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Legislan prohibición de donativos de contratisas del gobierno

Los representantes del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), José Bernardo Márquez Reyes y Mariana Nogales Molinelli, radicaron el Proyecto de la Cámara 320 para crear la Ley para prohibir donativos a partidos o candidatos políticos por parte de contratistas gubernamentales y obligar a contratistas del gobierno a divulgar sus donativos y gastos políticos.

Descarga el Proyecto de la Cámara 320

La medida propone crear el Registro de Donativos y Gastos de Contratistas Gubernamentales para prohibir que los contratistas del gobierno y los contratistas potenciales hagan donaciones a los partidos o a candidatos políticos, y obliga que estos divulguen los donativos y gastos hechos con fines políticos.

¿Qué establece la medida?

La medida establece que será ilegal que una persona haga donaciones directa o indirectamente a un partido político, candidato, candidata, comité de campaña o comité autorizado, mientras obtiene, negocie o está en un proceso dirigido a obtener un contrato para la venta o arrendamiento de bienes o servicios con el gobierno, sus departamentos, agencias, instrumentalidades, corporaciones públicas o municipios.

La prohibición aplicará desde el inicio del proceso de negociación del contrato, se extenderá durante la vigencia de la relación contractual y continuará hasta un año luego del cumplimiento del contrato.

Además, quien contrate con el gobierno deberá presentar una declaración jurada ante notario, en la que deberá desglosar cualquier donativo político o gasto coordinado o independiente realizado.

En año de elecciones generales, los contratistas gubernamentales deberán actualizar la información que suscribieron en su declaración jurada cada tres meses y el mismo solo aplicará cuando cualquier presidente, vicepresidente, director, director ejecutivo, o miembro de una junta de oficiales o junta de directores, o personas que desempeñen funciones equivalentes para la persona jurídica, realicen donativos o gastos políticos.

En el caso de no haber realizado donativos o gastos, no habrá deber de rendir una nueva declaración jurada.

El contexto de la medida

Los legisladores señalan la existencia de una cultura institucional de inversionismo, amiguismo y clientelismo político que desvirtúa el servicio público y arruina el presupuesto gubernamental en beneficio de intereses políticos o privados.

La medida en su exposición de motivos cita casos recientes de corrupción en el gobierno y expone que el mismo cuenta con un aparato anticorrupción débil, incoherente y acomodaticio, que hace muy poco por fiscalizar la corrupción y por prevenirla.

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Según se desprende del proyecto, estas medidas ya han sido adoptadas por numerosas jurisdicciones estatales y federales en Estados Unidos, entre los que se encuentran:

  1. California
  2. Connecticut
  3. Hawaii
  4. Illinois
  5. Indiana
  6. Kentucky
  7. Louisiana
  8. Nebraska
  9. New Jersey
  10. New Mexico
  11. Ohio
  12. Pennsylvania
  13. Carolina del Sur
  14. Vermont
  15. Virginia
  16. West Virginia

Las limitaciones y prohibiciones en algunos de esos estados difieren en cuanto a la aplicabilidad (respecto al donante y al contratista), el valor del contrato, la vigencia de la prohibición o limitación y las penalidades en caso de violar las disposiciones.

Se extienden a directores, directoras y accionistas de corporaciones, comités de acción política afiliados a corporaciones contratistas y familiares (Connecticut), algunas son absolutas a cualquier tipo de contrato sin importar su valor (Hawaii) y algunas se extienden desde cinco años antes de la negociación hasta cinco años después de la contratación (Vermont).

Las penalidades varían desde multas y cancelaciones del contrato, hasta la suspensión de elegibilidad para contratar con el gobierno por un año (Connecticut), por cuatro años (New Jersey) o por cinco años (Vermont).

Aquellos estados que permiten a los contratistas gubernamentales realizar donativos hasta un tope, tienen exigencias de divulgación de donativos mediante informes periódicos o certificaciones de cumplimiento (Connecticut, Illinois, Ohio).

No obstante, todos persiguen los mismos propósitos: prevenir, disuadir y prohibir la corrupción, evitar la apariencia de corrupción y proteger que la administración pública esté basada en un sistema de mérito.

Antes y después del famoso caso Citizens United v. FEC, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos (TSEU) ha validado límites a los donativos políticos, reconociendo que el gobierno tiene un interés suficientemente importante en disuadir, prevenir la corrupción real y en evitar la apariencia de corrupción.

En Buckley v. Valeo, la Corte Suprema pasó juicio por primera vez sobre los límites del Federal Election Campaign Act (FECA), renociendo que el impacto de la apariencia de corrupción es de igual importancia y genera igual preocupación que el peligro del quid pro quo real (el intercambio de dinero o beneficios a cambio de favores políticos) y que el Congreso válidamente podía actuar para evitar ambos con el fin de salvaguardar la confianza de las personas en el gobierno.

Este interés fue reiterado posteriormente en McConnell v. FEC, en Citizens United en el 2010 y en McCutcheon v. FEC, así como en numerosos casos de cortes federales y estatales en los Estados Unidos.

Aunque no ha sido objeto de evaluación por parte de la Corte Suprema de los Estados Unidos, el Circuito de Apelaciones para el Distrito de Columbia validó la prohibición absoluta a donativos de contratistas gubernamentales en Wagner v. FEC.

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