Confirmación de Secretaría de Estado: ¿Qué dice la Constitución?

El pasado 20 de diciembre de 2019, la Gobernadora Wanda Vázquez Garced nombró al Sr. Elmer Román a ocupar la posición de Secretario de Estado de Puerto Rico. Desde ese día y debido a que la nominación se realizó durante el receso legislativo, el otrora Secretario del Departamento de Seguridad Pública, entró en funciones en el Departamento de Estado. No obstante, ya con la última sesión ordinaria en marcha, el pasado 23 de enero de 2020, se daba a conocer la posibilidad de que el nominado en cuestión no cuenta con los votos necesarios en la Cámara de Representantes, mientras en el Senado se albergan dudas de si cuenta con los votos.

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La Secretaría de Estado ha sido objeto de múltiples controversias en cuanto al nombramiento, proceso de consejo y consentimiento y los límites de su función ante el descargue de su responsabilidad dependiendo de si éste fue nominado durante el receso legislativo o no. También es meritorio recordar que este nombramiento es uno que por mandato constitucional debe contar con el aval tanto del Senado como de la Cámara.

La importancia de ese requisito fue discutida y abordada por nuestro más alto foro judicial en Senado de PR v. ELA, 202 DPR__, 2019 TSPR 138. Allí se discutió a fondo las razones de este requisito constitucional para ocupar la posición de Secretario de Estado en propiedad. Según elabora el Tribunal, la confirmación por ambos cuerpos legislativos responde a que, en Puerto Rico, el sucesor del Gobernador es el Secretario de Estado. Como el Secretario de Estado puede advenir a ser Gobernador si ocurriere una vacante en el cargo, nuestra constitución establece que el Secretario tiene que cumplir con los mismos requisitos que se disponen para ser Gobernador, a saber: (1) que a la fecha de la elección tuviera 35 años de edad cumplidos y (2) que por los cinco años anteriores a la elección fuere ciudadano americano así como ciudadano bona fide y residente de Puerto Rico. Por lo tanto, el Secretario de Estado debe ser confirmado, no solo por el Senado, sino también por la Cámara de Representantes.

Una lectura al Diario de Sesiones de la Asamblea Constituyente, nos deja claro que, al momento de confeccionar los requisitos para ser nombrado al cargo en cuestión, la confirmación de ambos cuerpos responde al modelo sucesoral, ante la posible vacante del cargo de Gobernador. El debate del mencionado diario, demuestra que la contra propuesta era crear la figura del Vicegobernador, similar al de Vicepresidente de Estados Unidos. Ese funcionario electo presidiría el Senado y votaría solamente en caso de empate y, además, sustituiría al Gobernador en caso de vacante. La derrota de la propuesta a la creación de la posición de Vicegobernador, se debió a una protección al centralismo de poder político en la figura del Gobernador. Se argumentaba para los efectos, que el Vicegobernador sería “un cargo con mucho nombre, mucho sueldo y casi nada que hacer”. Otros, de igual forma creyeron que por ser electo crearía su propia base política, con el potencial de entrar en conflicto con el gobernador electo. (Véase Santiago Polanco Abreu: Compromiso político y verticalidad en su lucha por Puerto Rico, H. L. Acevedo, San Juan, Ed. Universidad Interamericana de Puerto Rico, 2010, págs. 492-499.)

En cambio, el modelo constitucional establecido entendió que la confirmación de ambos cuerpos para Secretario de Estado, impartían la garantía democrática menoscabada al descartar un sistema de sucesión por un oficial electo.

Ante esta coyuntura, en el Puerto Rico post Verano del 19, la nominación a Secretario de Estado será escrutada con más cautela por la ciudadanía y los cuerpos políticos. Cabe destacar que tanto en los reglamentos de Senado y Cámara de Representantes, disponen que en cuanto a la votación sobre las nominaciones del gobernador serán aprobados por la mayoría de los miembros presentes en la sesión, siempre que al momento de la votación haya quórum. Lo anterior es sumamente importante ya que en Silva v. Hernández Agosto, 118 D.P.R. 45 (1986) el Tribunal Supremo estableció que los cuerpos legislativos pueden adoptar reglas de gobierno interno como corolario de su poder inherente de controlar sus procedimientos. No obstante, aclaran que la Asamblea Legislativa y sus comisiones no podían obviar e ignorar las limitaciones constitucionales al ejercer su función de reglamentar.

Cabe destacar que el Departamento de Estado es la agencia llamada a publicar las leyes de Puerto Rico, los reglamentos de las agencias, las órdenes ejecutivas, el registro de la propiedad intelectual, de marcas y de corporaciones, entre otras importantes encomiendas.

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