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Medidas federales sobre cannabis deberían motivar cambios a nivel estatal

Microjuris conversó con los licenciados Carlos Sagardía Abreu y Francisco Cardona sobre el texto, denominado Ley MORE.

Por Daniel Rivera Vargas

Dos abogados que trabajan el tema del cannabis vieron con buenos ojos el proyecto aprobado por la Cámara de Representantes de Estados Unidos, que pudiera beneficiar a Puerto Rico en el futuro, pero advierten que el gobierno local debe actuar ahora para posicionarse mejor ante los cambios que se avecinan en esta industria millonaria.

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El pasado viernes, en votación 220 a 204, la mayoría del sector demócrata, pero con el apoyo de algunos republicanos, la Cámara federal aprobó la ley de Reinversión de Oportunidades y Limpieza de Récord de la Marihuana (MORE, por sus siglas en inglés).

Cámara federal aprueba medida para despenalizar la marihuana

Bajo el More Act, se remueve la marihuana de la ley federal de sustancias controladas, permitiendo a cada estado decidir cómo desean atender el tema de este producto, se impone un impuesto federal de 5% a los productos de cannabis y se crean mecanismos para sacar de los antecedentes penales condenas relacionadas a marihuana.

El licenciado Carlos Sagardía Abreu dijo a Microjuris que la información que tiene es que pudiera no haber en este momento en el Senado para aprobar esta medida, pero este avance legislativo no deja de ser algo significativo para ese sector, que ya en Estados Unidos es fuente de negocio no solo en la manufactura, sino en servicios como banca, contabilidad y servicios legales.

“Esta medida es un paso importante, y una señal de que Puerto Rico debe prepararse. Cualquier discusión legislativa a nivel del congreso en el tema del cannabis es importante para la industria de cannabis medicinal en Estados Unidos, incluyendo a Puerto Rico. La ley MORE ACT se aprobó la semana pasada, pasar ahora al senado próximamente según el trámite, en términos del senado, lo que he podido leer es que no necesariamente hay el ambiente allí para que el senado federal lo apruebe en esta coyuntura, pero no significa que la batalla está perdida, claramente la discusión y el desarrollo continuo de este tipo de proyectos eventualmente rendirá los frutos”, sostuvo.

Sagardía Abreu dijo que, aunque en Puerto Rico ya hay una apertura hacia el cannabis medicinal, este proyecto va más allá porque se trata de una despenalización, y Puerto Rico tiene que ver estos desarrollos en el Congreso, darse cuenta que en algún momento va a abrir las puertas al cannabis y que la isla no se debe quedar atrás.

Entre esas áreas donde Puerto Rico puede hacer más, se encuentra que no se otorgan incentivos gubernamentales a esta industria, a pesar de que se estima que hay una inversión colectiva de cerca de $500 millones.

Asimismo, la banca local no está dando apoyo a este sector, salvo dos cooperativas con servicios limitados, aun cuando no hay restricciones en ley, luego de que unas restricciones del Departamento de Justicia se dejaron sin efecto, y por un descontrol en la otorgación de licencias para abrir dispensarios de cannabis que ha contribuido a la baja en ventas recientes de cerca de un 40%, según Sagardía Abreu.

Agregó que, aunque en 48 estados ya tienen el cannabis de forma medicinal como Puerto Rico, ya 31 de los 50 estados la han descriminalizado el cannabis, y 18 la tienen recreacional, y 48 la permiten como algo médico.

“El gobierno federal no tiene que darle permiso a Puerto Rico para hacerlo recreacional”, dijo Sagardía Abreu.

“Esto es un tema de una industria económica global que representa millones de dólares, y la pregunta es ¿Puerto Rico quiere amarrarse las manos en este tema? No hay ningún argumento de salud, no hay un solo caso desde que abrieron el cannabis medicinal de una persona que se haya hecho daño por esto, cero. Si quieres proteger la industria local, tienes que darle las herramientas, para cuando abra esto, Puerto Rico se puede posicionar para ser parte de ese mercado”, sostuvo.

Por su parte, el abogado Francisco Cardona dijo que esta medida ya se había aprobado en una ocasión anterior, y no se subió a Senado. En esta ocasión, el senado no solo tiene el MORE Act, sino también tiene no solo el Safe Banking Act para proveer un esquema regulatorio la banca, y un tercero es de los senadores Chuck Schummer y Corey Booker, el cannabis Administration and Opportunity Act, que es similar al del representante Héctor Ferrer en la isla, creando un esquema regulatorio completo para la industria, que incluye un impuesto federal de 20 a 25%.

“Eso significa un gran problema. El senado está ya bastante dividido, y ahora tiene también que hay más de un proyecto. Además, Shummer ha dicho que no quiere sólo despenalizar esto, sino regularlo… tienen que escoger la medida a la que deseen proveer la energía y el esfuerzo”, dijo el abogado Cardona.

“No es que no haya el ambiente, es que es más cuesta arriba… es como yo digo, el cannabis en este momento es un tema inevitable. Todos los sectores económicos, la banca, las aseguradoras, bienes raíces, se están viendo involucrados… el mismo mercado está obligando a que haya este tipo de conversación”.

Afirmó que, si aprueban el MORE ACT, o cualquiera de las tres medidas en el senado, representa un avance significativo y un gran aumento en la productividad desde el punto de vista de servicios financieros en general, prestamos, acceso a capital, tomaría mucha relevancia.

Desde el punto de vista a cómo ayudar a la industria actual, Puerto Rico, en opinión de Cardona, tiene las manos atadas en parte a nivel federal, aún cuando hay cientos de bancos en Estados Unidos que proveen servicios a esta industria,

Sostuvo que lo que puede hacer Puerto Rico, ante el ambiente a nivel federal, es crear un marco regulatorio a nivel estatal para el uso recreacional del cannabis.  Puede ser el proyecto de Héctor Ferrer, u otro similar, pero que se abra más allá del uso medicinal, que es el autorizado en la Isla.

“Esto es una lucha generacional casi, el estigma que tiene el cannabis en general, pero los tiempos cambian”, sostuvo Cardona.

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