[DOCUMENTOS] Se firman medidas para reorganización gubernamental menos burocrática

El saliente gobernador Ricardo Rosselló Nevares, firmó antes de su salida, varias medidas con el fin de lograr una reorganización gubernamental efectiva y menos burocrática.

Una de las medidas que firmó el primer ejecutivo fue la Resolución Conjunta de la Cámara 513. Dicha medida, de la autoría del Presidente de la Cámara, Carlos J. Méndez Nuñez, asigna $1,400 millones provenientes del Fondo General, para segregarlos y depositarlos en el fideicomiso creado a tenor con la Ley 106-2017.

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Este fideicomiso segrega de cualesquiera otros fondos del gobierno las aportaciones de los empleados, para asegurar que dichos fondos se utilicen únicamente en beneficio de los pensionados.

Otra medida convertida en ley recientemente, también de la autoría del Presidente de la Cámara, es el Proyecto de la Cámara 2117 que viabiliza el que los Centros de Servicios Integrados (CSI) coordinen con el servicio de atención al ciudadano mejor conocido como “Tu Línea de Servicios de Gobierno 3-1-1” la cual es transferida al Departamento de Estado.

Dicha iniciativa busca maximizar las operaciones y procurar ahorros al Gobierno, mejorar los servicios que reciben los ciudadanos y cumplir con requerimientos y salvaguardas de fondos federales asignados al servicio del 9-1-1. Su propósito es operar como una extensión de los CSI, que facilite a los ciudadanos, mediante atención telefónica, el acceso a los servicios gubernamentales que se solicitan con mayor frecuencia.

Actualmente, los ciudadanos pueden visitar uno de los 19 CSI operando alrededor de la isla y requerir los servicios provistos por el Departamento de Hacienda, Departamento de Transportación y Obras Públicas, Departamento del Trabajo, Departamento de la Familia, Departamento de Salud y/o por la Corporación del Fondo del Seguro del Estado.

Por otra parte, el gobernador también firmó el Proyecto del Senado 574, de la autoría del Presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, que crea la Oficina de Cafés de Puerto Rico adscrita a la Administración de Desarrollo Agropecuario (ADEA) del Departamento de Agricultura y compartirán todos los recursos del Sistema de Recursos Humanos y de Administración. Será la oficina encargada de implementar toda la política pública relacionada a la caficultura y el desarrollo de la industria del café.

Dicha oficina, que será dirigida por un agrónomo con experiencia en asuntos relacionados al café, estará obligada a planificar, presupuestar y administrar un presupuesto creado con al menos un 50% del ingreso neto del Programa de Compra Venta de Café o $50 por cada quintal semitostado importado, lo que sea mayor, a programas, iniciativas e incentivos para la compra, siembra y producción de café.

Rosselló Nevares expresó que con esta ley se viabiliza el que esta oficina especializada se encargue de establecer e implementar los programas de Emergencia para la recuperación del cafetal luego de fenómenos atmosféricos o ataques de plagas.

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Por último, se firmó también el Proyecto de la Cámara 1982 que autoriza a la Junta de Directores de la Corporación de Seguros Agrícolas de Puerto Rico, a contratar a una corporación u otra entidad jurídica del sector privado para que brinde todos los servicios que actualmente brinda dicha corporación. La entidad seleccionada deberá tener conocimiento y experiencia prestando apoyo y servicios a los agricultores y demostrar tener habilidad gerencial y administrativa probada.

El primer mandatario finalizó indicando que con la firma de esta ley se busca continuar identificando herramientas en la evaluación y reingeniería gubernamental que permitan al gobierno ser más efectivos y eficientes en la prestación de servicios, permitiendo así que el sector privado ofrezca servicios que son innecesarios que el gobierno brinde.

Dicho proyecto también es de la autoría del representante de la Cámara y presidente de dicho cuerpo, Carlos “Johnny” Méndez, y contó con la co-autoría de todos los miembros de la mayoría del PNP.

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