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Código Civil: Abogan por diez enmiendas urgentes y otras cuatro áreas que merecen reflexión

Luis Muñiz Argüelles y Migdalia Fraticelli, dos profesores integrantes de la comisión, exhortaron a la Asamblea Legislativa a tomar medidas para evaluar esos diez posibles cambios y otros que hacen falta a la Ley 55 de 2000.

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Por Daniel Rivera Vargas

La legalización de la eutanasia, bajar la mayoría de edad a 18 años, y regular el concubinato. Estas son algunas de las principales diez enmiendas que requiere el nuevo Código Civil, según identificó la Comisión de Derecho Civil del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico.

Dos profesores integrantes de la comisión, Luis  Muñiz Argüelles y Migdalia Fraticelli, exhortaron a la Asamblea Legislativa a tomar medidas para evaluar esos diez posibles cambios y otros que hacen falta a la Ley 55 de 2000, que incluyen enmiendas que se pueden hacer de inmediato y otras que recomiendan atender mediante la creación de una comisión permanente para evaluar revisiones al Código Civil.

Las expresiones trascendieron luego de que Microjuris había solicitado al Colegio que identificara esas diez principales enmiendas a finales de 2021, cuando se acababa de cumplir el primer aniversario del nuevo Código Civil, que entró en vigor en noviembre de 2020, luego de décadas de trabajos y controversias. 

La profesora Fraticelli Torres advirtió que la tarea de destacar las diez enmiendas más importantes al Código Civil de Puerto Rico del 2020, entre las sugeridas a la Asamblea Legislativa por el Colegio de Abogados y Abogadas, es una tarea difícil, no solo porque tal juicio puede depender de los intereses y agendas particulares del evaluador o evaluadora, sino porque cada propuesta responde a unas urgencias o necesidades sociales distintas.

Estas son las enmiendas principales identificadas por el Colegio:

Orden de apellidos

Devolver al artículo 83 que los progenitores puedan elegir el orden de los apellidos. Curiosamente, en el memorial explicativo se admite que ese es el propósito de la disposición, pero se eliminó la oración de la propuesta original que así lo reconocía.

Responsabilidad paterna de jóvenes de 18 años 

Aunque la profesora Fraticelli personalmente considera que el artículo 107 —que valida los actos de toda persona que tiene 18 años cumplidos—, constituye una norma razonable, que responde a la realidad inmediata que viven nuestros jóvenes, por su evidente y frecuente inmersión en las dinámicas económicas del país, varios sectores de la profesión legal reclaman que se fijen los límites de la responsabilidad paterna en caso de incumplimiento. Es decir, si el acreedor demanda a los progenitores porque aún ejercen la patria potestad sobre ese menor obligado, ¿cómo responderían sus progenitores o tutores ante su acreedor?

La Comisión hizo unas sugerencias al respecto:

a. Actos de menores no serán impugnables cuando: el menor actuó solo, mediante el desembolso de sumas de dinero o crédito autorizados por el padre, la madre o el tutor, para cubrir sus necesidades inmediatas, como es usual en el caso de estudiantes universitarios

b. También sobre menores podrían ser impugnables: aquellas obligaciones que no requieren el traspaso de sumas cuantiosas, pero obligan al menor en el futuro, tales como el alquiler de apartamentos y hospedajes por varios años 

c. Respecto a los progenitores: se sugiere eximirlos de toda responsabilidad respecto a estos actos específicos, poner límite al monto de su responsabilidad monetaria o cualificar su responsabilidad como subsidiaria. 

Regular el parentesco y la filiación, sea esta natural o adoptiva, reproducción humana asistida o la maternidad subrogada.

El nuevo código reconoce estas figuras, pero no las regula de manera coherente e integrada, por lo que se sigue dependiendo de la jurisprudencia para encontrar respuestas a los problemas que hace décadas presentan estos métodos.

Vivienda familiar

 El nuevo código descartó, sin explicación alguna, las normas jurisprudenciales sensibles y razonables que priorizaron el interés de la familia sobre los intereses propietarios de los cónyuges sobre el inmueble en que el establecieron la residencia u hogar familiar.

El nuevo código adopta disposiciones que constituyen un retroceso en este tema. Parece revivir una doctrina legal revocada por el caso Candelario v. Muñiz, 171 DPR 530 (2007) que resolvió expresamente que el derecho a hogar seguro reconocido en el artículo 109-A del Código Civil de 1930 no dependía del interés propietario que pudiera tener sobre el bien el jefe de familia, pues ese era un mecanismo para proteger la unidad familiar.

Se revocó así el mal precedente de Quiñones v. Reyes, 72 D.P.R. 304 (1951), en el que se había resuelto que, cuando la propiedad constituye un bien privativo de uno de los excónyuges, el otro, aunque retenga la custodia de los hijos, no tiene derecho a reclamar sobre él el derecho de hogar seguro para sí y su prole.

Aunque el nuevo código amplía la protección del techo familiar, como hogar seguro de todos los sujetos que constituyen el nuevo y reducido núcleo familiar, en ocasión de la separación de la pareja, vuelve a dejar fuera esa protección cuando el inmueble dedicado a la residencia principal durante el matrimonio es propiedad exclusiva de uno de los cónyuges.

Obligación alimentaria del hijo mayor de 21 años que no ha terminado sus estudios

 La revisión del lenguaje del artículo 655, que es un tanto confuso y enrevesado para la profesora Fraticelli, la Comisión que ella preside sugiere específicamente que se elimine el adverbio “ininterrumpidamente” o que se cualifique esa condición temporal.

Muerte digna o eutanasia

 Se propone la revisión de los artículos 74 a 81 y 96, sobre la figura de la “muerte digna”, para dar paso a la aprobación de normas que regulen la muerte voluntaria o la eutanasia, al menos pasiva, por circunstancias justificadas.

La experiencia en otros países sobre este tipo de norma es vasta y puede ser directiva para la reconsideración de nuestra legislación prohibitiva, opinan ambos letrados. Ya está admitida la eutanasia en los Países Bajos (2001), Bélgica (2002), Luxemburgo (2008), Canadá (2016), Nueva Zelandia (2020) y España (2021). También Colombia la reconoce como derecho constitucional desde 1998.

En Alemania, Suiza y Japón se admite el suicidio asistido en determinadas condiciones. En Portugal, Chile, Australia e Irlanda hay movimientos adelantados para su adopción. En los Estados Unidos se admite también la eutanasia pasiva o la muerte asistida en once estados: Oregon (1994), Washington (2008), Montana (2009), Vermont (2013), California (2015), Colorado (2016), Washington D.C. (2016), Hawaii (2018), New Jersey (2019), Maine (2019) y New México (2021).

Mayoría de edad a los 18 años

 Actualmente es a los 21. La Comisión recomendó que este asunto se estudie de manera seria y comprometida. Es la opinión de ambos profesores que, en un mundo globalizado, en el que el intercambio de bienes y servicios en el mercado local e internacional es cada día más frecuente y abarcador, el dato de la capacidad jurídica para obrar debería ser uniforme. Apuntan que en más de 140 países la edad que fija el cambio a la adultez, con capacidad de obrar plena, es la de 18 años.

Puerto Rico apenas integra el grupo de una veintena de países en el que la mayoridad supera los 18 años. En los Estados Unidos de América, 47 de los 50 estados, más el Distrito de Columbia, fijan la mayoría de edad en los 18 años. Solo Alabama y Nebraska fijan la mayoridad en 19 años y el estado de Mississippi en 21 años.

Aclarar Registro de Personas Jurídicas

 Hay muchas interrogantes sobre las nuevas entidades jurídicas que deberán inscribirse en él, entre ellas la sociedad de gananciales.

Regular la relación afectiva análoga a la conyugal, la que siempre se conoció como concubinato. 

 Esta relación se menciona en tres instancias distintas en el Código Civil de 2020, pero no se define ni regula de manera consciente y coherente en ese cuerpo normativo como relación jurídica particularmente protegida por el derecho. Para la Comisión, varios asuntos sobre esta relación requieren una particular regulación: (1) la filiación, especialmente si ha de reconocerse una presunción de paternidad a la pareja sobre los hijos que nazcan durante la relación; (2) los alimentos debidos a la pareja durante la relación y luego de separarse; (3) la atribución de la vivienda familiar cuando termina la relación; (4) el régimen aplicable a sus asuntos económicos; (5) los derechos sucesorios cuando muere uno de los convivientes; entre otros.

Sucesiones Bundle

Regular la reproducción humana, tanto la homóloga como la heteróloga, y a las distintas modalidades de la maternidad subrogada.

Deben regularse los recursos o procesos que deben cumplirse para dar validez y eficacia a los acuerdos de subrogación, cuya finalidad inmediata es la inscripción del nacido como hijo o hija de determinadas personas, con exclusión de la persona gestante o de quiénes donan el material genético.

El Artículo 76 del Código Civil del 2020 dispone que el cuerpo humano no puede ser objeto de contratación, salvo lo que se disponga “en los artículos siguientes sobre donación de órganos, células, tejidos, sangre, plasma, gametos, embriones y maternidad subrogada, o cuando la ley disponga algo distinto.”

Luego no regula tal contratación, lo que debe hacerse con alguna premura, sobre todo respecto a la maternidad subrogada tradicional, que es la que ha quedado más desamparada de regulación.

Otras áreas de posibles cambios:

Aunque, a juicio de la profesora Fraticelli, esas diez enmiendas tienen una urgencia especial, hay otras situaciones que deben atenderse con igual diligencia, aunque requieren más ponderación y evaluación legislativa, con la asistencia y consulta de algunos sectores profesionales y económicos.

a. Divorcio en sede notarial: Pues su difusa regulación en el nuevo código puede comprometer los intereses del cónyuge más vulnerable y de los hijos e hijas. Explica que el nuevo código admite una especie de divorcio sumario, “fast track”, sin acuerdos previos, aunque haya hijos menores y patrimonio, lo que ha creado mucha preocupación.

b. Fortalecer las normas que protegen al consumidor: Preocupa particularmente la validez del contrato firmado en blanco y la extinción de las garantías sin considerar la vida útil de los productos.

c. Protecciones a los pobres: Se trata de atemperar la exigua protección que da la ley a las personas que escasamente subsisten con salarios bajísimos, que apenas reciben el salario mínimo federal, en un país con un costo de vida altísimo, atenta contra la dignidad de estos ciudadanos y los condena a la miseria. Se sugiere prohibir el embargo de sus bienes si prueban tales circunstancias o que puedan acceder a una moratoria si se vieran afectados por eventos naturales que afecten sustancialmente su patrimonio. Ya la Asamblea Legislativa anunció que está considerando una propuesta similar.

d. Incapacitación y la tutela: Porque no acoge los recientes pronunciamientos internacionales sobre el trato debido a la persona natural que padece alguna discapacidad, sea esta menor o de mayor efecto en su discernimiento. Para ella es imperativo revisar esas disposiciones para que, a tan temprana edad (apenas un año de aprobación), nuestro código civil no quede rezagado en un tema tan importante. Por último, la Comisión de Derecho Civil concluye su informe con la recomendación de que se cree una comisión que esté a cargo de la constante revisión de las normas que conforman el derecho privado en Puerto Rico.

Los profesores insistieron en la conveniencia de crear una Comisión Permanente para la Revisión del Código Civil y de otros códigos fundamentales, como el de Comercio e incluso del conjunto de normas procesales en vigor. 

Para el profesor Muñiz Argüelles este último estudio debe darse fuera de las presiones eleccionarias y debe, pues, operar de forma permanente, con participación tal vez proporcional de los grupos políticos representados en la Asamblea Legislativa. Tal como ocurrió cuando se inició el proceso de revisión del Código Civil de 1930 a finales del siglo pasado, lo ideal sería la creación de una comisión conjunta de ambas cámaras, con canales abiertos a sugerencias de las otras dos ramas de gobierno, de las asociaciones profesionales de jueces y abogados y de la academia, de suerte que las ideas ventiladas resulten en proyectos de revisión continua y coordinada.

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