El presidente de la Cámara, Rafael «Tatito» Hernández Montañez, presentó el Proyecto de la Cámara 552 para crear una nueva Ley Orgánica de la Oficina de Ética Gubernamental, incorporar definiciones, establecer la misión, autonomía y exclusiones de leyes de la Oficina de Ética Gubernamental.
El Proyecto de la Cámara 552 busca establecer el proceso para el nombramiento, el término, los requisitos, el sueldo, las restricciones del cargo, el procedimiento de selección, de separación y de destitución del cargo de la dirección ejecutiva, así como establecer las facultades y poderes de la Oficina y de la Dirección Ejecutiva.
También busca establecer el acceso a la información y a los servicios.
Sobre el Centro para el Desarrollo del Pensamiento Ético, procura establecer las disposiciones sobre su política pública de prevención, sus facultades y deberes, la educación continua y la creación de la figura del coordinador web.
El proyecto establece las disposiciones sobre los comités de ética gubernamental, su composición, requisitos, selección de los miembros del servicio de carrera, sus funciones y deberes.
¿Cuál es el objetivo del proyecto?
La medida procura establecer:
- el Código de Ética para los servidores y exservidores públicos de la Rama Ejecutiva
- su jurisdicción y alcance
- las prohibiciones éticas de carácter general
- las prohibiciones relacionadas con otros empleos, contratos o negocios
- las prohibiciones relacionadas con la representación de intereses privados conflictivos con las funciones oficiales
- establecer el deber de informar sobre situaciones de posibles acciones antiéticas o de conflicto de intereses
- establecer las restricciones para las actuaciones de los exservidores públicos
- establecer el marco ético aplicable a los servidores y exservidores públicos de la Rama Judicial y de la Rama Legislativa
La medida también busca adoptar las disposiciones sobre informes financieros, su aplicación, la frecuencia y alcance de los informes financieros, la presentación electrónica y juramento de los informes financieros, el contenido de los informes financieros, el término para auditar, las prohibiciones relacionadas con el informe financiero de los servidores y exservidores públicos de las Ramas Ejecutiva, Legislativa y Judicial.
Se establece el acceso público a los resúmenes de los informes financieros de los servidores y exservidores públicos de la Rama Ejecutiva, el examen de los informes financieros y el acceso a entidades fiscalizadoras.
Otros nombramientos ejecutivos
En cuanto a nominados y nominadas por el Gobernador y personas electas de la Rama Ejecutiva, busca adoptar las disposiciones para establecer el procedimiento para la presentación del formulario electrónico de solvencia económica y de ausencia de conflictos, y la obligación que tienen los nominados por el gobernador y las personas electas de la Rama Ejecutiva y Legislativa de recibir educación.
¿Por qué la extensión de la medida?
La extensa medida pretende adoptar las disposiciones sobre:
- establecer el proceso de investigación adjudicación y revisión judicial relacionada con los servidores y exservidores públicos de la Rama Ejecutiva
- establecer disposiciones sobre sanciones y penalidades
- establecer las acciones administrativas
- establecer las acciones civiles
- establecer las acciones penales
- establecer sanciones y consecuencias
- establecer las acciones aplicables a los miembros de los Comités de Ética Gubernamental
- establecer las acciones para cobrar las sanciones administrativas
Por último, la medida procura establecer las disposiciones finales, la asignación de fondos, la separabilidad de las disposiciones, la cláusula derogatoria para disponer sobre la reglamentación y la vigencia.
Según la exposición de motivos, Puerto Rico anticipa desafíos en todos los renglones de la vida social y económica. Esto, según la medidas, tras los recientes desastres naturales y pandemia.
Reconociendo que «los periodos de transformación más dramáticos provocan escenarios y prácticas asociadas a la corrupción que exigen maximizar el valor de la experiencia histórica».
En esa dirección, entienden que «requiere asumir como prioridad existencial, que la calidad del sector público sentará la pauta para estimular el tipo de actividad económica que Puerto Rico necesita».
La medida fue radicada el 24 de febrero y está pendiente de ser referida para consideración de Comisión.
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