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Supremo establece parámetros para subastas

Atienden una pregunta sobre la Ley para la Inversión de la Industria Puertorriqueña.

En Super Asphalt v. Autoridad para el Financiamiento, el Tribunal Supremo de Puerto Rico revisó las disposiciones de la Ley para la Inversión de la Industria Puertorriqueña, y su efecto en los procesos de subastas gubernamentales.

Específicamente, la controversia ante la consideración del Tribunal trata sobre cómo aplica el parámetro de preferencia a los productores puertorriqueños al momento de adjudicar la subasta cuando el presupuesto disponible para el proyecto es menor que la propuesta recibida.

La opinión fue escrita por el juez Edgardo Rivera García.

Hechos en el caso

El 29 de junio de 2018, la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura de Puerto Rico (AFI) publicó un aviso de subasta pública para el proyecto AFI-BP-18-18 (Reparación de la carretera estatal PR-335 y la PR-3334 en el municipio de Yauco, PR).

La AFI notificó a los licitadores sobre su obligación de cumplir con los requisitos establecidos en los pliegos de subasta.

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Consistente con esto, se le hizo entrega de las instrucciones, las cuales establecían, entre otras cosas, que para poder reclamar el beneficio dispuesto en la Ley 14 de 2004, mejor conocida como la Ley para la Inversión de la Industria Puertorriqueña, el licitador tenía que incluir en la propuesta una copia de la resolución emitida por la Junta de Preferencia, y de igua forma debía establecer el porciento de preferencia otorgado al producto que se ofrece en la propuesta.

El 31 de julio de 2018, fecha límite para la entrega de propuestas.

La AFI recibió cuatro propuestas de licitadores. Luego de que el Departamento de Subastas hiciera un análisis de las propuestas, y porque todos los participantes con las propuestas más bajas excedían el presupuesto disponible, el 10 de agosto de 2018 se notificó la cancelación del proceso de subasta del referido proyecto. Del aviso de cancelación surge que a dos de los licitadores se les aplicó el porciento de preferencia a tenor con la Ley 14 de 2004, entre ellos, Super Asphalt Pavement, Corp.

No obstante, la Junta de Subastas autorizó negociar con los dos licitadores que sometieron las propuestas más bajas, en pro de los mejores intereses de AFI, para lograr la ejecución de la obra dentro de los parámetros del presupuesto asignado.

Los licitadores con las propuestas más bajas fueron A&M Group, Inc. (A&M o recurrido) y Super Asphalt.

Luego de varias reuniones y trámites administrativos del proceso, el 13 de septiembre de 2018 AFI emitió una Notificación de Adjudicación de Subasta en la cual le otorgó la buena pro a la recurrida. La Junta de Subastas sostuvo que la compañía A&M presentó la propuesta del “Best and Final Offer” menor y estaba dentro de los parámetros del presupuesto asignado por $779,285.

Inconforme, el 2 de octubre de 2018 Super Asphalt presentó una Moción de Reconsideración, alegando que la Junta de Subastas no tomó en consideración el diez porciento de preferencia otorgado por la Junta de Inversión en la Industria Puertorriqueña (JIIP).

De habérsele aplicado, según Super Asphalt, hubiese resultado ser la propuesta más baja. El 10 de octubre de 2018, la AFI emitió una Resolución en la que declaró no ha lugar la moción de reconsideración, donde concluyó que la propuesta presentada por Super Asphalt, de aplicársele el porciento de preferencia al cotizado a la hora de determinar el postor más bajo, no hubiese resultado en una propuesta dentro del presupuesto disponible.

Inconforme, Super Asphalt acudió al Tribunal de Apelaciones. Sostuvo que la Junta de Subastas erró al no aplicar el porciento de preferencia que le fue otorgado por la JIIP, al momento de la adjudicación de la subasta. Mediante sentencia de 13 de diciembre de 2018, el foro apelativo intermedio confirmó la adjudicación de la subasta impugnada.

Concluyó que la propuesta presentada por Super Asphalt de $831,305.40, de aplicársele el porciento de preferencia al cotizado a la hora de determinar el postor más bajo, no hubiese resultado en una propuesta dentro del presupuesto disponible.

Igualmente, determinó que no hay nada en la Ley 14 de 2004 ni en el Reglamento Núm. 8488 que obligue a la agencia o corporación pública a adjudicar un contrato por una subasta en una cantidad que no esté disponible o no esté presupuestada como en este caso.

Super Asphalt presentó una Petición de certiorari ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico y estos resolvieron lo siguiente.

La decisión del Supremo

Lo primero que aborda el Tribunal es el asunto de la academicidad de este pleito, ya que la obra había sido terminada.

El Tribunal establece que la cuestión planteada en este caso es susceptible a repetición, pues trata de un asunto, el parámetro de preferencia, que continuamente va a ser invocado en los procesos de subasta.

El Tribunal decidió que cuando se realizó el proceso inicial de licitación y análisis de las propuestas para la adjudicación del proyecto en cuestión, la parte recurrida recibió cuatro propuestas de licitadores, de las cuales dos se beneficiaron del parámetro de preferencia dispuesto en la Ley 14 de 2004.

No obstante, aún después de haberse aplicado el parámetro de preferencia, los cuatro licitadores se excedieron del presupuesto disponible para el referido proyecto, por lo cual se canceló la subasta.

No obstante, la Junta de Subastas autorizó una negociación con los dos licitadores cuyas propuestas resultaron ser las más bajas, tomándose en consideración el parámetro de preferencia bajo el concepto de “Best and Final Offer”. Estos licitadores fueron A&M Group y Super Asphalt.

Ahora bien, Super Asphalt sostiene que además había que aplicarle el 10% de preferencia a su oferta, según dispone el Reglamento Núm. 8488. No obstante, el propio Reglamento Núm. 8488 especifica que, al realizar este ejercicio, si el licitador que posea el parámetro de preferencia resulta con la propuesta más baja «[e]l precio a pagar será el licitado antes de aplicar la preferencia«.

Por lo tanto, de habérsele adjudicado la subasta a Super Asphalt, la AFI hubiese tenido que pagar los $831,305.40.

Es decir, la cantidad ofertada antes de aplicar el porciento de preferencia.

De la Solicitud de Subasta o Relevo que forma parte del expediente del Tribunal de Apelaciones, surge que el presupuesto para el proyecto era de $787,367.62.

Por lo tanto, la cantidad que se le hubiese tenido que pagar a la parte peticionaria se excedía de la suma presupuestada por la agencia. En particular, esta última hubiera tenido que pagar $39,192.76 en exceso de la cuantía presupuestada para el proyecto. Es por eso que AFI determinó adjudicar la subasta a A&M Group, único licitador dentro de los parámetros presupuestados.

Si bien es cierto que el propósito de la Ley 14 de 2004 es promover el desarrollo y fortalecimiento de la industria puertorriqueña y que los productores locales puedan tener una participación efectiva en el mercado de compras del Gobierno, sus efectos no pueden ser en detrimento al erario ni contrarios al interés público.

Ese razonamiento está apoyado en el artículo 3 de la Ley para la Inversión en la Industria Puertorriqueña, que especifica que para adelantar esa política pública se utilizarán «todos los mecanismos dentro de los parámetros constitucionales, gubernamentales y económicos disponibles«.

Además, coincidimos con la apreciación del foro apelativo intermedio en cuanto a que la Ley para la Inversión en la Industria Puertorriqueña y el Reglamento Núm. 8488 no contienen una disposición que obligue a las agencias a adjudicar subastas por cantidades mayores a las presupuestadas para cumplir con el parámetro de preferencia.

De lo contrario, la AFI hubiese estado obligado a adjudicarle la subasta a Super Asphalt desde el primer proceso que se realizó, ya que en aquella también resultó ser el licitador con la propuesta más baja tras aplicársele el parámetro de preferencia.

El Tribunal Supremo estableció que no procede adjudicar la buena pro a un licitador que excede el presupuesto asignado de un proyecto, aún cuando luego de aplicar el parámetro de preferencia la subasta lo ubica dentro de la propuesta presuntamente más baja.

En ese caso, lo que corresponde es adjudicar la buena pro al licitador con el precio más bajo y, que a su vez, cumpla con una propuesta dentro de los parámetros presupuestarios disponibles.

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