratorio e interdictal para frustrar los intentos ilegales de la Junta de Supervisión de usurpar la autonomía y los poderes políticos y gubernamentales del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. En los últimos meses, la Junta de Supervisión ha utilizado el plan fiscal y los procesos de certificación presupuestaria contemplados por la Ley de Supervisión, Administración y Estabilidad Económica, 48 U.S.C. §§ 2101-2241 (“PROMESA”), en un intento de imponer sus preferencias políticas a la gente de Puerto Rico, microgestionar todos los aspectos de gastos presupuestarios, y ejercer el poder legislativo que la Junta no tiene,a pesar de las objeciones del gobierno electo de Puerto Rico. Los esfuerzos de la Junta exceden sus poderes legales y así debe ser aclarado por este Tribunal”, indica la introducción de la demanda.

Para el gobernador Ricardo Rosselló Nevares con su proceder los miembros de la JSF intentan “usurpar los poderes políticos y gubernamentales y el derecho a la autonomía” de esta isla del Caribe sumida en la bancarrota debido a una deuda impagable de 73 mil millones de dólares.

El Gobernador decidió firmar el presupuesto producido por la Asamblea Legislativa, para el año fiscal 2018-2019, en vigor desde el 1 de julio, en lugar del propuesto por la JSF.

La demanda también indica que es indudable que el Congreso, a través de PROMESA, otorgó autoridad a la JSF para establecer parámetros para asistir al gobierno de Puerto Rico con su responsabilidad fiscal y monitorear su progreso, así como la facultad de aprobar y certificar los planes y presupuestos fiscales propuestos tanto para el Estado como para las instrumentalidades territoriales.

La JSF también tiene la autoridad para monitorear y revisar las acciones gubernamentales para cumplir con los planes y presupuestos fiscales certificados, aunque estos poderes de cumplimiento están mucho más estrechamente circunscritos al Estado que a los organismos del Estado, como las corporaciones públicas.

“Pero un principio consistente es que la Junta de Supervisión no puede imponer sus preferencias de política al Gobierno, tanto para el Gobierno central como para los organismos individuales. La sección 205 de PROMESA le permite a la Junta de Supervisión hacer ‘recomendaciones’ sobre políticas al gobierno ‘en cualquier momento’. De modo que las recomendaciones se puedan proponer como consideraciones de políticas independientes o como parte de un plan fiscal”, acota la demanda.

“Pero incluso si se presenta a través de un plan fiscal, las recomendaciones de política de la Junta de Supervisión siguen siendo “recomendaciones” en virtud de la sección 205 de PROMESA, que el Gobierno es libre de rechazar. Si el Gobernador se niega a adoptar una recomendación de la Junta, el único requisito de PROMESA es que el Gobernador explique su decisión al Presidente de los Estados Unidos, al Presidente de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos y al Líder de la mayoría del Senado de los Estados Unidos”, añade el documento.

La demanda también enumera aquellas acciones de la JSF que no tienen respaldo en la ley, como invalidar leyes, regulaciones y ordenes ejecutivas, así como contratos, asuntos que -según la demanda- le corresponden a la Legislatura. De igual forma, se argumenta que cualquier interpretación de PROMESA que le permita a la JSF imponer resoluciones conjuntas a la Legislatura, implicaría que se enmienda la Constitución de Puerto Rico, sin haberse pasado por el proceso necesario para ello.

El documento plantea que la JSF “no puede hacer lo que intenta hacer: imponer reducciones obligatorias a la fuerza trabajadora, cambiar los roles y responsabilidades de ciertos funcionarios del gobierno, criminalizar ciertos actos bajo la ley de Puerto Rico y tratar de micro gerenciar al gobierno de Puerto Rico”.

Finalmente, el Gobierno solicita al Tribunal federal para el Distrito de Puerto Rico:

  1. Una sentencia que declare que la JSF carece de la autoridad para imponer iniciativas de política al Gobierno a través de un plan fiscal y/o presupuesto
  2. Una resolución que declare que los mandatos sustantivos de política contenidos en el plan fiscal de la JSF y rechazados por el Gobernador de conformidad con PROMESA son nulos
  3. Una resolución que declare que los mandatos sustantivos de política contenidos en el presupuesto de la JSF exceden los poderes de la JSF y son nulos
  4. Una decisión que ordene a la JSF implementar y hacer cumplir las recomendaciones de políticas rechazadas por estos
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