Por Daniel Rivera Vargas
“El costo de incluir a Puerto Rico sería demasiado grande”, sostuvo el Tribunal Supremo de Estados Unidos (TSEU) en Califano v. Torres, durante el 1978.
El Tribunal Supremo de Estados Unidos atiende menos del 1% de los casos que se someten ante su consideración cada año y uno de los que podrían estarse evaluando y decidiendo tan pronto como en los próximos meses es el caso sobre el acceso de los puertorriqueños a miles de millones de dólares adicionales por concepto del programa de Seguro Social Suplementario (SSI).
El profesor de derecho constitucional de la Universidad Interamericana, Carlos Ramos, explicó a Microjuris.com que le ve buenas posibilidades a que el Supremo atienda la controversia porque se trata de un tema que podría tener amplia repercusión en términos de derecho y de fondos federales, no solo para Puerto Rico sino para otros territorios.
“No solo es el impacto billonario de este caso, sino los que vienen después”, indicó Ramos.
La posición de la administración del presidente Donald Trump a través del Departamento de Justicia de Estados Unidos es que “el costo de incluir a Puerto Rico sería demasiado grande”, según se resolvió el Supremo federal en 1978.
De hecho, lo que en aquel momento podía representar $300 millones al año, de acuerdo con el escrito, hoy podrían ser entre $1.8 y $2.4 billones anualmente por una década, según actuarios de la Administración del Seguro Social.
Además, se están comenzando casos en otras cortes, como Guam, lo que se estima son otros $700 millones en 10 años.
“El Congreso tiene un interés legítimo en controlar gastos gubernamentales y excluir a Puerto Rico del SSI es una forma razonable de lograrlo”, lee la posición del procurador general del mes pasado.
Por disposición congresional, los ciudadanos americanos residentes en Puerto Rico están excluidos del SSI. Este programa beneficia a los residentes de los 50 estados y los que viven en el territorio de Las Marianas y en el Distrito de Columbia.
Unas 8 millones de personas reciben esta ayuda en los lugares donde está permitido.
CONTEXTO
En el 2017 se presentó el caso de US v. José Luis Vaello Madero, una persona con diversas enfermedades que recibía el SSI mientras vivía en Estados Unidos y se mudó a Puerto Rico en el 2012 sin notificarlo al Seguro Social.
La Administración del Seguro Social continuó enviando los pagos hasta el 2016, a pesar de que por ley no le correspondía la ayuda.
La agenda decidió luego tratar de cobrarle a Vaello el dinero pagado de más: unos $28,000.
El caso se asignó al juez Gustavo Gelpí, quien en febrero de 2019, resolvió que la exclusión de Puerto Rico al SSI era inconstitucional. Su fallo fue confirmado el pasado 10 de abril por el Tribunal de Apelaciones para el Primer Circuito, en Boston.
Luego, el 4 de septiembre pasado, el Departamento de Justicia de Estados Unidos en un documento de 96 páginas -al sumar los anejos- con la firma del procurador general interino Jeffrey B. Wall, pidió mediante certiorari que revoquen al juez de distrito y a Boston.
Ante este recurso, el pasado 11 de septiembre los abogados de Vaello Madero pidieron hasta el 9 de noviembre para replicar, lo que el profesor Ramos no descarta que pudiera tener matices políticos porque es luego de las elecciones y, si gana Joe Biden, el demócrata se ha comprometido a extender esas ayudas a Puerto Rico, por lo que una intervención del Supremo podría ser académica.
La defensa en el caso alega violación a la cláusula de Igual Protección de las Leyes bajo la cláusula de Debido Proceso bajo la quinta enmienda de la Constitución de Estados Unidos.
Después de esa fecha, especuló Ramos, el Supremo tendría que divulgar si decide evaluar el certiorari, a lo que muy pocos casos logran llegar.
Entonces, habría que ver cómo resuelve el alto foro. Ramos no especuló cómo podría resolver el tribunal, pero cree que podría estar resolviendo antes del 30 de junio, cuando cesan los trabajos de ese foro hasta octubre de 2021.
“El Supremo inevitablemente lo va a tener que ver”, según Ramos.
“Y me atrevería a decirlo que es de esos casos que tendríamos una posibilidad muy alta de tener una opinión para antes del 30 de junio”, continuó el profesor de derecho constitucional de la UIPR.
Según Ramos, Gelpí analizó los precedentes del Supremo, lo distingue por los derechos involucrados y los pone al día, alegando que ninguna de las razones esgrimidas anteriormente por el Supremo federal es válida hoy.
Los precedentes eran Califano v. Torres, de 1978, y Harris vs Rosario, de 1980, que tiene que ver con un programa de ayuda especial para las familias con menores (AFDC).
El gobierno fundamentaba su negativa a extender esas ayudas federales a Puerto Rico en la amplia discreción congresional bajo la cláusula territorial y la premisa de que todo lo que se requiere es una base racional.
Se ofrecen tres razones:
- que es extremadamente caro
- que es oneroso
- que Puerto Rico no paga contribuciones y asignar esos fondos desarticularía la economía
“Desde principios del siglo pasado, los famosos casos insulares, se consignó el poder amplio de la cláusula territorial, pero se entiende que si se violan derechos fundamentales entonces el examen judicial en vez de ser deferente a lo que diga el congreso, el examen judicial va a ser más riguroso entonces puede ser inconstitucional”, sostuvo.
«Entonces, Gelpí aceptó que esos casos había que reinterpretarlos, ahora 50 años después, encontró que había un problema de discrimen contra los puertorriqueños y rebatió en su decisión cada una de las tres razones que te acabo de decir: los puertorriqueños no pagan ‘income tax’ general, pero enumeró otros impuestos federales que sí se pagan, por ejemplo los cientos de empleados federales que si lo pagan; dos, el argumento de que es caro, que se debe rechazar porque Estados Unidos tiene un presupuesto enorme y le parece absurdo que se discrimine entre los territorios porque en Las Marianas sí se otorga el SSI, y tercero, que le parece absurdo plantear que ese dinero no ayudaría a Puerto Rico, y citó varios estudios”.
Incluso, según el Departamento de Justicia, Gelpí sugiere que el discrimen es por “el origen hispano”.
Boston confirma a Gelpí, y entonces viene el pedido de certiorari.
El profesor Ramos dividió de la siguiente forma los argumentos del gobierno de Estados Unidos en oposición a la extensión de este programa a Puerto Rico.
- Ya esto está resuelto por el Supremo y no fue como lo resolvieron Boston y Gelpí. El Tribunal Supremo resolvió varios casos sobre este tema hace unos 40 a 50 años, negándole el acceso a este programa a los boricuas. Los jueces apelativos y el de Instancia no están autorizados para reinterpretar decisiones del Supremo.
- Los fundamentos que se utilizan están equivocados porque el Congreso discrimina mediante una base racional, por lo que no correspondía la intervención de la judicatura.
- Es un problema muy complejo para que los tribunales intervengan en quién está en mejor posición en materia de distribución de fondos es el Congreso. Indican que este caso amerita una disposición sumaria por lo que no tiene que celebrar vista oral.
“El alegato del attorney general es bien extenso, exponiendo su teoría de por qué se equivocaron Gelpí y el apelativo, la ruta que lleva, el impacto que tiene”, mencionó el profesor.
“Es interesantísimo ese documento que se sometió. Esa solicitud de certiorari te trae la posición de Estados Unidos en el tema de discrimen a los territorios», sostuvo el profesor.
Ramos también dijo que el procurador general pidió que se resuelva como pasaba en opiniones del Supremo de los 70, «casi sin vista, opiniones cortitas, en las que reafirme que el Supremo puede bajo la cláusula territorial, decidir que ‘ustedes no siguieron el precedente’”.
Sobre el costo, el Departamento de Justicia federal repite los argumentos de los precedentes de que “es una cantidad de dinero que podría desarticular más que ayudar a la económica de Puerto Rico”, dijo Ramos.
De hecho, el documento del Departamento de Justicia federal indica que el SSI “desalentaría el trabajo” y “desaceleraría la acumulación de experiencia laboral”.
MÁS CASOS
La decisión de Vaello abrió una puerta legal que por muchos años estuvo cerrada y rápidamente ha tenido progenie, como reconoce el certiorari del mes pasado de Justicia federal, cuando advierte del caso de Guam.
“Interesantes momentos históricos para la justicia social”, dijo la abogada, Isa Abislaiman, quien lleva uno de los nuevos casos en Puerto Rico y prevé que otros pleitos similares se radiquen en el futuro.
Hay al menos tres casos que subrayan el tema del discrimen del gobierno federal en estas ayudas. Vaello, que es el que está ante el Supremo, es de un solo ciudadano y fue el primero.
Luego, vino Peña Martínez, que agrupa a nueve demandantes que reclamaban acceso igualitario en el Programa Asistencia Nutricional suplementario de alimentos (SNAP) y en la sección D de Medicare, donde el juez William Young falló de forma similar a Gelpí, aunque emitiendo una orden tiene un efecto algo similar a la de una decisión en un pleito de clase.
El más reciente, radicado la semana pasada, el de Arnold Jay Avilés, un ciudadano de Caguas que padece varias condiciones y que tras la decisión de Vallejo, reclamó también el SSI.
Abislaiman, asignada de oficio al caso Avilés, entiende que su reclamación se sostiene en derecho de forma independiente a lo que pase en Vaello Madero, pero también entiende que ese caso, aunque solo sea respecto a un ciudadano directamente, tiene repercusiones para amplios sectores de la sociedad.
“Si se declara inconstitucional para uno, es para todo el mundo. Inconstitucional es para todos”, sostuvo la abogada.
La posición de Justicia federal, urgiendo que el Supremo federal intervenga, anticipa también que tiene conocimiento de al menos otra demanda y que hay unos nueve programas donde se permite en la actualidad tratar de forma diferente a la gente que vive en Puerto Rico.
“Las consecuencias del derrame de la decisión de la corte inferior subrayan la importancia de la revisión de esta corte” , plantea el gobierno de Estados Unidos.
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