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Presupuesto v. plan fiscal: ¿cuál es la diferencia?

Una respuesta corta a una pregunta frecuente.

Por María Soledad Dávila Calero

Mientras se busca concluir el proceso legislativo para la aprobación del presupuesto, la Junta de Supervisión y Administración Financiera podría ofrecer un análisis de la propuesta de presupuesto.

¿Por qué?

Según la Ley Promesa o el Puerto Rico Oversight, Management and Economic Act, la junta fiscal es quien tiene que certificar presupuesto antes de que comience el próximo año fiscal.

Durante este proceso de aprobación del presupuesto, surgió el debate sobre qué se podría atender desde el presupuesto y qué segmentos presupuestarios ya fueron fijados por el plan fiscal del gobierno central.

¿Cuál es la diferencia entre el plan fiscal y el presupuesto?

Los procesos tanto para los planes fiscales, como para el presupuesto están contenidos en el Título II de la Ley Promesa ya que los parámetros e inclusive muchas de las partidas para el presupuesto se establecen del plan fiscal del gobierno central.

Los planes fiscales se revisan periódicamente, pero hacen proyecciones a cinco años sobre los gastos y los recaudos de las 20 entidades cubiertas, aunque el plan fiscal principal es el plan del gobierno central o “Commonwealth”.

Son el equivalente a los planes estratégicos y puede incluir medidas más amplias, incluyendo enmiendas a la ley o la regulación interna de las entidades cubiertas.

Los presupuestos se trabajan cada año y sólo cubren los gastos y recaudos del año fiscal próximo.

Además, el proceso formal de presupuesto comienza después que la junta certificó el plan fiscal del gobierno central y presentó sus proyecciones de recaudos del gobierno para el año fiscal entrante.

¿Qué entidades están cubiertas por la Ley Promesa?

Cuando un ente es considerado una instrumentalidad territorial cubierta por la Ley Promesa, deberá tener su propio plan fiscal, aunque haya aspectos que estén incluidos en el plan fiscal del gobierno central.

El plan del gobierno central es el principal y además de incluir los gastos de las agencias gubernamentales, la legislatura y la Rama Judicial, también contiene medidas sobre las entidades que también tienen que producir su plan fiscal.

Entre las otras entidades están las corporaciones públicas de la Autoridad de Energía Eléctrica, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados y la Universidad de Puerto Rico. Además, la Autoridad de Carreteras el Centro de Recaudos de Ingresos Municipales, la Corporación del Fondo de Interés Apremiante o Cofina.

Igualmente, la junta fiscal le pidió planes en el 2020 a los municipios de Aibonito, Barranquitas, Camuy, Cidra, Comerío, Isabela, Orocovis, Quebradillas, San Sebastian y Villalba.

¿Cuál es el proceso para aprobar el plan fiscal?

El proceso para aprobar los planes fiscales está contenido en la sección 202 del Título II de la Promesa y el proceso comienza cuando la junta envía al gobernador y a la legislatura las fechas de aprobación para los planes fiscales y presupuesto.

Luego la junta envía cartas dirigidas al gobernador y a las jefaturas de las entidades cubiertas con los parámetros y las medidas que deberán incluir para en el plan fiscal. Luego el gobernador, junto con la entidad concernida, entregan el plan fiscal para revisión de la junta.

Si el ente fiscal encuentra que el plan propuesto no está en cumplimiento con sus parámetros y medidas, estos envían al gobernador una notificación de violación. El gobernador, junto con la entidad concernida, pueden someter un plan enmendado. Si al agotarse el tiempo establecido por la junta fiscal el gobierno no ha entregado un plan satisfactorio, la junta podrá certificar su propio plan fiscal.

Otras acciones para el plan fiscal

Para velar por el cumplimiento del plan fiscal, la sección 204 de Promesa establece que el gobierno deberá someter a la junta las leyes a no más de siete días de ser aprobadas, junto con las proyecciones de gastos para su implementación.

Además, la sección 204 subsección (a)(6) provee para que la legislatura le solicite una revisión preliminar al ente fiscal.

Si la junta entiende que la ley no es consistente con el plan fiscal podrá pedir su derogación y de la ley no derogarse podrán ir a la Corte de Título III, en la cual la jueza Laura Taylor Swain deberá evaluar la medida.

El precedente sentado por la jueza Swain es que la junta tiene poder para tomar medidas fiscales y puede usar ese poder para insistir sobre otras medidas de política pública pero no puede legislar

“La Junta de Supervisión no tiene el poder de legislar afirmativamente. Por lo tanto, con respecto a las medidas de política que requerirían la adopción de nueva legislación o la derogación o modificación de la ley del Commonwealth existente, la Junta de Supervisión solo tiene herramientas y negociaciones presupuestarias para obtener la aceptación necesaria de los funcionarios electos y legisladores”, lee la decisión del 7 de agosto de 2018 de la jueza Swain con relación a leyes que la junta había objetado.

Presupuesto

Luego de culminar el proceso de certificación de planes fiscales y la junta haya presentado sus proyecciones de recaudos del gobierno, comienza el proceso de preparación del presupuesto.

El gobernador deberá presentar a la junta fiscal una propuesta de presupuesto acorde con el plan fiscal y con parámetros adicionales que la junta incluya.

Del ente fiscal no encontrar que la propuesta del gobernador ser cónsona con el plan fiscal, la junta enviará carta de “violación” indicado los cambios requeridos. De no hacer los cambios, la junta fiscal presentará un presupuesto revisado a la legislatura y al gobernador.

Una vez en la legislatura, según se establece en la sección 202 (d) comienza el proceso de nuevo, pero esta vez las discusiones se dan entre la Rama Legislativa y el ente fiscal. La legislatura envía propuestas a la junta, si la junta fiscal está de acuerdo certifica el presupuesto, sino envía carta de violación indicando los cambios requeridos. La ley Promesa establece que, si para el día antes que comience el año fiscal, el 1 de julio, el gobierno no ha presentado una propuesta de presupuesto satisfactoria para la junta, esta presentará su propio presupuesto como el aprobado y certificado.

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