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Proponen la prohibición al monitoreo oficial en redes sociales

En tiempos donde el desarrollo tecnológico facilita el observar, recopilar y manejar metadatos sobre el comportamiento de las personas en las redes, se argumenta que el ordenamiento jurídico debe responder sobre límites, uso y manejo de la información de los cibernautas, en manos del gobierno o de un tercero privado.

En este contexto, la senadora del Partido Independentista Puertorriqueño, María de Lourdes Santiago, radicó el Proyecto del Senado 42, que entre otras cosas busca prohibir el monitoreo arbitrario de las redes sociales y otras páginas cibernéticas por parte de las agencias de seguridad pública del gobierno local.

El fin es salvaguardar los derechos humanos a la intimidad, libertad de expresión y libertad de asociación de las personas en Puerto Rico.

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La pieza legislativa destaca que la otrora superintendenta de la Policía, la coronela Michelle Hernández de Fraley, realizó unas declaraciones públicas, aceptando que la Policía de Puerto Rico dedicaba recursos a monitorear las redes sociales de ciudadanas y ciudadanos que participaban en actividades públicas, como las manifestaciones del 1 de mayo.

Esto provocó que el representante Denis Márquez Lebrón, portavoz del PIP en la Cámara de Representantes, presentara una querella ante la Comisión de Derechos Civiles (CDC). 

La querella fue acogida y dio pie a una investigación que culminó con la publicación de un informe titulado «Vigilancia Gubernamental y Protesta Pública en Puerto Rico- Análisis de prácticas de vigilancia de la Policía de Puerto Rico durante las manifestaciones del 1ro de mayo de 2017«.

Descarga la medida: Proyecto del Senado 42

El informe la CDC concluyó que durante el periodo bajo investigación y durante los eventos de protesta pública del 1 de mayo de 2017, la Policía de Puerto Rico no adoptó controles y estructuras institucionales apropiadas para evitar el abuso discriminatorio de las prácticas de vigilancia en el contexto de la protesta pública.

Asimismo, señala que la Orden General de la Policía entonces vigente hacía referencia expresa a monitoreo de redes sociales sin establecer controles adecuados que cumpliesen con los parámetros constitucionales vinculantes en Puerto Rico.

Cabe destacar que en Puerto Rico la práctica del monitoreo por parte de la policía a individuos, grupos políticamente organizados, líderes sindicales, artistas, entre otros no es un asunto que venga desde el uso de las redes sociales en el ciber espacio.

La práctica fue utilizada y polemizada durante gran parte del siglo XX y finalmente desembocó en el caso Noriega v. Gobernador 122 DPR 650 (1988).

En el caso, el Tribunal Supremo de Puerto Rico (TSPR) confirmó la decisión del juez Arnaldo López Rodríguez en el Tribunal de Instancia, donde declaró ilegal la práctica de mantener expedientes sobre ciudadanos y ciudadanas por razones ideológicas o políticas y ordenó su entrega a los propietarios.

Parte de esa historia se plasma en la exposición de motivos de la medida y la contextualiza con la práctica que la propuesta legislativa busca regular.

La medida reseña que «la vigilancia electrónica a la que en estos tiempos recurre la Policía de Puerto Rico, evoca las décadas en que a través de la infame práctica conocida como “carpeteo”, el gobierno de Puerto Rico (en colaboración con el gobierno de Estados Unidos a través de estructuras de persecución como COINTELPRO), destinó importantes sumas de dinero público a documentar las actividades de decenas de miles de individuos y organizaciones independentistas».

«Las “carpetas” y “tarjetas” marcaron una oscura época de represión y discrimen político, criminalizando a aquellas y aquellos que participaran de actividades de denuncia y confrontación del régimen colonial- y de otras causas progresistas». señala la medida

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La medida en cuestión también establece los tipos de monitoreos que se prohiben.

Además, crea una regla de exclusion evidenciaria y una causa de acción en su artículo 6.

«Toda persona que sufra un daño como consecuencia de la violación de esta Ley por parte de cualquier agencia de seguridad pública del Gobierno de Puerto Rico o sus subdivisiones podrá presentar una reclamación en daños y perjuicios en el Tribunal de Primera Instancia de su municipio de residencia», señala la causa de acción de la medida legislativa.

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