¿Qué sucedió con la enmienda constitucional sobre el derecho a las pensiones?

La Resolución Concurrente del Senado 101 —que proponía enmendar la Constitución de Puerto Rico para reconocer el derecho de todo servidor público y de toda persona retirada del gobierno de Puerto Rico a tener acceso a una pensión de retiro— no pasó el cedazo de la Cámara de Representantes.

EN RESUMEN

La medida fue aprobada a viva voz en el Senado de Puerto Rico, con 23 votos a favor, 3 en contra y 3 ausentes.

La votación final surge luego que la Comisión sobre Relaciones Federales, Políticas y Económicas del Senado de Puerto Rico presentó una versión con enmiendas sobre el proyecto para enmendar la Constitución.

Rápidamente, el texto que aprobó el Senado pasó a la Cámara de Representantes.

En la Cámara de Representantes, refirieron el texto a la Comisión de lo Jurídico. Luego, se descargó en la Cámara y se colocó en el calendario de órdenes especiales.

Se aprobó sin enmiendas, pero en la votación final quedó derrotada la medida.

De acuerdo con el conteo en la Cámara de Representantes, la medida recibió 27 votos a favor, 9 representantes le votaron en contra y 15 estuvieron ausentes.

La medida proponía enmendar la sección 8 del artículo VI de la Constitución para que estableciera que “cuando los recursos disponibles para un año económico no basten para cubrir las asignaciones aprobadas para ese año, se procederá en primer término, al pago de intereses y amortización de la deuda pública, y al pago de las pensiones de todos los retirados del servicio público que fueron participantes del Sistema de Retiro de los Empleados del Gobierno de Puerto Rico, del Sistema de Retiro para la Judicatura y del Sistema de Retiro para Maestros, o de cualquier otro sistema de retiro del Estado creado por ley, y luego se harán los demás desembolsos de acuerdo con la norma de prioridades que se establezca por ley”.

¿QUÉ PASARÁ AHORA?

La Ley Orgánica de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), actualmente, es la que propone el orden para desembolsar fondos públicos cuando los recursos disponibles no basten para cubrir las asignaciones aprobadas.

El orden que propone la Ley Orgánica de la OGP coloca el pago de pensiones en la quinta subsección del tercer punto de prioridad.

ORDEN QUE PROPONE LA LEY DE OGP

  1. Ordenar el pago de los intereses y amortizaciones correspondientes a la deuda pública.
  2. Ordenar que se atiendan los compromisos contraídos en virtud de contratos legales en vigor, sentencias de los tribunales en casos de expropiación forzosa y obligaciones ineludibles para salvaguardar el crédito, la reputación y el buen nombre del gobierno de Puerto Rico.
  3. Ordenar que, con cargo a las asignaciones para gastos ordinarios, se atiendan preferentemente los desembolsos relacionados con:
      • La conservación de la salud pública
      • La protección de personas y de la propiedad
      • Los programas de instrucción pública
      • Los programas de bienestar público
      • El pago de las aportaciones patronales a los sistemas de retiro y el pago de pensiones a individuos concedidas por leyes especiales y luego los demás servicios públicos en el orden de prioridades que el gobernador o gobernadora determine, disponiéndose que los desembolsos relacionados con los servicios enumerados no tendrán prelación entre sí, sino que podrán atenderse en forma simultánea. Disponiéndose, además, que los ajustes por reducción podrán hacerse en cualquiera de las asignaciones para gastos ordinarios incluyendo las áreas de servicios indicadas en este inciso.
  4. Ordenar que se construyan las obras o mejoras permanentes, cuyos contratos hayan sido debidamente formalizados. Se dará preferencia a obras de emergencia motivadas por catástrofes o actos de la naturaleza, accidentes fortuitos. Luego, se procederá a la ejecución de aquellas que mejor respondan al desenvolvimiento de la vida normal y económica de Puerto Rico.
  5. Ordenar que se atienda el pago de los contratos y compromisos contraídos con cargo a asignaciones especiales de funcionamiento y luego se atienda preferentemente aquellas fases de los programas que están en proceso de desarrollo o en una etapa de planificación cuya posposición afecte directa o indirectamente los intereses de la clientela servida por el programa.

La medida para enmendar la Constitución enfatizaba que, aunque esta Ley Orgánica de la Oficina de Gerencia y Presupuesto provee para el pago de las pensiones, el orden de prelación para pagar las obligaciones que contraiga el Estado deja muy rezagado el desembolso de fondos públicos para cumplir los compromisos pactados con los retirados.

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