Protecciones laborales para pacientes autorizados a utilizar cannabis medicinal

Por la licenciada María Judith “Nani” Marchand-Sánchez (Ferraiuoli LLC)

Al día hoy, el paciente del cannabis medicinal no tiene protección en ley si arroja positivo a una prueba de sustancias controladas preempleo o durante el empleo.

Esto quiere decir que, si el patrono tiene una política de pruebas de detección de sustancias controladas, el paciente del cannabis medicinal arrojará positivo y el patrono podría, luego de cumplir con algunos requisitos, tomar medidas adversas en contra de ese candidato a empleo o empleado.

Esto presenta una gran injusticia para los pacientes del cannabis medicinal que forman parte de la fuerza laboral.

Recientemente, se presentó en la Cámara de Representantes el Proyecto de la Cámara 152, un ambicioso proyecto que busca enmendar la Ley 42 del 9 de julio de 2017, conocida como la Ley para Manejar el Estudio, Desarrollo e Investigación del Cannabis para la Innovación, Normas Aplicables y Límites (Ley MEDICINAL).

La medida propone conceder ciertas protecciones en el empleo a los pacientes autorizados a utilizar el cannabis medicinal en Puerto Rico.

En específico, el Proyecto de la Cámara 152 busca que los pacientes autorizados sean considerados como una categoría protegida para propósitos de todas las leyes de protección en el empleo.

Esto implicaría que los patronos no podrían discriminar contra los pacientes autorizados a utilizar el cannabis medicinal, tanto en el proceso de reclutamiento, contratación, nombramiento, terminación, como en la imposición de cualquier penalidad en el empleo en ocasión de ser pacientes del cannabis medicinal.

No obstante, la protección propuesta no es absoluta, ya que el Proyecto de la Cámara 152 establece ciertas instancias en las que estas protecciones no beneficiarían a un paciente autorizado.

Por ejemplo, el empleado no estará protegido si el patrono establece por preponderancia de la prueba que el uso del cannabis medicinal representa una amenaza real de daño o peligro para las personas o propiedad, o que interfiere con las funciones esenciales del trabajo del paciente autorizado.

Además, el empleado no estaría protegido si el permitirle el uso del cannabis medicinal, expone al patrono a perder alguna licencia, permiso o certificación relacionada con alguna ley o reglamentación federal.

Esto se debe a que, bajo el marco jurídico federal, el cannabis es una droga ilegal a la cual no se le reconocen propiedades médicas ni científicas y el gobierno federal tiene políticas que prohíben su uso, aún si el uso es permitido bajo la ley estatal.

Por último, el paciente no estaría protegido si el empleado utiliza o posee cannabis medicinal en su lugar de trabajo o durante horas laborables, sin la debida autorización por escrito del patrono.

Esto, debido a que bajo la normativa vigente, el uso del cannabis medicinal está prohibido en el empleo, a menos que el patrono lo autorice.

Según el proyecto, las protecciones que concederían estas enmiendas a la Ley MEDICINAL serían interpretadas liberalmente a favor del paciente-empleado.

Exhortamos a que el Proyecto de la Cámara 152 sea evaluado y considerado, ya que la falta de protección en el empleo es uno de los principales retos de la industria del cannabis medicinal y sus pacientes autorizados.

Esta falta de protección ha causado que los pacientes autorizados en muchas ocasiones tengan que escoger entre su trabajo y el tratamiento recomendado por sus médicos para sus condiciones debilitantes.

Otorgar estas protecciones haría justicia a aquellos pacientes que están hábiles para trabajar, utilizan su medicamento responsablemente y encuentran alivio en el cannabis medicinal.

Sobre la autora: La licenciada María Judith Marchand-Sánchez es socia capital y una de las fundadoras de Ferraiuoli LLC. Tiene más de 20 años de experiencia en asuntos laborales y de empleo. Marchand-Sánchez ofrece el curso Mediemos más, litiguemos menos: Un nuevo enfoque.

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