Tras varias semanas en las que las imputaciones a funcionarios del Ejecutivo por corrupción pública han acaparado la atención mediática, serias discusiones sobre la efectividad de los casos que se generan desde el Departamento de Justicia de Puerto Rico versus los que presenta su homólogo a nivel federal han sido tema de conversación en muchos sectores de nuestra sociedad.
Hace varios días, se reveló la intención de nuestra Asamblea Legislativa de examinar una medida sugerida por el expresidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, para permitir que se graben conversaciones con el fin de ser utilizadas como evidencia directa para sostener acusaciones por corrupción gubernamental.
De acuerdo a el diario nacional El Nuevo Día, la idea fue lanzada el pasado jueves por Rivera Schatz, de acuerdo al presidente de la Cámara de Represesntantes, Rafael “Tatito” Hernández Montañez, y que tras haberlo discutido con ambos cuerpos, se propuso radicar el proyecto que aplicaría a casos de corrupción y crímenes violentos en cualquiera de las cámaras próximamente.
El estado de derecho actual nuestro se recoge en el Artículo 2 Sección 10 de la Constitución de Puerto Rico. Dicha disposición prohíbe de forma expresa los registros e incautaciones irrazonables y de manera inequívoca no permite la intercepción de comunicaciones telefónicas. Sin embargo, en la esfera federal no existe tal disposición.
“Creo que es importante señalar que hay diferencias importantes antes de la radicación del caso en la manera en que se investiga. Estos casos de corrupción pública usualmente uno los ve radicados a nivel federal en Puerto Rico porque existen más herramientas a nivel federal que estatal para poder investigar estos casos. Específicamente, la Constitución de Puerto Rico no permite las interceptaciones y las grabaciones de llamadas y reuniones que la normativa federal permite y estos casos de corrupción publica son casos difíciles de investigar. Esas herramientas son valiosas para los investigadores y utilizadas con bastante frecuencia por las autoridades federales”, sostuvo la exfiscal federal María Domínguez en un aparte con Microjuris.
A juicio de la letrada, la normativa y las herramientas que cuentan las autoridades federales para investigar este tipo de casos es superior a la que tienen los locales, lo cual podría explicar las razones por las que el Departamento de Justicia de Estados Unidos parece controlar el tema, aún cuando el Departamento de Justicia local pudiera perseguir conductas delictivas conducentes a defraudar el erario.
“Los casos en última instancia se deben llevar al foro en donde tienen mayor probabilidad de ser más exitosos pero yo creo que es un asunto de alto interés para el Departamento de Justicia de Puerto Rico. Hay mucha gente valiosa y capaz que forma parte de esta institución y sí, en la medida posible, deben participar y tener coordinación con ellos, porque el Departamento de Justicia de Puerto Rico tiene un interés en el procesamiento de estos casos”, sostuvo Domínguez.
Sobre la potestad que tiene el Departmento de Justicia local para lograr el encausamiento de funcionarios por corrupción pública, Dominguez recordó la existencia de la figura del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente, quienes reciben el referido de Justicia para auscultar la posibilidad de realizar una investigación o ampliar la ya existente para determinar si procede o no presentar una acusación formal en contra de cualquier funcionario del gobierno. De esta forma, se pretende evitar cualquier señalamiento sobre la existencia de motivaciones políticas dirigido a mancillar las pesquisas que se realizan.
“[E]s tiempo de repensar nuestro sistema de justicia y realizar cambios significativos para combatir la corrupción”, reaccionó hoy el Secretario de Justicia, Domingo Emmanueli Hernández, quien anunció en un comunicado de prensa que se apresta a presentar una serie de propuestas al Ejecutivo y a la Legislatura para fortalecer las investigaciones contra funcionarios públicos.
El parte de prensa explica además que “mientras las autoridades federales tienen años para realizar sus investigaciones, la legislación vigente en la isla solo le concede al Departamento de Justicia 90 días para completar una investigación preliminar y hacer un referido a la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (OPFEI), que es la entidad autorizada a radicar cargos contra funcionarios públicos que infringen las leyes”. Dicho término solo se puede prorrogar 90 días adicionales mediante justificación y si el PFEI lo autoriza.
“Evidentemente, tenemos que tomar acciones diferentes para evitar que se repitan actos de corrupción como los que hemos visto a través de la historia. El pueblo está harto y no merece esto. Reconocemos que la legislación actual impone unas limitaciones para investigar a los funcionarios públicos a nivel local, por lo que estaremos proponiendo una serie de enmiendas para provocar cambios reales en nuestro sistema de justicia. Algunos, erróneamente, comparan el sistema federal y el estatal en el procesamiento de casos por corrupción, pero hay grandes diferencias. Es tiempo de que estemos en igualdad de condiciones”, manifestó Emanuelli Hernández, quien confirmó que se reunirá próximamente con el jefe de la Fiscalía federal en Puerto Rico, William Stephen Muldrow.
El Departamento de Justicia asegura que ha completado 24 investigaciones, de las cuales se han emitido siete referidos a la OPFEI. Dichas pesquisas incluyen alcaldes, exalcaldes y otros funcionarios de distintos partidos politicos. Se indicó, además, que actualmente hay diez investigaciones adicionales en proceso.
El secretario informó por escrito que tan pronto conoció el resultado de las recientes investigaciones federales, se reunió con su equipo de trabajo para examinar los delitos que podrían procesarse a nivel local, sin interferir en la investigación en curso ni incurrir en lo que se conoce como doble exposición, y para evaluar los cambios que este entiende que nuestro sistema de justicia requiere para reforzar las investigaciones por corrupción.
“Si hay un solo aspecto positivo que nos puede dejar esta situación, es convertir la indignación colectiva en acción. Yo vine a impulsar cambios, no vine a hacer más de los mismo”, sentenció el jefe de agencia.