Aunque el senador José Vargas Vidot presentó en junio el Proyecto del Senado 1654 para establecer un estado de emergencia por la violencia de género, la medida se quedó en las comisiones de gobierno y de asuntos de la mujer.
La comisión de gobierno está presidida por el senador Carlos Rodríguez Mateo. La vicepresidenta es la senadora Migdalia Padilla Alvelo y la secretaria de la comisión es la senadora Evelyn Vázquez Nieves.
La comisión también está compuesta por los senadores Miguel Laureano Correa, José O. Pérez Rosa, Nelson Cruz Santiago, Axel Roque Gracia, Aníbal José Torres, Miguel Pereira Castillo, Juan Dalmau Ramírez y José Vargas Vidot.
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La presidenta de la comisión de la mujer es la senadora Itzamar Peña Ramírez, la vicepresidenta es la senadora Migdalia Padilla Alvelo y la secretaria de la comisión es la senadora Nayda Venegas Brown.
La comisión de asuntos de la mujer también está compuesta por la senadora Keren Riquelme Cabrera, la senadora Evelyn Vázquez Nieves, el senador Gregorio Matías Rosario, la senadora Rossana López León, el senador Juan Dalmau Ramírez y el doctor José Vargas Vidot.
CONTEXTO
El proyecto disponía el establecimiento de protocolos, la recopilación estadística y la educación sobre género en las agencias gubernamentales para prevenir, responder y combatir la violencia de género.
La medida reconocía la legitimación activa o standing de cualquier persona, entidad o grupo de interés cuya misión sea la defensa de los derechos de la mujer, de la comunidad LGBTTQ+ o el repudio a la violencia de género para que puedan llevar pleitos a los tribunales por la acción u omisión gubernamental contra de los propósitos o disposiciones de la ley.
Además, las disposiciones de ley tenían una vigencia de cinco años.
La medida también disponía protocolos de prevención y respuesta ante la violencia de género centrados en la educación en las escuelas, los empleados públicos y los cuerpos de policías municipales y estatales.
El proyecto senatorial proponía que se comenzara una recopilación y publicación de estadísticas relacionadas a casos de violencia de género con categorías específicas, donde se encontraran el feminicidio, los crímenes de odio y otros tipos de violencia de género.
Las estadísticas debían contener el tipo de delito, género de la víctima, arrestos relacionados a los delitos, radicaciones en el tribunal por parte de los fiscales y si hubo convicciones por estos delitos.
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Además, se propuso que la Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM) realizara y fomentara estudios o investigaciones, recopilara y analizara estadísticas sobre la situación de las mujeres, analizara los factores que afectan los derechos do las mujeres en todas las esferas de su vida social, política, económica, cultural y civil, así como las causas de la desigualdad en el trato, en el acceso y la participación en materia de educación y capacitación, la salud, el empleo, la autogestión, el desarrollo económico y, en general, en el ejercicio de sus derechos civiles, políticos, sociales y culturales, incluyendo la participación en la toma de decisiones a todo nivel.
Además, la OPM iba a estar facultada para fiscalizar el cumplimiento de la política pública establecida en la ley.
El proyecto también exhortaba a la Rama Judicial y a la Oficina para la Administración de los Tribunales (OAT) a adoptar protocolos de educación, prevención y respuesta a situaciones de violencia de género en Puerto Rico, incluyendo situaciones relacionadas a empleados de la Rama Judicial.
De igual forma, se le exhortaba a la Rama Judicial a renombrar las Salas de Violencia Doméstica como Salas Especializadas de Violencia de Género y a expandirlas a todo Puerto Rico.
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