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Urgen la vacunación de las personas privadas de libertad

La Comisión de Personas Privadas de su Libertad del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico (CAAPR) alertó sobre la necesidad de que la población carcelaria y todo el personal que trabaja o brinda servicios en tales instituciones sea vacunado rápidamente.

Se estima que la población correccional en Puerto Rico ronda en unos 7,500 hombres, mujeres y menores, que habitan las cárceles cumpliendo sus condenas, en espera de su juicio o en espera de otros trámites judiciales que inciden en su libertad.

Hay otras 1,000 personas que laboran diariamente atendiendo a esta población.

Aunque la población se mantiene aislada, no están ajenos a los contagios por el COVID-19.

Tanto la Organización Mundial de la Salud como el Centro de Control y Prevención de Enfermedades, reconocen que las personas privadas de libertad en las instituciones correccionales están expuestas a un nivel de contagio desproporcionalmente elevado debido las limitaciones para adoptar e implementar las medidas de salubridad requeridas para prevenir el contagio, entre estas:

  • mantener un distanciamiento de 6 pies de distancia
  • el uso de mascarillas
  • el uso de equipo de limpieza constante

«Urge que el Estado tome acción inmediata y vacune a toda la población correccional y al personal que allí labora y brinda servicios. La estrategia no debe ser la de reaccionar a los contagios o brotes sino la de prevenirlos mediante la vacunación», dijo licenciado Donald R. Milán Guindín.

El licenciado Diego Alcalá Laboy explicó también que aproximadamente entre un 15% a un 20% de la población penal se encuentran detenida por no poder pagar su fianza siendo forzados a esperar en la cárcel por su día en corte.

«La vacunación de los privados de libertad permitiría que muchos de los casos que hoy están detenidos puedan nuevamente atenderse en los tribunales a la brevedad posible. Por consiguiente, atender esta población con premura no solo mantiene a la comunidad segura, sino que ayuda a proteger los derechos constitucionales de una gran parte de la población detenida», mencionó el licenciado.

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