Junta Fiscal presenta contrapropuesta a nuevo incentivo de $500

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El presidente de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), José Carrión III, y la directora ejecutiva de la Junta de Supervisión Fiscal, Natalie Jaresko, le propusieron a la gobernadora Wanda Vázquez Garced que, en lugar de proveer un incentivo de $500 a empleados y retirados del sector privado, elabore una propuesta específica y urgente para distribuir la ayuda del gobierno entre las organizaciones sin fines de lucro.

Las expresiones del presidente de la Junta de Supervisión Fiscal surgen luego que se reunión con Jaresko, y con Vázquez Garced para atender la propuesta sobre la emisión de incentivos de hasta $500 a empleados y retirados del sector privado y la propuesta de asignar $50 millones para subvencionar los proyectos de reconstrucción y revitalización de los municipios en la región suroeste de la isla.

El presidente de la Junta de Supervisión Fiscal le sugirió al gobierno que enfoque su atención en “quienes más necesitan la ayuda, incluyendo a las personas sin hogar; las familias de bajos ingresos, quienes carecen de suficiente alimento; los adultos y niños con [diversidad funcional], al igual que los que carecen de servicio de internet, transporte y otros factores personales que impide el acceso a los programas existentes”.

“La Junta de Supervisión sugirió que la manera más eficaz de alcanzar esta población, que asciende a unos 200,000 habitantes, es mediante las organizaciones comunitarias u organizaciones no gubernamentales que trabajan incansablemente dentro de estas comunidades”, explicó el presidente de la JSF.

La Junta de Supervisión supo de la existencia de una propuesta de parte de la comunidad de organizaciones sin fines de lucro que podría servir de marco para la distribución de los fondos necesarios a esta población necesitada.

La Junta de Supervisión sostuvo que está preparada para revisar la propuesta de inmediato.

Carrión y Jaresko también hablaron con la gobernadora sobre la necesidad de un plan de redesarrollo integrado y abarcador para la reconstrucción económica a largo plazo de la región suroeste.

El proyecto tomaría en cuenta la economía post COVID-19, la emigración, los posibles riesgos permanentes a las poblaciones que han sido víctimas de los terremotos y la erosión, y los estragos por los huracanes Irma y María.

La Junta de Supervisión Fiscal resaltó en una carta que está preparada para reunirse con los alcaldes de Puerto Rico, la Oficina Central para la Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia (COR3), y la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) para delinear el camino a seguir en los municipios más afectados por los continuos terremotos en Puerto Rico.

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