Decisión del Supremo federal impacta uso gubernamental de derechos de propiedad intelectual

por el Lcdo. Jean G. Vidal Font (Ferraiuoli LLC)

El 10 de junio de 2019, el Tribunal Supremo de Estados Unidos emitió una decisión sobre si una agencia gubernamental puede actuar como una “persona” para impugnar una patente, bajo la ley federal Leahy-Smith America Invents Act (AIA). La AIA reformó el proceso de patentes en los Estados Unidos al introducir un sistema de oposición posterior a la concesión que permite a una “persona que no es titular de una patente” emitir una impugnación a una o varias reclamaciones de una patente que se ha otorgado (Post-Grant Proceedings, en inglés). Mediante dichos recursos, muchas entidades que se han visto objeto de demandas por dueños de patentes. En una de estas ocasiones, el Servicio Postal de los Estados Unidos fue víctima de una demanda de patentes, y a raíz de la misma, recurrió a la radicación de un Post Grant Proceeding.

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En el caso Return Mail v. United States Postal Serv., el Servicio Postal de los Estados Unidos solicitó una revisión del método de negocios (CBM, por sus siglas en inglés) de una patente del titular que reclamaba un método para procesar el correo no-entregable. La opinión mayoritaria, escrita por la jueza Sonia Sotomayor y acompañada por el juez presidente John Roberts y los jueces Clarence Thomas, Samuel Alito, Neil Gorsuch y Brett Kavanaugh, siguió el precedente del Tribunal, apoyando la presunción de que el gobierno no es una “persona” que puede solicitar una revisión posterior a la emisión bajo AIA. El Tribunal basó su opinión en que los estatutos de patentes no definen el término “persona”. En ausencia de una definición estatutaria expresa, el Tribunal aplica una presunción interpretativa de que “persona” no incluye al soberano y, por lo tanto, excluye a una agencia federal como el Servicio Postal. La mera existencia de algunas referencias que incluyen al gobierno no justifica que se incluya en la definición de “persona”, y no logra superar la presunción de que el Congreso no tenía la intención de incluir al gobierno entre las personas elegibles para solicitar procedimientos de revisión bajo AIA, a pesar de que tiene la capacidad para obtener una patente.

En vista de lo anterior, el Tribunal Supremo sostiene que el AIA no prescribe ningún lenguaje para que el gobierno pueda considerarse como una persona, por lo que no puede impugnar una patente. Esta decisión aclara quién puede recurrir a la Oficina de Patentes para impugnar los mismos, y quien no.

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