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Pendiente la sentencia sobre la transición en la Cámara

El juez Anthony Cuevas Ramos presentará en los próximos días la sentencia sobre la demanda que presentó el representante Rafael «Tatito» Hernández Montañez contra el presidente de la Cámara, Carlos «Johnny» Méndez Núñez, para que un tribunal lo obligue a comenzar un proceso de transición legislativa.

Durante la misma vista en que Cuevas Ramos adelantó que estaría presentando su sentencia en los próximos días, la abogada del presidente cameral, la licenciada Verónica Ferraiuoli Hornedo, expuso que los tribunales carecían de jurisdicción o poder para tomar decisiones sobre los procesos administrativos que se dan en la Cámara y el Senado.

La licenciada Ferraiuoli Hornedo sostuvo que no existe una ley o un artículo constitucional que le permita a los tribunales revisar las reglas internas de la Cámara o el Senado de Puerto Rico.

«Las cámaras están inmunes de revisión judicial de sus órdenes administrativas», respondió la licenciada Ferraiuoli Hornedo.

Aunque destacó que sí existe un ley sobre las transiciones municipales y del poder ejecutivo (la gobernación y sus secretarías), la abogada enfatizó que no existe una ley o disposición constitucional que obligue a realizar una transición en la Asamblea Legislativa.

«La pregunta es si el tribunal puede obligar al presidente de la Cámara a llevar a cabo una transición», resumió la abogada.

Sin embargo, el licenciado Jorge Martínez Luciano, que representó al representante Hernández Montañez, respondió que sí existe una disposición administrativa —de la pasada administración legislativa— en la Cámara de Representantes que obliga a realizar un proceso de transición.

Además, Martínez Luciano señaló que la orden estaba vigente porque la primera orden del actual presidente cameral fue que las órdenes de la administración pasada estarían vigentes hasta que se dispusiera algo sobre el tema durante su administración.

El abogado del presidente entrante de la Cámara de Representantes también sostuvo que se debe dar un proceso de transición ante la certeza razonable, no absoluta, de resultados preliminares.

Además, subrayó que no se puede pensar que la transición legislativa será un proceso arbitrario.

«El derecho aborrece dos cosas: el vacío y la arbitrariedad», señaló el licenciado Martínez Luciano.

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