[DOCUMENTO] Aprueban extensión a moratorias sobre préstamos hipotecarios

Durante el cierre de la sesión ordinaria, los cuerpos legislativos acordaron enmiendas a la Resolución Conjunta 26 de 2020 para añadir los meses de julio y agosto al periodo de moratoria para los préstamos hipotecarios en contexto de la emergencia del COVID-19.

Las enmiendas fueron aprobadas mediante la Resolución Conjunta del Senado 525.

Descarga las enmiendas aprobadas para extender moratoria

La moratoria aprobada aplicará únicamente a los clientes o deudores que notifiquen a su acreedor financiero que su situación financiera ha sido directamente afectada por los efectos de la promulgación de la Orden Ejecutiva 2020-23 y las órdenes ejecutivas posteriores que sean promulgadas dentro del marco de la emergencia provocada por el COVID-19  y cuyos préstamos fueron aprobados en o antes del 16 de mayo de 2020.  

Un cliente o deudor que cumpla con los requisitos de elegibilidad podrá acogerse a la moratoria en cualquier momento durante el período de entre cuatro (4) a seis (6) meses, según sea aplicable, contemplados en esta Resolución Conjunta, sin impedimento o consideración ulterior por parte del acreedor financiero.

Cualquier cliente o deudor acogido a una moratoria podrá voluntariamente reanudar sus pagos sin recargo o penalidad.

En el caso de las tarjetas de crédito, se añadió una nueva disposición para que se entienda como moratoria la suspensión por la duración de esta del pago mínimo requerido por el acreedor financiero sobre la tarjeta de crédito.

Culminada la moratoria, el cliente o deudor resumirá el pago según pactado y se podrá continuar acumulando el interés correspondiente en el contrato de tarjeta de crédito, incluyendo las relacionadas a las compras realizadas durante el periodo de moratoria, según los mismos fueron originalmente pactados.

El acreedor financiero no podrá cancelar, congelar o paralizar el uso de la tarjeta de crédito a un cliente o deudor si cuenta con balance disponible para su uso por acogerse a la moratoria.

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La primera resolución surgió luego que se decretó un estado de emergencia por el COVID-19.

La Asamblea Legislativa aprobó la Resolución Conjunta 26 de 2020 para establecer una moratoria voluntaria, a opción del cliente o deudor, sobre los pagos a préstamos personales, préstamos de auto, hipotecas y tarjetas de crédito correspondientes a los meses de marzo, abril, mayo y junio de 2020.

Además, prohibían a los acreedores financieros, incluyendo cualquier institución financiera o bancaria, el cobro de recargos, penalidades, aumentos de tasas de interés o intereses adicionales a aquel cliente o deudor que se acogiese a la moratoria.

Sin embargo, las consecuencias económicas de la pandemia por COVID-19 se extendieron y resultó necesario extender también las disposiciones relacionadas a la moratoria sobre los préstamos hipotecarios para los meses de julio y agosto de 2020.

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