El Tribunal Internacional de Justicia (ICJ), con sede en La Haya, emitió una orden a la Federación Rusa para que detenga su ofensiva militar en Ucrania, esto en medio de denuncias de genocidio, un paso que puede en un futuro llevar a un encausamiento criminal contra el presidente ruso, Vladimir Putin, pero que no parara el conflicto en este momento, dijo el catedrático de la Escuela de Derecho David A. Clarke de la Universidad del Distrito de Columbia, Rafael Cox Alomar.
En un escrito de 22 páginas emitido ayer, en el caso Ucrania v. Federación Rusa, entablado por los ucranianos sobre “alegaciones de genocidio al amparo de la convención de prevención y castigo del genocidio”, el principal órgano de Justicia de las Naciones Unidas, suscribieron la orden para frenar el combate como parte de las medidas temporeras ordenadas por el tribunal.
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“La Federación de Rusia suspenderá inmediatamente las operaciones militares que haya iniciado el 24 de febrero de 2022 en el territorio de Ucrania”, reza una de las medidas provisionales ordenadas en el documento.
Las otras dos son de que los rusos deben procurar que grupos que puedan estar apoyándolos insistan en ofensivas militares, mientras que la última dispone que ambos países deben evitar agravar el conflicto.
Cox Alomar llama la atención a que en la orden de cese al fuego a los rusos, la votación fue 13 a 2, siendo los votos disidentes el vicepresidente de la corte, el ruso Gevorgian y el juez asociado de China, Xue.
“La decisión provisional que emitió hoy (ayer) la Corte Internacional de Justicia en La Haya, requiriéndole a Rusia que desista su agresión militar contra Ucrania, no va a detener la invasión en este momento pero va creando las condiciones para que de resultar derrotado y depuesto del poder Putin pueda ser juzgado como criminal de guerra por la Corte Penal Internacional (ICC por sus siglas en inglés) y corra igual suerte que Slobodan Milosevic”, dijo el profesor.
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Cox Alomar reiteró que, para ese enjuiciamiento, tendría que haber un cambio de gobierno en Moscú, que conlleva el procesamiento criminal de Putin, quien en la actualidad es un líder político con un gran arsenal de armas nucleares a su disposición.
Este es un caso que comenzó al amparo del artículo 9 de la Convención contra el Genocidio y por instancia de Ucrania, porque tanto ellos como la Federación Rusa son estados contratantes en esta iniciativa, explicó el profesor.
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Se trata de una convención que, como otros acuerdos internacionales, como el que crea la Corte Penal Internacional, requieren que intervenga el estado directamente.
“Me temo que este litigio, más allá de fortalecer la opinión pública internacional contra las acciones ilegales de Putin, no va a detener la invasión porque las decisiones de un tribunal internacional no son autoejecutables en Rusia y difícilmente un tribunal ruso va a intervenir en las decisiones de Putin”, dijo Cox Alomar.
Sobre la Corte Penal Internacional, este segundo organismo ya abrió una investigación sobre posibles crímenes de guerra en la situación en Ucrania, y esto a instancias de 39 países, según anunció la entidad el mes pasado.